La policía de Brasil desarticuló un red que traficaba oro extraído de la Reserva Indígena Yanomami en la Amazonia. Según las autoridades, la red llegó a mover cerca de seis millones de dólares.

En enero pasado el presidente de Brasil, Lula da Silva, decretó la emergencia sanitaria en esta zona debido ante la falta de asistencia médica y el aumento de casos de desnutrición y malaria. 

La reserva Yanomami fue fuertemente golpeada por la llegada de la minería ilegal que contaminó los ríos con mercurio y comprometió la alimentación de sus pobladores.

Desde entonces el mandatario brasileño cerró el espacio aéreo de la reserva y desplegó un operativo de seguridad para impedir la llegada de los garimpeiros o mineros ilegales al territorio indígena. En este proceso detectaron más de 80 pistas de aterrizaje clandestinas y aeronaves utilizadas por los mineros para llegar a la reserva.

Operación Puente de Oro

La policía brasileña en su operativo “Puente de Oro” desarticuló una red que se dedica a intermediar la compra de oro extraído de la Reserva Indígena Yanomami en el estado amazónico de Roraima en Brasil, cerca de la frontera con Venezuela. 

Según las autoridades, la red llegó a mover treinta millones de reales (cerca de seis millones de dólares).

El operativo policial realizó ocho arrestos, así como la aprehensión y bloqueo de bienes, solicitado por la Justicia de Brasil. La red desarticulada por la policía usaba empresas que “no tenían relación con la minería” para recibir los valores de los compradores en todo el país.

"Para evitar levantar sospechas, los involucrados buscaban retirar esos grandes valores de forma fraccionada", detalló el comunicado.

La explotación minera en la Amazonia y en territorios indígenas fue promovida durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) a pesar de la preocupación nacional e internacional por las consecuencias en el ambiente. 

Además, este periodo de tiempo la demarcación de tierras indígenas estuvo estancada. En este contexto, la situación de los indígenas Yanomami empeoró. Entre 2019 y 2022 murieron 570 niños indígenas por desnutrición, malaria y neumonía.

Poco después de la llegada de Lula a la presidencia en enero de 2023 el mandatario declaró el estado de emergencia sanitaria.