Estuvo prófugo durante años, pero consiguió que le dieran permiso para estar en su casa. En domiciliaria, quiso volver a burlar a la Justicia con un certificado trucho para salir a hacer supuestamente actividad física, lo que hizo que le revocaran el beneficio. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que era momento de restituirle la prisión domiciliaria. El agraciado es Jorge Antonio Olivera (72), militar retirado, excarapintada y abogado de genocidas vernáculos y nazis, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

La decisión de mandarlo a la casa fue tomada por dos integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone. El tercer miembro del tribunal, Mariano Borinsky, sostuvo que debía continuar en un establecimiento penitenciario.

En 2000, a Olivera lo detuvieron en Italia por el secuestro y la tortura de la modelo francesa Marie Anne Erize. Logró escabullirse presentando un certificado de defunción falso de su víctima. En 2007, después de la reapertura de los procesos en la Argentina, la Justicia Federal de San Juan ordenó su captura. Tardaron más de un año en encontrarlo, pero la Policía Federal lo halló caminando por Vicente López. Fue condenado a prisión perpetua.

Después de la condena, logró que lo trasladaran del penal de Chimbas a Marcos Paz y que le dieran autorización para ir a una consulta al Hospital Militar Central con su consorte de causa, Gustavo de Marchi. La consulta había sido gestionada por la esposa de Olivera, una psicóloga con grado militar. Desde allí se fugaron. A Olivera recién lo recapturaron en 2017. Fue por una investigación del fiscal Franco Picardi, que logró ubicarlo a través de escuchas telefónicas. Lo encontraron escondido en el baúl de un auto de su familia en San Isidro.

Pese a tener esos antecedentes, consiguió que le dieran la prisión domiciliaria al tiempo. La concesión se produjo en 2021 en la Cámara de Casación. La decisión la adoptaron Gemignani y Eduardo Riggi. Se la otorgaron porque tenía más de 70 años y por “cuestiones humanitarias”.

En diciembre del año pasado, mientras estaba en domiciliaria, Olivera urdió otra maniobra para salir de su casa. Presentó un certificado médico sin fecha que había firmado Mario Caponetto. El cardiólogo es uno de los exponentes del nacionalismo católico argentino, ligado tanto él como su hermano a la ultraderechista revista Cabildo. La fiscalía y el tribunal de San Juan advirtieron que era un nuevo acto de mala fe procesal y los jueces, por mayoría, decidieron revocarle la domiciliaria.

El tema volvió a llegar a Casación, donde Olivera tiene a Gemignani como fiel aliado. El camarista –que protagonizó años atrás un escándalo después de tratar de “delincuentes” a sus colegas mujeres del tribunal y de haber privado de su libertad a una secretaria de la Cámara– escribió que, para él, el certificado trucho no constituye una causal de revocación de la prisión domiciliaria. Dijo, además, que Olivera nunca salió de su casa o incumplió con la orden de pedirle autorización al tribunal cada vez que debió hacerlo.

"La discusión sobre el valor atribuido a un certificado médico aportado por Olivera como argumento para revocar el beneficio oportunamente concedido no llega a fundamentar suficientemente la revocatoria de la domiciliaria", se sumó Petrone.

Borinsky quedó en minoría. “La revocatoria de la prisión domiciliaria se encuentra debidamente fundada en virtud de un adecuado análisis de las constancias de la causa y de la conducta asumida por Olivera al pretender acceder a un beneficio mediante la presentación de un certificado médico con la fecha suprimida. Tal circunstancia, aunado a que se mantuvo prófugo desde el año 2013 a 2017 tras ser condenado a prisión perpetua, concretado a partir de una petición por razones de salud, dan cuenta de una grave inconducta procesal que desaconsejan la morigeración de la detención e imponen su revocatoria”, opinó el juez.