Crece la expectativa en Jujuy tras la cautelar de la CIDH que ordena liberar a Sala
A la espera de la salida de la cárcel
Gerardo Morales admitió ayer en un decreto el carácter obligatorio de las resoluciones de la CIDH. Algunos especulaban la posibilidad de que hoy se dé cumplimiento a la resolución de ese organismo. La dirigente social se prepara para dejar el penal.
Pese a sus críticas, Morales reconoció que debe cumplir la cautelar.Pese a sus críticas, Morales reconoció que debe cumplir la cautelar.Pese a sus críticas, Morales reconoció que debe cumplir la cautelar.Pese a sus críticas, Morales reconoció que debe cumplir la cautelar.Pese a sus críticas, Morales reconoció que debe cumplir la cautelar.
Pese a sus críticas, Morales reconoció que debe cumplir la cautelar. 
Imagen: Télam

Desde San Salvador de Jujuy

Pasaron otras 24 horas de máxima tensión. Todo tipo de rumores. Un decreto de Gerardo Morales que supuestamente ofrecía a la Justicia 100 días para resolver la situación de Milagro Sala. Un portal de Jujuy según el cual a Milagro iban a darle la domiciliaria en el día de hoy. Un funcionario del gobierno que decía todo lo contrario. Lo único cierto fue que una mujer le llevó a Sala un jean para el momento en que se disponga su salida. Y que ella pasa cada minuto esperando que se dé cumplimiento a la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena el cese de su encarcelamiento porque está en riesgo su vida. 

El Superior Tribunal de Justicia también emitió un comunicado. Informó oficialmente que le llegó la cautelar. A última hora, los dos jueces a cargo de las causas por las que está detenida Sala tenían la cautelar en sus escritorios. Y en el medio, se difundió el decreto del gobierno, una resolución destinada a la Justicia, que no dice nada de 100 días, pero sí dice que “de ninguna manera” reconoce “los sustentos objetivos” de la cautelar “ni las comparte”, aunque admite que “la provincia tiene la vocación de acompañar con firme convicción todas las acciones y procesos nacionales e internacionales tendientes al respeto de los derechos humanos en plena dimensión jurídica, social y económica”.

El decreto con la firma de Morales y del ministro de Justicia, Oscar Perassi, con tono muy trabado fue leído como un gesto en el que pese a todo se admite el carácter obligatorio de las medidas de la CIDH. El texto que lleva la fecha del 2 de agosto, se difundió recién ayer, un día después del pataleo enfurecido de Morales para una tribuna que lo escuchó en un acto de campaña con el presidente Mauricio Macri de fondo, festejado con globos, papelitos y mucha música, a ocho minutos del Penal de Mujeres de Alto Comedero donde espera Sala.

“El gobernador decreta poner en conocimiento del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, la Resolución 23 dictada el 27 de julio por la CIDH para que, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, se consideren los requerimientos establecidos.” Es decir, “medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o bien que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”, según lo que cita el propio decreto. 

Durante el día, el Superior Tribunal de Justicia dijo en un comunicado que se puso a trabajar. Que recibió la comunicación por dos vías: el decreto del Ejecutivo de Jujuy y una comunicación del gobierno nacional. “En un informe dirigido a la doctora Clara Aurora De Langhe de Falcone, presidente del máximo tribunal, el doctor Ramiro Badía, Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio nacional, adjuntó la mencionada resolución para conocimiento e intervención de la magistrada”.

No más. Durante el día, Luis Paz, abogado de Sala, recorrió los dos juzgados de los dos jueces a cargo de la detención: Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos. El primero, padre de los nietos de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia. El segundo, denunciado por los abogados de Sala por extorsionar a testigos para que declaren en su contra. De las recorridas quedó confirmado que ambos recibieron la cautelar. Y a última hora Mercau trabajaba en la resolución. 

Mientras tanto, la furia encarnizada del radicalismo estalló en una sesión de la Legislatura. Cuando se abrió el debate pidió la palabra Juan Manuel Esquivel, jefe del bloque del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUYO), el espacio de la Tupac Amaru. “Como se desprende de la lectura completa (de la cautelar) –dijo–, sus integrantes señalan que el Estado argentino se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas”, es decir que debe quedar en libertad. Pidió permiso y repartió copias a los 48 diputados. “Los invito a leer”, dijo. Hizo silencio. Tomó la palabra Alberto Bernis, presidente del bloque de la UCR. “No compartimos para nada esta resolución de la Comisión que es un grupo de amigos que se reúne a tomar café y que responde al kirchnerismo”, gritó. “Que se ha encarnizado en atacar al gobierno argentino.”

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