Todavía vibra la onda expansiva de la marcha por Anahí Benítez, que también abrazó los clamores de Justicia para Nadia Rojas, Luna Ortiz, Georgina Díaz y su hijo Thiago, víctimas todos de desapariciones y muertes cruentas en el conurbano o en márgenes que amplifican fronteras desconocidas y salvajes donde siempre, indefectiblemente, pierden lxs niñxs y las mujeres. El dolor de ellxs tiene muchos cómplices fue una línea argumental profunda y extendida el sábado último entre miles que marcharon hasta el Congreso en un manifiesto de nuevos reclamos y al que habrá que prestársele mucha atención en adelante. Ya no se plantea (solamente) la complicidad desde el silencio como expresión adjudicada a  ese pastiche difuso que componen la Justicia, las instituciones y las fuerzas de seguridad cada vez que una mujer es violada, desaparecida, asesinada y mutada a objeto de descarte en el andamiaje consumista del nuevo milenio. Lo que manda ahora y repudiaron miles de adolescentes en ese fin de semana consagrado a Anahí es una complicidad endurecida que la desidia institucional amasa en cuerpos apropiados, usados y descartados, sobre los que además derraman con astucia intrigas morales en una arquitectura  revictimizante de las muertas y las desaparecidas. Para no buscarlas, para retrasar un hallazgo que puede significar la diferencia sustancial entre la vida y la muerte, para despreciar a cientos de familias que todos los días se presentan en las comisarías porque sus hijas no están, se demoran o no vuelven hace semanas. El (des)gobierno se convirtió en una regla de tres donde Esteban Bullrich celebra que todos los días “un pibe” sea encerrado mientras esa felicidad viscosa convive junto a municipios donde basta una mísera loza de cemento, algunas bolsas de residuos o unas cuantas paladas de tierra para clausurarles las vidas a lxs que todavía ocupan el lado B de los actos fallidos del ex ministro candidato.

En tanto las horas lastiman con la revelación de que Anahí fue “mal buscada” durante los primeros días de su ausencia en un período siempre considerado clave para los hallazgos de personas, esa laxitud pasmosa apuntaría a connivencias policiales, venta de drogas al menudeo y un desvío inicial de la investigación para “limpiar” el perímetro de Lomas de Zamora donde fue hallada y que ya había sido rastrillado. Envuelve una pesadumbre similar la violación reiterada, golpes y femicidio de Luna Ortiz en Don Torcuato, aunque la causa siga caratulada como abandono de persona seguido de muerte, y las negativas del municipio de Tigre a extender sesenta días los resguardos de las cámaras que registraron el traslado de la chica por diferentes lugares y a rastras a manos del único detenido, Isaías Villarreal, posiblemente para intercambiarla por droga con otros individuos. 

Facundo Ortiz, el padre de Luna y uno de los familiares al frente de la marcha por Anahí, asegura que en Tigre hay un cerco mediático e institucional para archivar el caso. “En cada movilización nos reprimen y eso no sale en ningún lado; los concejales se preocupan más por cómo se ve el municipio. Sabemos que hay más culpables y queremos que el fiscal investigue quiénes son los otros que estuvieron en la casa donde Luna apareció muerta.” 

Al cierre de este número, la vida de Nadia Rojas corría serio peligro desde su nueva desaparición, la semana pasada, del refugio para víctimas rescatadas de la trata de personas del Gobierno de la Ciudad, donde comenzaba a relatar la trama de captación y abusos que habría sufrido de una red mafiosa con alcances en Villa Lugano, Liniers y Bajo Flores. “Creemos que Nadia pasó también por una serie de boliches, uno en Villa Celina, donde llevan a las chicas para prostitución, y que estuvo en unas casitas en Lomas de Zamora con el mismo fin”, confió una activista de Hagamos Lo Imposible, una de las agrupaciones que acompaña a Elena, la madre de Nadia, desde principios de junio, cuando desapareció por primera vez y el juez federal a cargo, Rodolfo Canicoba Corral rechazó la causa por estigmatizarla como abandono de hogar. “Me costó recuperarla durante 32 días y ahora me la perdió la Justicia. Cueste lo que cueste voy a encontrarla”, declaró Elena, que vive bajo amenazas permanentes. El refugio depende de la Dirección General de la Mujer (DGMUJ) del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, a esta altura responsables políticos de la desaparición de Nadia. Según las trabajadoras de la Dgmuj, su titular, Agustina Señoranz, demoró a la Justicia la entrega de filmaciones que podrían aportar datos clave sobre  del momento de la desaparición. “A Nadia la desapareció el Estado, el mismo que recorta el presupuesto para combatir la violencia de género”, denuncian en un comunicado. Pero el riesgo es mayor que el que sufrió en su primera partida, porque esta vez Nadia se atrevió a hablar del pacto de alianzas mafiosas que presenció en ese pasamanos entre varones de niñas intercambiables para ser consumidas. Las funcionales a ese pacto masculino y corporativo, como refiere Rita Segato, que les exigen ser leales a través de pruebas de crueldad amenazantes contra sus vidas y las de sus madres y hermanxs. El centro de gravedad, circula Segato, sigue siendo el miedo. Y el Estado uno de sus muchos cómplices.