El Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes (CPT) de la provincia presentó este martes un informe de su primer año de gestión, desde el 16 de febrero de  2022 al 31de diciembre. El organismo destacó que sus actuaciones se implementaron con un mínimo presupuesto, sin personal, sin equipamiento, sin movilidad, utilizando en gran medida recursos propios de los comisionados y su comisionada, para garantizar el funcionamiento.

En ese sentido, el Comité recordó que presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto para el período 2023, "el cual fue drásticamente reducido". 

"Se han realizado además diferentes planteos de modo recurrente para garantizar la independencia funcional y autarquía financiera del Comité, entendiendo estas condiciones como esenciales para poder ejercer sus funciones de manera autónoma, sin condicionamientos y sin recibir instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado. En este sentido, se ha cuestionado la inclusión del CPT Salta en uno de los cursos de acción del Ministerio de Gobierno", recalcó el organismo. 

Asimismo, el Comité informó que se intenta conformar un propio servicio administrativo financiero que asegure su autarquía. También indicó que funciona de manera precaria en una oficina cedida en préstamo por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

El organismo tiene una estructura de cinco integrantes, pero solo se cubrieron cuatro. Su presidente es Rodrigo Sola, designado por las organizaciones de DDHH, y su vicepresidente, Ramón Rosa Corregidor, por la Cámara de Diputados de Salta. También lo integra Cristina Cobos, también por los organizaciones de DDHH, y por Marcelo Giordamachi, por la Cámara de Senadores, de forma provisoria y ad honorem hasta tanto se concluya con el procedimiento concursal. 

En lo que corresponde a la representación del Ejecutivo provincial, si bien se realizó un concurso público para su selección, por resolución N° 192 del 23 de febrero de 2022 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, se resolvió dejarlo sin efecto y hasta la fecha no se ha avanzado en la designación.

Monitoreos 

En su informe de gestión el Comité detalló las numerosas actividades, reuniones y capacitaciones que han llevado a cabo desde la conformación del organismo. Entre lo más destacado, detalló las acciones de monitoreo general a unidades carcelarias, alcaidías, granjas, comisarías, centros de atención a jóvenes en conflicto con la ley penal, y al Hospital Dr. Miguel Ragone. También las condiciones en las que encontraron cada uno de estos lugares y la sobrepoblación.

Del 26 al 30 de septiembre, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura realizó una visita oficial de inspección a la provincia. El Comité de Salta brindó apoyo técnico local y participó a través de  sus integrantes. En esa ocasión también mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y el  Ejecutivo.  

El monitoreo del Comité viene dando cuenta de la sobrepoblación carcelaria que enfrenta al provincia. El Servicio Penitenciario de Salta cuenta con una capacidad para alojar a 2.777 personas, distribuidas en ocho unidades carcelarias, dos granjas penales y tres alcaidías. Sin embargo, presenta una sobrepoblación del 46,02%, según la información proporcionada por el Servicio Penitenciario de Salta al Comité provincial. 

En relación a su condición procesal, el Servicio Penitenciario aloja a 2.792 penados/as, 363 procesados/as, 880 detenidos/as provisorios/as y a 29 personas con medidas de seguridad, al 11 de abril de 2023. Las medidas de seguridad refieren a personas inimputables alojadas por disposición judicial, "entendiendo este CPT Salta que las cárceles y alcaidías no cuentan con las condiciones óptimas para ser considerados espacios aptos en razón de su condición. El 30% de la población penitenciaria de Salta no tiene condena".

Recomendaciones

El Comité contra la Tortura de la provincia concluyó que "el sistema penitenciario, con extensión a las comisarías y destacamentos policiales, así como el régimen penal juvenil y el sistema público de salud mental se encuentran en crisis en la Provincia de Salta". Señaló que "urge trabajar en políticas públicas adecuadas e interinstitucionales para revertir el cuadro de situación en miras a garantizar el respeto por los derechos fundamentales de toda la población".

En ese marco, el Comité reforzó recomendaciones ya realizadas en 2022 a diferentes poderes del Estado con la intención de orientar una agenda de prioridades en esta materia. Entre éstas, planteó como necesario intensificar los esfuerzos en el marco de la resolución N° 651/22 que declara la emergencia penitenciaria.

El CPT propuso implementar en el corto plazo acciones concretas para el traslado progresivo a Unidades Penitenciarias de personas penadas actualmente cumpliendo condenas en comisarías o en Alcaidías. Y asimismo, el traslado progresivo a Alcaidías de personas procesadas actualmente alojadas en comisarías.

Por otro lado, el Comité recomendó dar tratamiento urgente a expedientes iniciados vinculados a la mejora edilicia y condiciones de habitabilidad de las distintas unidades penitenciarias, comisarías y destacamentos. También propuso la revisión del régimen disciplinario vigente en el Servicio Penitenciario para adecuarlo a las garantías constitucionales y convencionales, asegurando la posibilidad de conocer los hechos que podrían ser pasibles de sanción, tipos de sanción, respeto por la proporcionalidad, derecho a defensa y recursos. Explorar otras modalidades de sanción disciplinaria y mecanismos de resolución de conflictos alternativos.

Recomendó asimismo eliminar las celdas disciplinarias o de aislamiento, que no cumplen con los estándares mínimos proporcionados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, poniendo fin a su utilización por considerarse un lugar de castigo. Y recomendó reforzar acciones para evitar malos tratos. Incorporar perspectiva de género y de interculturalidad en todas las áreas del Ministerio de Seguridad y Justicia; garantizar el acceso a la salud en tiempo oportuno y condiciones dignas a toda persona con privación o restricción de su libertad; y asegurar condiciones dignas en los servicios de salud mental.

El CPT señaló la necesidad de que se garantice el cumplimiento de la asignación del 10% del presupuesto de salud a salud mental y la puesta en marcha del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos en Salud Mental creado por Ley N° 8323.

Indicó además que no se advierten políticas adecuadas y eficientes en el marco de un plan estratégico de abordaje de problemáticas de salud mental. Expuso sobre la situación crítica del hospital Ragone y también señaló que las prácticas en salud mental son llevadas adelante con mínimos recursos en el norte provincial.

Ante a la "grave situación derivada de la sobrepoblación penitenciaria", el Comité convocó a conformar un equipo de trabajo con representantes de distintos poderes y organismos. La primera reunión se realizó en junio de 2022, sin embargo, el trabajo no pudo avanzar por la falta de presentación por parte del Ministerio de Seguridad de un listado de la población alojada en los establecimientos carcelarios.

El CPT también recomendó la derogación de la actual ley del Servicio Penitenciario  N° 5639 e incluso presentó un anteproyecto de reforma ante el Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Actuaciones por casos individuales

El Comité Provincial contra la Tortura habilitó un Área de Actuaciones Individuales que se encarga de recibir y recolectar denuncias de torturas o malos tratos.

Entre marzo y diciembre se habilitaron 58 legajos de actuaciones individuales en relación a personas privadas de la libertad. Todas fueron procesadas y tramitadas. Al 31 de diciembre 34 legajos se habían cerrado por diferentes causas (restablecimiento de los derechos, recupero de la libertad, contacto y seguimiento por parte de las defensas, entre otras), lo cual representa un 59%.

El Comité además acompañó como observador el juicio contra policías por la muerte de Cristian Gallardo bajo su custodia. "Prestando colaboración, en todo momento, con el trabajo del Ministerio Público Fiscal, de la parte querellante y apoyo a los familiares de Cristian Gallardo, pero principalmente, posicionándose políticamente como un organismo independiente y autónomo, que tiene como principal misión la de hacer cumplir la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", destacó el organismo. 

El CPT también intervino ante la muerte bajo custodia de Noelia Martel en la Unidad Carcelaria de Mujeres Nº 4. Concluyó en el informe que el tratamiento penitenciario recibido durante diez años por la interna no fue el correcto, lo cual dejó al descubierto múltiples falencias y limitaciones en el diseño y estructura penitenciaria provincial: el plan de tratamiento no estuvo adaptado y pensado a las necesidades particulares de la detenida, el cual reclamaba una mayor contención psicológica y familiar, un mayor contacto con su hijo y sus familiares; vivenció un uso y abuso de la celda de castigo alojándosela por un plazo mayor a 350 días.

Además, el Comité constató actos de discriminación y persecución por su elección sexual, provenientes tanto del personal policial como de compañeras de celdas; las prácticas carcelarias e institucionales configuraron en algunas oportunidades actos de humillación y graves severidades; finalmente, advirtió una falta o tardía respuesta por parte del poder judicial ante sus reclamos.

Por último, el Comité informó que analiza presentarse como amicus curiae en la causa abierta por la muerte de Franco Centurión, un joven de Tartagal transplantado de médula que tras permanecer detenido en la Comisaría 45 salió en grave estado de salud y murió en los días siguientes. El padre denunció a policías por haberlo golpeado.