El próximo martes 16 de mayo habrá otra sentencia por el femicidio de Anahí Benitez, será cuando termine el segundo juicio, después de que el primero fuera anulado por la Cámara de Casación por "construcción de pruebas" evidentemente falsas para condenar a uno de los acusados, el mismo que en este juicio quedó fuera de la acusación de la fiscal. 

 Anahí Benitez fue asesinada y violada en 2017 en la reserva Santa Catalina, de Lomas de Zamora. A este segundo juició se llegó con dos acusados: Marcos Bazán y Marcelo Villalba. Hasta el momento la fiscal pidió la absolución del primero por no haber elementos suficientes que lo relacionen con el crimen, y la pena máxima para Marcelo Villalba, considerado culpable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género (femicidio)”, y de “abuso sexual agravado por acceso carnal”, en perjuicio de Anahí Benítez. En la jornada de esta semana, todas las partes dieron sus versiones finales. Llegando al final, la madre de Anahí, Silvia Pérez Vilor, mostró su total disconformidad con el proceso y dijo que no se sintió “nada representada por el Estado” en el debate, también insistió con la pena de prisión perpetua para Marcelo Villalba y para Marcos Bazán, para quien la fiscalía ya pidió la absolución por falta de pruebas.

¿Cuáles son las preguntas que se desprenden sobre el accionar del Poder Judicial en el proceso que llevó seis años? Un caso que dejó en evidencia la desprolijidad y la negligencia que se maneja durante la investigaciones, en el acceso a la información, el trabajo de los fiscales y cómo en muchos casos las necesidades políticas se filtran para condenar sin importar la falta de pruebas. ¿Cómo se repara a una persona que estuvo en la cárcel todo ese tiempo, que atravesó dos juicios y cuya culpabilidad no consta en ninguna prueba?

Como en muchos otros casos de femicidios en estos tiempos, se desprende un debate en torno a la justicia que se busca obtener: ¿qué pasa cuando una madre o la familia de una víctima de femicidio no está conforme con el accionar del Poder Judicial y el Estado? ¿Cuáles son las consecuencias de los “errores” que puedan cometer los fiscales durante la investigación o la demora de la policía en la búsqueda? ¿Existe otra salida que no sea reclamar más cárcel, más seguridad como si estas afirmaciones solucionaran una problemática estructural que es la violencia de género? ¿cómo se consigue reparación para la familia? ¿Es suficiente con conseguir la condena máxima? ¿Puede funcionar la perspectiva de género como un concepto que, en un poder judicial machista y patriarcal, justifica más violencia?

Los tiempos que maneja el Poder Judicial no son los que necesitan las familias para encontrar respuestas e ir en búsqueda de una reparación. En ese sentido la querella que representa a la mamá de Anahí, encabezada por el abogado Guillermo Bernard, en diálogo con Las12 expresó que para ellos la fiscalía de instrucción desde el inicio tendría que haberse manejado con “más de celeridad". También manifestó que los tiempos son muy burocráticos en todas las causas populares “es una pregunta para la gente del Poder Judicial o el ministro de Justicia de la provincia. Una justicia lenta y dilatoria no es justicia, ni para los imputados, ni en este caso para la familia de la víctima”

Al pronunciar sus últimas palabras, el lunes, Marcos Bazán expresó: ”Lo único que pedimos todos es justicia y que se investigue lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga. No solamente ‘ni una menos’, sino que tampoco haya gente inocente presa por delitos que lo acusan y no cometió” haciendo alusión a su situación:  6 años detenido y en abril la Cámara de Casación anuló el juicio por nulo y "construcción de pruebas". Además en la jornada anterior la fiscal Mariana Monti, no lo acusó y pidió que se investigue a quienes lo detuvieron e hicieron el primer juicio.

Recordemos que en el primer juicio realizado en 2020, Bazán había sido condenado a prisión perpetua por ser considerado autor del crimen, mientras que Villalba no fue juzgado. En ese entonces los jueces consideraron que por un cuadro “psicótico” no podía estar en el debate. Desde ese entonces familiares y amigxs de Marcos insisten en que fue una causa armada en su contra ya que las pruebas eran “inconsistentes”. En ese sentido, en diciembre de 2021 el Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió anular el veredicto y la sentencia condenatoria y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que, a través de un Tribunal distinto, se realice un nuevo juicio.

El abogado querellante coincide con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba, sin embargo, en el caso de Bazán discrepa, y solicita 14 años al considerarlo partícipe secundario de los delitos que se le asignaron a Villalba, también 5 años y 6 meses por encubrimiento agravado. Por su parte, Manuel Garrido, abogado defensor de Bazán y presidente de Innocence Project Argentina, responsabiliza al Estado por no cumplir con su deber de investigar “un crimen atroz como el que tuvo como víctima a Anahí Benítez”, y afirma que frente a la presión de víctimas, medios, la política y la sociedad, y sin pistas, los investigadores armaron una causa contra Marcos, a quien se cruzaron porque vivía en la Reserva. Innocence Project Argentina es una organización que trabaja defendiendo a personas condenadas por error o con causas armadas, que se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Por último, la defensa de Villalba reclamó que la pena no supere los 15 años de prisión por considerar que tiene una “inimputabilidad disminuida” por padecer esquizofrenia.

El chivo expiatorio

“Desde el primer día salimos a pedir la absolución de Marcos y la búsqueda de justicia por Anahí”, afirma unx amigx de Marcos que prefiere no dar su nombre de cuestiones de seguridad “nosotrxs somos la mayoría de Lomas, seguimos caminando el barrio del femicida y sus cómplices”.

Lxs amigxs de Marcos leen e investigan, están involucrados en la causa desde que se enteraron que lo estaban acusando de un crimen que, aseguran, no cometió. Hace años dan entrevistas, se acercan a medios, organizaciones, personalidades para detallar la situación de Marcos, dar cuenta de su inocencia y buscar una estrategia para poder “limpiar” su nombre e imagen. Los medios continúan usando fotos de Marcos, incluso cuando hablan del pedido de perpetua para Villalba, cuenta la persona entrevistada al mismo tiempo que afirma que tiene muchas capturas de canales de TV que lo siguen exponiendo. Hoy en el expediente no hay pruebas en su contra, es por eso que la fiscal pidió su absolución. 

En estos 6 años construyeron una red de contención y acompañamiento, aseguran que están agotados y lograron demostrar que es evidente el armado de la causa. “Tuvieron en cana a un pibe sin pruebas, vendieron basura a los medios, construyeron un relato sobre su persona, no se esperaban que Marcos tuviera tantos amigos y amigas y que saliéramos a defenderlo, lo vieron solo y lo agarraron”, cuenta refiriéndose al accionar de la policía y las fiscales que estuvieron a cargo de la primera etapa de la investigación.

Un caso similar se vivió durante el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Lucas Bustos, campesino de la zona, fue acusado en un principio hasta que pudo comprobarse que era inocente. La diferencia es que en ese caso la familia de Cecilia estaba convencida de que el joven acusado en realidad no era responsable del asesinato. Incluso Daniel Basaldúa, el padre de Cecilia, apoyó a lxs familiares y amigxs de Bazán: “Me da piel de gallina eso, estuvo en la primera audiencia, y con todo lo que le pasó se pudo parar y decir queremos la absolución para este pibe porque es un perejil”. 

Marcos cuenta con el apoyo de Norita Cortiñas, que se acercó a Lomas el lunes pasado, Innocence Project, CELS, La Asociación de Pensamiento Penal, Rita Segato, algunas integrantes de Ni Una Menos, Leo Santillán y Alberto Santillán (hermano y padre de Dario Santillán) y el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata, entre otras. “Para nosotros fue muy difícil salir a plantear su inocencia y conseguir que organizaciones nos apoyen y se interesen sobre el caso. Cuesta mucho también poder decir que alguien es inocente si está acusado de un femicidio”, reconoce la persona entrevistadx. Desde su entorno están muy ilusionados, pero también saben que Marcos no deja de tener la posibilidad de ser encarcelado. “Tiene mucha ansiedad porque es un juicio con mucha exposición, hay gente turbia detrás y se trata de un femicidio, para mí lo que vivió Marcos lo va a marcar de por vida”.

El castigo no repara


Consultada por esta cronista la abogada Claudia Cesaroni asegura que “la gravedad de pedir perpetua para cualquiera, aunque no haya pruebas, implica la enormísima consecuencia de poder mandar a una persona a 5 o 6 años presa siendo inocente y que el autor o los autores reales de ese crimen estén libres”. Para señalar a un culpable del femicidio de Anahí, la demanda fue mediática: se necesitaron nombres, fotos y hechos concretos para condenar públicamente; y también política, recordemos que en este caso intervino en ese entonces la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Según Claudia esto es transversal: “En ese momento fue Vidal, y en otro momento puede ser el ministro Berni, no lo atribuyo a una fuerza política particular sino que es la conjunción de la demanda de resolución inmediata de las víctimas y que los medios contribuyen a promover y a impulsar y a exigir en lugar de encontrar a los autores reales”.

 “Creo que no hay reparación posible integral -dice Cesaroni sobre la experiencia de Marcos Bazán-, creo que debe haber otros modos de reparación, por ejemplo una reparación económica, por ejemplo una reparación simbólica, el Poder Judicial debería pedirle perdón. Y creo que tiene que haber una consecuencia sobre el tribunal que le impuso la condena. ¿Cómo te va a juzgar un tribunal que le impuso una pena a un inocente? Una pena de prisión perpetua. No es posible eso. No deberían seguir trabajando de eso”.

¿Por qué crees que el pedido de perpetua sigue siendo uno de los mayores reclamos, en conjunto con el de más cárcel, más seguridad, como si estas afirmaciones trajeran consigo una solución a un problema estructural como es la violencia de género?

--Se identifica sistemáticamente el concepto de hacer justicia con imponer penas cada vez más extensas, en particular las penas de prisión perpetua. Hay determinados delitos, por ejemplo, el femicidio u otros homicidios calificados para los que la única pena es la pena de prisión perpetua. Entonces los familiares o la gente que se identifica con las víctimas o con sus familias reclaman aquello que el sistema penal les dice que tienen que reclamar, que es la prisión perpetua. Ahí hay para mí la responsabilidad mayor de quienes ejercen lo que llamamos criminalización primaria, es decir, el poder legislativo cuando decide que a determinados hechos les corresponde una pena como la prisión perpetua o el poder ejecutivo a veces cuando envía ese tipo de proyectos y el poder judicial que no declara inconstitucionales este tipo de penas.
En casos como el de Anahí Benítez, a los autores, salvo que se considere que existe algún tipo de agravante excepcional o alguna situación que lo saca de la figura de femicidio les corresponde, si son autores, la pena de prisión perpetua.

¿Puede funcionar la perspectiva de género como un concepto que, en un Poder Judicial machista y patriarcal, obliga a realizar una condena ejemplar a veces homogeneizando los casos y reproduciendo más violencia?

--La violencia de género o la violencia machista, la violencia contra las mujeres, la discriminación, la falta de perspectiva de género, son todas cosas que suceden, son parte de nuestra realidad y son discriminaciones o afectaciones que tenemos que desarmar y contra las que tenemos que pelear. El sistema penal es un sistema que reproduce la violencia, un sistema profundamente patriarcal, profundamente machista y reproduce la violencia, no la corta sino que la retroalimenta, entonces hay un problema que sucede muchas veces cuando por ejemplo se plantea que las amenazas, en el marco de la violencia de género, tienen que tener penas más altas. En lugar de trabajar sobre esa mujer amenazada, sobre esa situación, sobre otros modos de evitar que ese hombre ejerza esa violencia, lo primero que se piensa es aumentar las penas. Y así se han ido agravando una cantidad de delitos, pero claro, tampoco alcanza, entre comillas, porque en algún momento esos hombres salen y si no se ha resuelto la cuestión de fondo la violencia persiste. Mi planteo es evitar pensar que la solución para todos los casos es el sistema penal.