Mark Swidan es un ciudadano estadounidense condenado a muerte en China por tráfico de drogas. Su caso reavivó el debate sobre la pena capital que en EE.UU y Occidente en general solo parece cuestionarse cuando la aplica una potencia o país enemigo. El Departamento de Estado informó la semana pasada que un tribunal de Jiangmen había rechazado un recurso de apelación, aun cuando la sentencia quedaría suspendida por los próximos dos años. Mientras se desconocen estadísticas oficiales de Beijing en la materia, Estados Unidos está casi dividido al medio porque se mantiene vigente en 24 de sus 50 estados. El senador republicano Ted Cruz, un duro entre los duros, presentó a principios de 2023 junto a su colega John Cornyn una resolución para que liberaran a Swidan. Pero como no resiste un archivo, quedó en evidencia que cuando era procurador general de Texas, en 2007, se negó a revisar la situación del mexicano José Medellín, quien fue ejecutado el 6 de agosto de 2008.
Esa decisión complicó las relaciones diplomáticas con el vecino del sur, que tiene el número más alto de sentenciados a muerte entre los extranjeros residentes en EE.UU. Hoy son 47 los detenidos en esa condición sobre un total de 131 que esperan la pena máxima, según estadísticas del Centro de Información de la Pena de Muerte (DPIC) con sede en Washington. Entre ellos también hay un argentino: Víctor Hugo Saldaño, condenado el 11 de julio de 1996 por un tribunal texano y que ya pasó más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte.
El caso Swidan
El caso Swidan se convirtió en un tema de conflicto más en la deteriorada relación bilateral con China. Estados Unidos suele utilizar la palabra “rehén” para referirse a muchos de sus ciudadanos detenidos en otras naciones bajo diferentes cargos. No fue la excepción con este ejecutivo de Houston, Texas, arrestado en 2012 cuando lo acusaron de traficar estupefacientes y cuya condena a muerte fue apelada sin éxito, más allá de que por ahora quedará en suspenso.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que el gobierno de Joe Biden estaba “decepcionado por esta decisión y seguirá presionando para lograr su liberación inmediata y su regreso a Estados Unidos”. Katherine, la madre del empresario, se había quejado a principios de año de la situación de su hijo: “Me niego a aceptar que el país más poderoso de la Tierra no pueda traer a Mark a casa”. Lo dijo en vísperas del viaje a Beijing del secretario de Estado, Anthony Blinken, que resultó suspendido cuando se agravó la tensión bilateral porque fueron detectados supuestos globos de espionaje chinos sobre territorio estadounidense.
El jueves pasado La Corte Popular Intermedia de Jiangmen rechazó el recurso de Swidan de cuyo caso se había quejado el senador Cruz cuando empezó 2023. De memoria selectiva, el republicano que alzó la voz contra China es el mismo que ignoró el derecho elemental del ejecutado Medellín a informarse de que podía recibir asistencia de los funcionarios de su consulado luego de ser detenido. En aquel momento (2007-2008) había 51 mexicanos en los corredores de la muerte.
Ese doble rasero para juzgar a los condenados según su nacionalidad quedó en evidencia ahora con el caso Swidan. Cruz incluso fue más allá cuando era procurador: desconoció un fallo de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas antes de que Medellín fuera asesinado con una inyección letal y cuestionó al entonces presidente de EE.UU, George W. Bush, porque según él “se extralimitó” al ordenarle a la Corte del estado de Texas la revisión de la condena al mexicano.
De acuerdo al ranking de países que aplicaron la pena de muerte en 2021 – las últimas estadísticas validadas son de ese año – EE.UU ocupa el octavo lugar en ejecuciones y es el primero y único de Occidente entre los diez primeros puestos. A Irán se le atribuyeron 314, Egipto 83, Arabia Saudita 65, Siria 24, Somalia 21, Irak 17, Yemen 14, Estados Unidos 11, Sudán del Sur 9 y Bangladesh 5.
El año pasado, según un artículo de la CNN publicado por Jennifer Hansler, las familias de estadounidenses detenidos en el exterior le pidieron auxilio al presidente Biden para lograr la liberación de sus parientes. Varias personas serían devueltas a EE.UU tiempo después. La basquetbolista Brittney Griner encarcelada en Rusia y canjeada por un vendedor de armas ruso detenido en Estados Unidos y el ex marine Matthew Heath, arrestado en Venezuela en 2020 bajo acusaciones de terrorismo y devuelto a su país dos años más tarde, fueron dos de los casos más resonantes. Según Washington se lo había encarcelado bajo “cargos falsos”. Hoy continúa vigente una campaña para conseguir la libertad de los detenidos que se llama Bring our Families Home (Llevar a nuestras Familias a Casa).
Biden piensa que al ciudadano estadounidense promedio lo asiste un derecho diferencial sobre el resto de los habitantes del mundo. “Este verano firmé una orden ejecutiva – señaló en un comunicado - que impondrá nuevos costes, incluyendo sanciones y prohibiciones de visado, contra los autores de tales actos (por las detenciones que EE.UU considere arbitrarias). Además, el Departamento de Estado ha introducido un nuevo indicador de advertencia ‘D’ que está diseñado para ayudar a los estadounidenses a entender dónde y cuándo los viajes pueden incurrir en mayores riesgos de detención injusta, potencialmente por largos períodos de tiempo”.
