En materia energética, la Provincia de Buenos Aires dio un importante paso esta semana al anunciar la licitación del proyecto de nueva Estación Transformadora CHIVILCOY II. A través de la Subsecretaría de Energía, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizará la ingeniería, la construcción y el montaje de la estación que contará con un presupuesto oficial de 3.844 millones de pesos.

La nueva estación transformadora será vinculada al Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires y abarcará los municipios de Chivilcoy, Alberti y 25 de Mayo, con el fin de mejorar el servicio de los habitantes y posibilitarle a la región un desarrollo urbano e industrial debidamente controlado. Al dialogar con BuenosAires/12, el subsecretario de Energía Gastón Ghioni resalta que este avance debe enmarcarse en el conjunto a las otras obras de alta tensión que ya se licitaron y que conforman un plan integral dentro de la Provincia.

En sus palabras, Ghioni hace referencia a la Estación Transformadora del partido de Necochea -cuya inversión superó los 3.140 millones de pesos- y a la ejecución del nuevo tendido de línea de alta tensión en Guaminí por más de 4.200 millones de pesos, destinado atender a lo que él define como "el mayor déficit que existe en materia de energía eléctrica" en la provincia.

"Cuando llegamos, nos encontramos con una gran cantidad de problemas de infraestructura. Principalmente en líneas de alta tensión. Si bien los primeros meses teníamos identificadas entre treinta y cuarenta líneas, no se pueden hacer todas juntas porque es algo que lleva tiempo, es un camino progresivo", explica Ghioni.

Los montos de las obras llevadas a cabo en Chivilcoy, Necochea y Guaminí están cubiertos con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina, perteneciente a la Confederación Argentina de Fomento -CAF-. "Dentro del programa de obras que tenemos, contamos con la línea de financiamiento, que había estado en el gobierno anterior pero nunca había avanzado", dice Ghioni y detalla que el préstamo ya estaba otorgado, pero no hubo nada que vaya a parar a Infraestructura. "Nosotros lo renegociamos y por eso avanzamos con las obras", resalta el subsecretario.

La herencia de la gestión Vidal

Al asumir dentro de la Subsecretaría de Energía, Ghioni describe haberse encontrado con "un total desentendimiento en la toma de decisiones por parte de la gestión anterior".

"La Provincia había dejado en manos del sector privado este tipo de cuestiones, entonces Buenos Aires no tenía un rol activo en la decisión de las obras, ni en el armado, ni en la licitación", describe y avanza en los detalles: "Nos encontramos con que había que armar equipos de ingenieros para que armen los pliegos, equipos que armen las auditorías y las inversiones, gente que digite la priorización de las obras, la simulación para hacer los corrimientos, e ir viendo los modelos para ver qué se necesitaba y dónde. No es cuestión de decir quiero hacer una calle, la licito y la hago. Hay que tener todo ese trabajo y no lleva una semana", remarca Ghioni.

"Cuando llegamos no teníamos proyectos en condiciones de licitar, había que empezar a trabajar de cero, hoy la idea es tener un equipo de consultores y que exista un banco de proyectos para decir 'existe el fondo, tenemos tanta plata y este el proyecto'", explica el subsecretario. Pese a remarcar el pasado reciente para entender las dificultades del presente, Ghioni va aún más allá y cuestiona el marco regultario vigente, al que define como "añejo". 

Si nos remontamos a la época de la privatización, el marco regulatorio estableció que sea la demanda quien financie las obras de transporte. Es decir, que los usuarios sean quienes vayan financiando los avances. Eso significaba que las propias distribuidoras, a medida que preveían que la demanda crecía, recaudaban a través de la tarifa o con financiamientos y posterior pago de las mismas. "Lo que pasó es que eso no se hizo", remarca Ghioni, con firmeza.

La situación heredada por la gestión que comenzó en el 2019 es aún más complejo: "Hace ya varios años, se creó un agregado tarifario y uno de los componentes que pagamos los usuarios va al de Transporte. Eso es un fondo fiduciario que debería financiar este tipo de obras como las que llevamos adelante. Entre más grandes y más chicas, hoy por hoy tenemos casi 700 millones de dólares en obras que avanzan pero que, con el cuadro tarifario que teníamos hasta la última vez, implicaba 36 años de recaudación para poder concretar todos los avances".

Contrastando el imaginario que establece el marco regulatorio con la realidad de la Provincia, Ghioni explica que la cantidad de demanda insatisfecha se debe a barrios que se quieren expandir, parques industriales que se quieren instalar, secaderos o frigoríficos que van a la estación de Energía local y la única respuesta que reciben es que no hay potencia. 

Ante esa realidad, el funcionario destaca que la política decide concentrarse en los problemas que identifica como "lo más urgentes". "Se acude al cordón norte, que es el más industrializado pero que está estallado, pero cuando pasa el tiempo y se junta la plata, la obra a realizarse no va al resto de la provincia, donde no se desarrolló la estructura, donde no hay demanda porque son industrias incipientes o no hay parques industriales, sino que termina yendo todo a la urgencia de socorrer lo que hoy tiene la mayor cantidad de demanda inmediata", explica el funcionario.

Para entender por qué sucede esto, Ghioni expresa una frase clave en su relato: "En el resto de la Provincia no existe demanda porque no se crean las oportunidades. Ahí es donde decimos que este modo es inviable, tiene que ser el Estado quien, con financiamiento, empiece a hacer estas obras de expansión de las redes de Transporte a nivel provincial que estamos haciendo".

Las obras en desarrollo

Actualmente, la Subsecretaría de Energía se encuentra trabajando con dieciséis obras, las cuales se irán presentando a medida que los tiempos propios de cada una encuadren dentro de los reglamentado. Tal como explica Ghioni, detrás de cada obra hay años de trabajo para obtener los estudios de impacto ambiental, la liberación de traza todo el recorrido de la línea, la ingeniería, los estudios de carga y los certificados del ente regulador a nivel nacional. Además, Debe hacerse la auditoría de la audiencia pública y, en algunos casos donde el terreno a realizar no es de la simpatía vecinal, se debe trabajar con la comunidad y buscar otro lugar para poner en condiciones junto a la municipalidad.

Una vez terminados los estudios, se realizan los pliegos que, hasta el momento, fueron tres los de gran impacto y se están llevando adelante en el marco del mencionado programa integral. "Se están haciendo estas tres no por ser las más urgentes, pero son importantes y son las tres donde ya tenemos todos los papeles en condiciones y todo realizado", explica el subsecretario.

Si bien Ghioni remarca que cuatro años más de este gobierno provincial "serían la posibilidad de revertir todo lo encontrado", el subsecretario destaca que, en vistas hacia el futuro, entre los dirigentes debe darse "una discusión de fondo con respecto al marco regulatorio energético" ya que "claramente el Estado debe tener un rol activo".

"No puede ser que las empresas concesionarias tengan su evaluación a partir de un resultado, porque es el Estado el que tiene que definir cuáles son las inversiones y hacia dónde debe desarrollarse", dice y agrega: "Hay que empezar a sentar las bases para que el Estado sea quien intervenga, no sólo quien regula y controla, sino que también defina la política". 

Tras destacar la necesidad de profesionalizar el sector y las áreas, brindando herramientas y acercando la tecnología, Ghioni asegura que es el Estado quien debe estar dentro de las empresas "mirando y monitoreando" para no manejarse "a voluntad" de los empresarios privados. "La dirección de Energía era una escribanía, presentaba los planes de inversiones, los avances, los cerraban y los sellaban. Nadie lo debatía, discutía, ni analizaba si estaba bien o mal", relata.

Ghioni, a su vez, remarca que dentro del Frente de Todos hay consenso con respecto a este tema. Pese a ello, señala que "el debate debe darse con los demás". "Cambiar las leyes que ordenan implica dar la discusión hacia afuera, por eso ha ay que llevarlo al Congreso y discutir nuevas normas", augura. "La calidad de servicio la sufren todos los colores partidarios por igual, pero hay un tamiz ideológico en lo que cada uno cree sobre el rol del Estado para con los servicios públicos", sentencia.