Desde Río de Janeiro

El desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro empezó la semana condenado a no poder presentarse como candidato a ningún puesto electoral por los próximos ocho años. Con su estilo habitual de charlatán incorregible, dijo que no está muerto y que será un poderoso captador de votos para la derecha y, claro, la extrema derecha que lo sigue de manera ciega. También se quejó de haber sido víctima de una injusticia. Es decir: una reacción más que esperada.

Anunció que presentará un recurso junto a las instancias máximas de la Justicia en Brasil, pero sus posibilidades son nulas. De momento hay indicios concretos de que él podrá ser un fuerte captador de votos en las elecciones municipales del año que viene. Pero hay que recordar que le esperan quince denuncias en el Tribunal Superior Electoral y otras en la instancia máxima, el Supremo Tribunal Federal.

La siguiente denuncia involucra a dos de sus hijos que actúan en política, el senador Flavio y el diputado nacional Eduardo. También varios de sus aliados más estridentes integran esa denuncia. Y en otras aparece el nombre de su hijo más activo y desequilibrado, el concejal por Río de Janeiro --Carlos Bolsonaro-- que pasa la mayor parte de su tiempo en Brasilia, lejos de su escaño.

Hay una coincidencia entre juristas y la mayor parte de los analistas políticos: la mera suspensión de los derechos políticos-electorales de Bolsonaro es poco, frente a todos los crímenes que cometió en su gobierno destructor.

Además de arruinar el sistema universitario, las leyes de amparo a las artes y la cultura, facilitar la destrucción del medio ambiente, incentivar la invasión de reservas indígenas y estimular la venta indiscriminada de armas, el ultraderechista tuvo una actuación criminal durante la pandemia.

Criticó medidas de cuidado adoptadas por alcaldes y gobernadores provinciales, se rebeló contra el uso de mascarillas y lanzó incesantes denuncias sin fundamento contra los daños que la vacunación causaría. En fin, es responsable por más de la mitad de las 700 mil víctimas fatales del Covid en Brasil.

Todos esos crímenes permanecen impunes gracias a la inercia cómplice de la Fiscalía General de la República. Pero jueces que integran tanto el Tribunal Superior Electoral como el Supremo Tribunal Federal, dan reiteradas muestras de que actuarán. Hay una serie de denuncias criminales llevadas al Supremo contra Bolsonaro. La perspectiva es que empiecen a ser juzgadas a partir de agosto.

Si de momento había consenso entre los integrantes del Supremo, en el sentido de que dictarle prisión al ultraderechista reforzaría su rol de víctima de una injusticia, ahora el consenso es otro: dejar de ser elegible es poco castigo para él.

El golpismo de Bolsonaro, reiterado cada tres días durante su mandato presidencial a lo largo de cuatro infinitos años, provocó que él fuese advertido 31 veces por la corte suprema en ese periodo. Desconoció todas las advertencias formales y siguió actuando como siempre.

Llama la atención la escasa reacción de los “bolsonaristas” ante la primera condena a su jefe la semana pasada. Aunque siempre están muy activos en las redes sociales, no hicieron el estruendo esperado.

Ya los movimientos de los eventuales herederos de Bolsonaro fueron muy suaves. El condenado se negó a indicar su sucesor, insinuando que es temprano y que él pretende revertir la condena para estar apto para disputar las presidenciales de 2026.

Lo que se comenta entre sus allegados es que, frente al nuevo cuadro, Bolsonaro admite que podría abrir espacio para que su esposa Michelle, una autonombrada pastora evangélica defensora de posiciones radicalmente retrógradas, participe de las presidenciales, eventualmente como candidata a vicepresidente. Eso, claro, si es que ella no cae en manos de la Justicia.