La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad realizar un nuevo peritaje el viernes a las 11.30 a fin de determinar las condiciones de habitabilidad del conventillo del barrio de La Boca que se incendió el último 20 de julio, con un saldo de tres adultos y un bebé muertos, para poder evaluar si las familias, que acampan desde entonces frente al inmueble, podrán retornar a sus casas.

La resolución fue tomada por el Juzgado N°6 Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un amparo presentado por las familias que piden regresar a los hogares que tuvieron que abandonar tras el incendio debido a la clausura “inmediata y preventiva” que determinó la arquitecta Virginia Brizuela, de la Guardia de Auxilio porteña. En esa acta la funcionaria indicó que el edificio ubicado en Pedro de Mendoza 1447 se encontraba con peligro derrumbe.

Junto a la Guardia de Auxilio, la Justicia habilitó que los vecinos puedan ingresar con un perito de parte, y exigió la presencia de la Asesoría Tutelar, la Procuraduría General de la CABA, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y Defensa Civil porteña.

“El sábado y hoy (por el miércoles), vinieron los dos arquitectos, el de los vecinos y el del Gobierno de la Ciudad, porque finalmente conseguimos que los vecinos estemos representados. Pero todo está igual, porque la policía no los dejó entrar porque no tienen la orden judicial por escrito. Seguimos esperando. Nadie nos da una solución, esto es inaguantable. 

Los chicos ya empezaron las clases y no pueden estar acá. Los tenemos a todos desparramados, en casa de familiares. No queremos ser violentos, pero a veces parece que quieren empujarnos a eso”, contó Milena Blanco, de 40 años y con cinco chicos a cargo, entre hijos y sobrinos. 

Milena había hablado con este diario cuando se produjo el incendio y hacía 24 horas que más de treinta familias estaban en la calle, esperando un peritaje que les habían prometido que sería inmediato. Ayer volvió a recordar que no hay nada que justifique el desalojo masivo: “No hubo un incendio en el edificio. Lo que pasó fue que quemaron un colchón y la familia murió intoxicada. Pero mi casa es de material y está lejos de la habitación que se quemó. Todo el edificio está bien. Pero nos quieren sacar de acá para hacer negocios”.

El resto de su relato da cuenta del desamparo en que quedaron: “Hasta ahora, después de que salimos de casa, el gobierno sólo nos dio promesas y un poco de ayuda para zafar. Todos los días, los del BAP (Buenos Aires Presente) nos traen viandas. Y nos dieron ayer unos gorritos y guantes para los nenes. Pero no queremos seguir así. El edificio no se va a derrumbar, ellos mismos, del Gobierno de la Ciudad, vinieron a apuntalar el edificio y no dijeron nada del riesgo de derrumbe. También nos ofrecieron un subsidio, de 1500 pesos por mes, pero con eso no podemos alquilar nada. Estamos dispuestos a pagar los impuestos, los servicios, igual que hicimos hasta ahora”, insistió Milena. “Yo la verdad que no lloro por los chicos, pero no doy más. Ya empiezo a pensar, en broma, en mudarme a la calle, acá, enfrente de mi casa. Compro unos ladrillos y empiezo a armar algo”, cerró Milena.

En tanto, Jésica Segundo contó: “Yo perdí a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrinita todos juntos. Mi hermana terminó el secundario el año pasado y ya estaba trabajando. Estaba feliz con su hija... Mi familia vivía en la pieza de al lado de la que se quemó. Las dos familias éramos muy amigas. Nos criamos juntos, jugábamos juntos de chicos... Después, de grandes, cada uno siguió su camino. No entiendo por qué, cuando se prendió fuego el colchón, no les golpearon la puerta, no les avisaron que salieran. Así como golpeaban para pedir un cigarrillo o yerba... Mi mamá se despertaba al menor ruidito. Si le golpeaban, se salvaban. Ahora les pedimos por favor que nos dejen entrar a recuperar algo de ellos, nuestros recuerdos. Cualquier cosa que rescatemos, para nosotros es muy importante”.

Miriam Claudia Colque acotó: “Yo soy la madre de Jesús Mansilla, el que murió por el humo. Era un muchacho excelente, muy bueno. Yo le decía que se mudara... Los vecinos me dicen que esa pareja siempre se peleaba, discutían mucho. Y también cuentan que hay otras denuncias por violencia, pero la policía no hizo nada”.

Por su parte, Federico Crespo, responsable de la Dirección General de Atención Inmediata del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que “estamos asistiendo a las familias desde el primer día. Lo primero que les ofrecimos fueron nuestros paradores para pasar la noche, y también los subsidios habitacionales, que van entre 2500 y 4000 pesos por mes por un año dependiendo de la composición familiar”.

“Algunas familias aceptaron los subsidios”, dijo Crespo, aunque reconoció que la mayoría permanece en el acampe frente al conventillo.