Silvia Gorosito, la ex concejala negacionista de Juntos por el Cambio de Chacabuco, fue procesada por “apología del crimen” a raíz de una publicación en sus redes sociales el pasado 24 de marzo. “La historia debe ser contada en forma completa para poder conocer toda la verdad y entonces empezar a sanar las heridas de nuestra sociedad”, había dicho al renunciar luego de postear la imagen de un avión Hércules del Ejército lanzando personas al vacío con el mensaje ‘Feliz Día del Montonero’. La reacción social y política fue inmediata. Gorosito abandonó su banca y fue denunciada penalmente. El proceso judicial avanzó y en las últimas horas la ex concejala recibió el primer gran revés judicial, que incluye un embargo de 200 mil pesos.

Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria y querellante en la causa contra Gorosito, hizo hincapié en que la decisión del Juzgado Federal de Junín demostró que “hay una verdad inapelable”. Su afirmación, indicó a Buenos Aires/12, radica en que la Justicia “aplica la normativa sobre apología del delito sobre expresiones que dan cuenta de que los militares hicieron los correcto cuando distintos juicios probaron que hubo delitos de lesa humanidad”. La condena que puede recibir la ex concejala va de un mes a un año de prisión.

“Esto es importante porque la imputación a Gorosito es un límite para lo que puede generar en la sociedad”, explicó Raggio, porque si no se aplica una sanción habilita a que se replique el mensaje. El valor de que se haya dictado un corte a la propagación de estos discursos, al menos en esta situación, significó para la funcionaria una diferencia con el contexto político durante el gobierno de Mauricio Macri. “Con el macrismo hubo una fuerte habitación publica de estos discursos de odio, donde el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibió a organizaciones que se proclaman defensoras de víctimas del terrorismo”.

Según Raggio, estas actitudes que tuvo el gobierno de Juntos por el Cambio de “como si todo valiera lo mismo” es sinónimo de “volver a negar”. “Negar a la víctima como tal y volverlas victimarias, que es lo mismo que hacía la dictadura”, sostuvo.

A raíz de la denuncia presentada por la Comisión Provincial de la Memoria, la Justicia resolvió sobre Gorosito que “existen elementos de convicción suficientes para considerarla autora del delito del crimen (art. 213 del Código Penal)”. También dispuso un embargo sobre “bienes o dinero” por el monto de 200 mil pesos. La resolución explicó que en su declaración la ex concejala compartió la publicación de la foto de “y al instante se arrepintió y la sacó” y que la “traicionó la conciencia”.

A su vez, el juzgado detalló que la Corte Suprema “ha señalado que el reconocimiento a la libertad de expresión no impide que el Estado reprima o castigue publicaciones que hacen apología del crimen”.

Javier Estevez, titular del bloque del Frente de Todos, dijo a este medio que Gorosito “es una concejala votada en democracia, no podemos permitir que se manifieste de esta manera, porque es grave por la investidura y por integrar la lista del intendente Aiola”. Víctor Aiola es el actual jefe comunal de Chacabuco que irá en búsqueda de una banca en la Cámara de Diputados bonaerense en la lista comandada por Patricia Bullrich.

Ley Anti Negacionismo

El lunes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto junto al precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, donde se celebró la recuperación del avión Skyvan PA-51 que protagonizó los denominados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar. Durante su alocución, Cristina pidió poner sobre la mesa la posibilidad de debatir una Ley Anti Negacionismo de características similares a la que rige en Alemania donde la mención o defensa de lo sucedido durante el nazismo es penado por la ley.

El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, afirmó a Buenos Aires/12 que ese es un camino que hay que emprender y está de acuerdo con lo propuesto por la vicepresidenta. “Hay que trabajar en un marco normativo para que no se reproduzcan estas expresiones en democracia”, aseguró.

Desde su perspectiva, Raggio consideró que una norma de estas características debe ser pensada para un determinado sector de la población, como el caso de los funcionarios públicos. “Que nuevas generaciones puedan configurar su subjetividad política con perspectiva respetuosas de derechos humanos y no sean seducidos por discursos antidemocráticos y violentos” es el eje que debe primar sobre las políticas a desarrollar en la materia, aseguró.

Para concluir su lectura, ejemplificó con las distintas expresiones pro-nazi y de derecha ortodoxa que tienen cada vez mayor presencia en la comunidad europea. “En países de Europa dona de hay una ley anti negacionistas la extrema derecha crece, y la penalización no logró frenarlo”, advirtió. Insistió en tener presente que la figura de “apología del crimen” es un elemento fundamental en la búsqueda de condenar este tipo de discursos y recordó que un funcionario de Ramallo también fue condenado recientemente bajo este concepto.