“Qué malos esos señores que le pegaban en la panza a mamá Mónica”. María Carina Tumini tenía dos años cuando la llevaron a la casa de sus abuelos paternos, tras haber sido secuestrada junto a su mamá Mónica Capelli. A los dos o tres días, levantó la vista y dijo eso. La declaración de hijos e hijas de desaparecidos en la causa Guerrieri IV abrió la necesidad de tener en cuenta –para la condena de los represores- la privación ilegítima de la libertad que elles también sufrieron. Eso fue lo que pidió ayer la abogada querellante Nadia Schujman, representante de HIJOS, en los cuatro casos para los que tiene legitimación. La fiscalía a cargo de Adolfo Villatte acompañó el pedido para que sea extensivo a lxs 15 niñas y niños víctimas de este juicio. "Sería muy importante que el tribunal lo tome, porque significa no tener que recorrer todo un proceso de nuevo, con la instrucción, con todas las demoras que implica, y son hechos que a lo largo de todas las audiencias también se fue hablando, y no pueden quedar afuera", expresó el fiscal Adolfo Villatte tras la audiencia de ayer, que cerró la etapa testimonial de la causa donde se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos contra 116 personas, entre ellas, 62 casos que nunca habían sido juzgados. En la próxima audiencia, se sumarán en la presentación las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

La presentación fue una iniciativa de la abogada de HIJOS, quien tomó como base lo vivido por cuatro personas que representa. Mario Bordesio tenía menos de un año. Lo secuestraron junto a sus padres Olga y Mario. Unos días después, fue llevado a la casa de sus tíos Héctor y Miriam. “Me entregaron, entregaron mis cosas y se fueron. Miriam también me contó que mi estado no era bueno, que tenía muy mal olor, y que mis pertenencias también. Que tenía lastimada la nariz y la boca y que parecía que estaba resfriado ya hacía varios días sin haber recibido atención médica. Además, mis tíos me contaron que durante meses después de recibirme yo lloraba todo el tiempo”, contó Mario en su declaración en la causa Guerrieri IV. Diego y Gustavo López Torres fueron secuestrados junto a su mamá, Graciela Capocetti, el 18 de agosto de 1977. Estuvieron alojados en sección femenina de las dependencias de la Policía Menores y días después fueron separados, Gustavo fue llevado a la casa de María Teresa Pascual de Ciriotti y su hermano Diego a la casa de Adriana Chiaro, las dos empleadas policiales. Los mantuvieron separados de su familia aproximadamente siete meses y finalmente, tras una publicación en el diario El Litoral de Santa Fe, fueron entregados a sus abuelos paternos. 

El pedido de Schujman se basa en una posibilidad que brinda el artículo 381 del Código Procesal Penal para ampliar una acusación en el marco de un proceso penal, cuando surjan hechos que integran el delito atribuido. Para pedir que la condena hacia los nueve imputados del Ejército incluya la privación ilegítima de la libertad de los niños y la niña, la abogada de HIJOS se basa en jurisprudencia de los propios tribunales de Rosario, donde se condenó a Fernando Saint Amant por los delitos de privación ilegítima de la libertad a María Lucila y Jorge Francisco Santillán, de uno y dos años, hijes de María Cristina Lanzillotto.

Otro antecedente es de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa contra Carlos Españadero, en la que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 6 admitió la ampliación de la acusación por los hechos sufridos por niñes secuestrados en un cumpleaños infantil. Españadero fue condenado a 16 años de prisión por secuestros y torturas contra 17 personas, incluidos niñxs y adolescentes, hijxs y sobrinxs de Mario Roberto Santucho, a quienes el Ejército usó como señuelos para intentar capturar al jefe del ERP.

Villatte adhirió al pedido, al considerar que la falta de condena por los delitos hacia niñas y niños era "una especie de deuda". En su presentación, detalló también los secuestros de Patricia Amavet, cuando tenía tres años; de María de los Ángeles Lozano, también de tres años; de Karina Eva y Juan Pablo Tripodi, de 4 y 2 años; de Martín Hoet, quien tenía apenas meses de edad; de Daniel Ernesto Cian, de dos años, quien estuvo ocho meses apropiado por una familia a quien lo habían dado en adopción irregular; de Iván Alejandro Vega, de tres años; de María Laura Megna Tasada, que tenía menos de un año; de Alejandro y Marcos Ruggero, de cuatro y tres años y de Mariana Bosso, de un año. Todos, con distintas modalidades, estuvieron secuestrados o desaparecidos varios días, y fueron devueltos a la familia en pésimas condiciones. El relato de cada una de las historias en las audiencias dejó en claro que era una forma de operar de las fuerzas de seguridad. 

Además, Gabriela Durruty, abogada de APDH, sumará el mismo pedido en representación de Bosso y sumará a Lucas, Federico, Bárbara y Martín Mac Guire, quienes relataron cómo fueron retenidos en su propia casa por el general del Ejército Luciano Jauregui, a los pocos días del secuestro de su padre. "Que se amplíe la acusación tal como está previsto permite que se pueda llegar a una condena efectiva en un menor tiempo", expresó la profesional. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoyará la presentación. 

Schujman consideró ayer que "no se puede caer en la trampa o argumento de que la detención de los niños fue legal por haber sido puestos a disposición de un juez de menores, puesto que lo fueron con un acta que decía que fueron hallados solos en la via publica y ahi comienza el vicio y prueba de la ilegalidad de la detención". La estrategia jurídica de la abogada de HIJOS es la ampliación de la acusación para lograr mayor celeridad procesal. “Requerir la investigación de estos hechos en el juzgado de instrucción y todas las etapas que ello conlleva van a generar una demora de años, que va a terminar generando la imposibilidad de juzgar a los responsables, dado que se trata de imputados añosos cuya expectativa de vida se encuentra limitada, viéndose vulnerados entonces los derechos de las víctimas”, dijo ayer la querellante, y agregó que “las defensas no podrán alegar sorpresa, incongruencia o indefensión”.

Y apeló al Tribunal al decir que “no violando ningún derecho de los imputados, acoger el pedido vendría a garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido, a que sus casos sean juzgados en un plazo razonable y a la reparación integral por los hechos sufridos”.

Sobre las víctimas infantiles de la causa Guerrieri IV, Schujman argumentó que “resulta indiscutible que esos niños sufrieron un daño a raíz de esas privaciones de libertad: estar siendo trasladado por desconocidos, en lugares que ese niño no conoce, presenciar el secuestro de sus padres, son hechos que sin duda quedan en algún lugar de la memoria, más todavía cuando ello ocurre en los años fundantes de la personalidad de una persona como es la infancia”.

Desde agosto de 2022 se realiza en el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario el juicio oral y público de la causa Guerrieri IV, con 17 imputados por delitos cometidos contra 116 víctimas, de las cuales 62 nunca habían sido consideradas por la justicia federal en los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en la ciudad. Dentro de la lista de los imputados, se encuentran Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, José Luis Troncoso, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, todos ellos militares o personal de inteligencia del Ejército. Completan la nómina expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, Osvaldo Tebez, Oscar Giai y Roberto Squiro. 

Seis de ellos llegan al juicio sin condena previa. En esta causa, el Tribunal está integrado por Carlos Julio Lascano, juez subrogante de Córdoba-, María Noel Costa, también magistrada subrogante de la misma provincia y Mariela Emilce Rojas, de Concepción del Uruguay. 

En la audiencia de ayer declaró el investigador Lucas Bilbao, coautor del libro Profeta del Genocidio: El Vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, como testigo de concepto por el rol de la Iglesia en el genocidio.