Esta semana la principal noticia en Ecuador era sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, acusado de malversación de fondos públicos. El martes Lasso asistió a la primera audiencia en el congreso y se declaró inocente. Faltaba una audiencia más en la que se iba a realizar la votación para definir si el mandatario iba a ser destituido o no.
Pero día siguiente el congreso amaneció rodeado de policías y militares: Lasso había aplicado el mecanismo conocido como muerte cruzada por “grave crisis política y conmoción interna”. El mandatario disolvió la Asamblea Nacional (congreso unicameral) y en los próximos días deberá convocar a elecciones generales.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mostraron su respaldo a la decisión de Lasso porque está "enmarcada en la constitución" y están "seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia".
Las elecciones deberán realizarse en los próximos 90 días. Mientras tanto, el mandatario gobernará por decreto.
Poco después de anunciar la muerte cruzada, Lasso firmó el primer decreto ley reforma tributaria para reducir los impuestos anuales en función a la cantidad de integrantes de cada familia y podrá ser de hasta 15.294 dólares.
Muerte cruzada: reacciones de todo el espectro político
La "muerte cruzada" es una medida prevista en el artículo 148 de la constitución de 2008. Desde que entró en vigencia es la primera vez que un gobernante hace uso de este mecanismo.
El artículo permite al presidente disolver el congreso y adelantar las elecciones generales. Como la constitución también permite la reelección Lasso podrá presentarse como candidato presidencial.
La decisión del mandatario ecuatoriano de optar por la muerte cruzada fue rechazada por Leónidas Iza, titular de la Conaie, la principal organización indígena del país. Iza dijo que se trata de “un autogolpe de Estado encubierto , apoyado por botas y bayonetas”.
También convocó a las comunidades y pueblos indígenas a instalar asambleas territoriales permanentes para hacer frente al modelo dictatorial" que pueda aplicar Lasso en este periodo, lo que puede implicar protestas.
El excandidato presidencial por el partido Pachakutik (brazo político de la Conaie), Yaku Pérez, dijo que la decisión de Lasso fue una "salida constitucional" y aseguró que es "un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que representaba el presidente Lasso".
Desde el partido Unes (Unión por la Esperanza), afín al expresidente Rafael Correa, la excongresista Marcela Holguín aseguró que el decreto de “muerte cruzada” es ilegal porque en el país no registran “ni conmoción interna ni una grave crisis política”.
"Es miserable e irresponsable que un presidente desahuciado utilice una figura constitucional, ilegalmente aplicada, porque la 'conmoción' la tiene SOLO en su cabeza", precisó Holguín en su cuenta de Twitter.
El expresidente Correa también calificó de ilegal la decisión del actual mandatario aunque dijo que abrió “la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”. Correa actualmente reside en Bélgica y se mantiene como un importante líder político.
El Partido Social Cristiano (PSC), del ala conservadora, rechazó que exista una grave crisis política y acusaron a Lasso de usar la “muerte cruzada” para evitar su probable destitución. El PSC fue junto al correísmo uno de los principales impulsores del juicio político contra el mandatario ecuatoriano.
Demandas de inconstitucionalidad
Hasta el momento al menos siete excongresistas presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la muerte cruzada decretada por Lasso.
Los excongresistas de Pachakutik fueron los primeros en presentar su demanda. Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y José Cabascango fueron los primeros en presentar su demanda.
La Corte Constitucional también recibió las demandas del exvicepresidente del congreso, Esteban Torres (PSC) y de Yeseña Guamaní de la Izquierda Democrática. Ahora el organismo deberá definir si el decreto de muerte cruzada es ilegal o si se aprueba. El expresidente del congreso, Virgilio Saquicela, exigió "un pronunciamiento inmediato" de la Corte Constitucional sobre las demandas presentadas contra el mecanismo de la muerte cruzada.
Reforma tributaria: El primer decreto de Lasso
Horas después de disolver el congreso y comenzar un periodo en el que gobernará por decreto, el presidente Lasso dio conocer su primer decreto ley: la reforma tributaria.
El decreto ley amplía el techo a las exoneraciones de impuestos según el número de miembros de cada familia.
El ministerio de Economía y Finanzas explicó que existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta. El 99,8% de estos contribuyentos será beneficiado a través de la reforma tributaria. Cada uno tendrá un ahorro promedio de 558 dólares en el impuesto a la renta.
La nueva reforma tributaria también crea una tasa del 15% de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas.
En declaraciones a los medios el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, explicó que el decreto ley ya fue enviado a la Corte Constitucional para su correspondiente revisión y validación.
"Replica el proyecto de ley que había sido enviado la semana pasada a la Asamblea Nacional", precisó Arosemena. El ministro recordó que el texto de ley tiene una "sensibilidad especial por las familias que tienen varias cargas familiares o enfermedades raras y catastróficas".
