Esta semana, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires avanzó en el tratamiento del proyecto modificatorio de la Ley de Alquileres a partir de un iniciativa del oficialismo que obtuvo su segundo dictamen de comisión, aunque con pleno rechazo del bloque Juntos. 

En la próxima sesión el proyecto podría tomar estado parlamentario, aunque por la paridad absoluta que reparte 23 bancas para el oficialismo y 23 para la oposición, el impulsor de la norma, Francisco "Paco" Durañona, alberga la esperanza que, ante una votación empatada, la vicegobarnadora Verónica Magario termine de inclinar la balanza a favor del proyecto. 

En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el proyecto que apunta a incorporar y modificar los artículos de la Ley N° 10.973 obtuvo dictamen de mayoría, sin acompañamiento del bloque de la oposición. De esta forma, el Frente de Todos otorgó el visto bueno a los cambios en la norma de alquileres bonaerenses que evitaría a los inquilinos tener que estar sujetos a pagar los gastos de comisión inmobiliaria, los pedidos de informes al registro de la propiedad, así como tampoco los costos de certificación de firmas, averiguación de informes de garantías y “todo costo de gestoría”. En caso de sancionarse, todos esos costos serian responsabilidad del propietario, o bien, de la inmobiliaria.

En relación a la falta de acompañamiento del frente opositor, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, acusa a Juntos por el Cambio de “representar al poder económico" y, por esa razón, defender la idea de que "el mercado decida absolutamente todo”. 

El dirigente, que desde un primer momento trabajó a favor del proyecto oficialista, destaca que lo importante de esta iniciativa es el “alivio que generaría en términos económicos para el ingreso al alquiler”. Semanas atrás, Muñoz explicó a BuenosAires/12 que en el territorio bonaerense las comisiones exigidas son las más elevadas en todo el país, y pidió un cambio de rumbo al señalar que "los clientes de las inmobiliarias son los propietarios, no los inquilinos".

Durañona, por su parte, reconoce que la postura de Juntos es “llamativa”. “En la Ciudad de Buenos Aires, mantienen aún vigente y hasta defienden una Ley propia similar a esta, que también está en La Pampa y Río Negro”, explica el legislador de San Antonio de Areco, que asegura que en todo el proceso se apostó por un consenso que, a la luz de la situación en la Ciudad, “creía posible”. “Es una franca contradicción que obviamente muestra las profundas diferencias que tienen ellos en su frente interno”, señala el legislador. 

Proyectando una posible votación dentro del recinto, Durañona afirma que su intención era que ambos bloques mayoritarios acompañen la iniciativa, aunque sabe que “Cambiemos y el radicalismo van a votar en contra”. En relación al apoyo unánime del Frente de Todos, el senador recuerda que los legisladores oficialistas sumaron su adhesión en ambas comisiones, situación que se repetiría sin inconvenientes en la votación definitiva. 

La iniciativa viene siendo impulsada desde 2020 y, según destacan quienes la impulsan, “pretende solucionarle un enorme al 20% de la población de la Provincia de Buenos Aires ya que actualmente hay 4 millones de bonaerenses que alquilan y con la sanción de esta Ley podría reducirse el 50% de los gastos que se le exigen a cualquier inquilino al momento de acordar un contrato”.

Respecto al último dictamen, los senadores oficialistas que lo firmaron su adhesión fueron Emanuel González Santalla, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Teresa García, y también los legisladores Luis Vivona, Gustavo Soos, Gabriela Demaría, y Sofía Vanelli. Quien también signó su apoyo, pero de forma virtual fue el senador Alfredo Fisher. Por el lado de la oposición, el rechazo estuvo comandado por el presidente del bloque Juntos, Alejandro Rabinovich, acompañado por Claudia Rucci y Marcelo Daletto. De manera remota tampoco acompañaron la iniciativa para favoreces a los inquilinos Nidia Moirano, Erica Revilla, Elisa Carca y Ariel Martínez Bordaisco.

A partir de que ya contaba con un dictamen de minoría de la Comisión de Legislación General, el proyecto cumplió con los requisitos para tomar estado parlamentario en la próxima sesión del Senado bonaerense, para la cual aún no hay fecha de convocatoria. Esta condición no equivale a un tratamiento inmediato en el recinto, aunque si pone el proyecto en la agenda que oficialistas y opositores podrían acordar discutir.