El próximo viernes un centenar de representantes de organizaciones civiles dará su testimonio a favor y en contra del aborto ante el Tribunal Constitucional (TC) chileno, tras un requerimiento presentado por la derecha para impugnar el proyecto de ley que lo despenaliza, aprobado por el Congreso el 2 de agosto pasado, después de dos años y medio de debate.
Seis días después de aprobado el proyecto que despenalizó el aborto terapéutico, el TC, órgano jurisdiccional, autónomo e independiente, admitió el recurso presentado por los legisladores de la coalición opositora Chile Vamos, basado en el principio de que el Estado debe proteger la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte natural.
En ese contexto, sostienen que el proyecto de ley, que despenaliza el aborto en tres circunstancias –casos de inviabilidad fetal, peligro de muerte para la mujer y embarazo por violación– “no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sino que legaliza el aborto directo o provocado”.
Para defender el requerimiento presentado por los parlamentarios de CV, el gobierno presentó ante el Tribunal un documento de 106 páginas en el que expresa que “el proyecto de ley no legaliza el aborto libre, despenaliza en tres causales extremas”.
En la documentación también se da cuenta que en los últimos diez años hubo 322.814 interrupciones de embarazo, un argumento más del Gobierno para rebatir el intento de los opositores por declarar inconstitucional la modificación aprobada en el Congreso con: 70 votos a favor y 45 en contra en Diputados; y 22 votos a favor y 13 en contra en el Senado.
Los argumentos gubernamentales tienen como eje central que la iniciativa emblema de la presidenta Michelle Bachelet no transgrede la Constitución y que existe una “incorrecta” interpretación de parte de la oposición”.
