Majo es una de las 241 mujeres que recibió un aviso de la justicia de Rafaela para  autorizar la inhumación del feto que había nacido muerto, en la semana 20, en enero de 2019. Entonces, llegó al hospital Jaime Ferré de Rafaela con 8 centímetros de dilatación. Era su primer embarazo, se hacía todos los controles, y llegó a la guardia con muchos dolores. Las médicas le avisaron que había una infección, la llevaron a la sala de parto y le advirtieron que el bebé podía nacer muerto. Así fue. Estuvo internada tres días. Sobre el feto, le dijeron que iba a ser analizado por anatomía patológica, donde se determinó que un streptococcus causó la muerte fetal. Allí mismo le dijeron que podía retirar los restos y le sugirieron "averiguar en una funeraria". Ella lo hizo, pero le pedían certificado de defunción, algo que la reglamentación vigente no prevé para un embarazo de 20 semanas o un feto de 500 gramos. 

"Lo único que quería era que esa situación no estuviera sucediendo. En su momento, lo charlé con mis amigas y les pregunté si lo retiraba del hospital, o lo cremaba, si me acompañaban. Y con mis amigas conversamos que no era un bebé, que había nacido muerto", cuenta Majo lo que vivió y decidió entonces. Le dijeron que el feto quedaría ahí para hacer investigación o sería descartado. Lo que no imaginó es que sería conservado, junto a otros 256 fetos, en el hospital, por decisión del jefe de Anatomía Patológica de ese hospital, Jorge Pérez, quien luego concurrió a la justicia. No fue una obra solitaria morbosa o lunática: forma parte de una estrategia que se ventiló en los últimos días, pero tuvo una resolución judicial favorable en junio de 2021. 

"Un día cualquiera me golpearon la puerta y recibí algo que decía cédula, pero pensé que era cualquier otra cosa, una multa o un montón de otras cosas. Cuando la abro y la empiezo a leer, me decían que tenía que dar una respuesta dentro de los 60 días. Entonces, llamé por teléfono al número que figura en la cédula y me volvieron a decir lo mismo: si vos querés retirarlo podés retirarlo, si no, el hospital se va a encargar de desecharlo. Le dije que las funerarias no los toman para hacer ningún tipo de ritual de despedida y la persona no me supo explicar por qué pasaba eso. Yo ya había tomado una decisión, que era no hacer ese procedimiento", sigue el relato de Majo, que tiene 36 años. La ley 26413 establece un plazo y requisitos para los registros de las muertes fetales, lo que no se cumplía en ninguno de los casos de estos fetos. 

La noticia tomó trascendencia nacional como algo morboso, mientras hay es un flagrante avasallamiento a los derechos de las gestantes. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional Rosario exigieron que se inicie una investigación al médico que -según dijo- tomó la decisión de conservar esos fetos en contra de la reglamentación vigente. "Este hecho constituye un nuevo intento de imposición de concepciones y creencias personales del profesional responsable, violatorios de derechos consagrados en la Ley 26529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad", dijeron desde regional rosarina de la Campaña. 

También circula un documento que recoge diferentes firmas, entre ellas las de Movimiento Evita Rafaela, Claudia Perren, ex Enredadera (grupo de mujeres y feministas) y la diputada provincial Lucila De Ponti. Allí apuntan directamente contra la jueza Ana Laura Mendoza, que en junio de 2021 decidió hacer lugar al pedido del médico, patrocinado por el abogado Pablo Posetto. "La jueza hace una interpretación basada en otra interpretación que hace el médico en primer término y el abogado después, ya que sus creencias les impiden respetar el protocolo. Es decir que ellos no solo se toman la atribución de conservar esos fetos, sino que obligan a estas mujeres a llevar adelante una acción, mujeres que solo son tenidas en cuenta a la hora de inscribir sus nombres y pagar los gastos que implican el paso por el Registro civil, la funeraria y el cementerio local", repudiaron en el documento que comenzó a circular ayer. 

La intención manifiesta es reinstalar "un debate donde no lo había, y con una inmensa crueldad, porque a esas mujeres que hace años atravesaron una situación terriblemente dolorosa como es perder un embarazo deseado, ahora las llaman para decirles que tienen que ponerles nombre y enterrar ese feto, sin que les hayan informado nunca absolutamente nada. Entonces, la primera situación que indigna es la crueldad y la falta de consideración y respeto hacia estas mujeres", consideró Silvia Augsburger, integrante de la Campaña, diputada nacional mandato cumplido y primera firmante del primer proyecto de interrupción voluntaria del embarazo ingresado en el Congreso Nacional. "El objetivo que se ha buscado es reiterar un debate que se dio durante 2018 en la Cámara de Diputados en relación a la equiparación permanente que los grupos antiderechos hacen de un feto con una persona humana. Este es el objetivo final de esta  conservación de los fetos y de esta presentación judicial", agregó. 

La estrategia se utiliza también en Madrid, donde la Comunidad presidida por la líder de ultraderecha Isabel Díaz Ayuso, ya en 2021, utilizaba ataúdes y coches fúnebres para ir a buscar los fetos en las clínicas donde se practican abortos. Así lo denunció entonces la portavoz de Mujer del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Lorena Morales. “En lugar de mandar un vehículo de la consejería de Sanidad, envían una funeraria con un ataúd para adultos, lo que genera gran alarma y envía un mensaje ideológico durísimo”, explicó la dirigente socialista. 

Por eso, la voz de alarma se levantó en la ciudad de Rafaela. "Nuevamente, en esta ciudad, las mujeres vemos nuestros derechos vulnerados", dice el documento que está circulando con firmas de activistas feministas, donde recuerdan que "las leyes deben respetarse y no reinterpretarse según creencias personales" y también plantean que "las autoridades de Salud Pública y de Género de la Provincia deben expedirse sobre este caso de extrema gravedad para las mujeres de la región y la zona y deben asegurarnos el respeto de la leyes para que no quedemos expuestas a casos de violencia institucional". 

Ese documento historiza la vulneración de los derechos de mujeres y personas gestantes que se llevaron adelante en Rafaela, y en ese hospital en particular. "Desde hace años venimos asistiendo y resistiendo en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, a los avances de una derecha religiosa que se presenta en los medios y las instituciones, lugares donde somos desconocidas la mayoría de las militantes", dice el documento, donde alertan: "Como feministas pertenecientes a distintas organizaciones de la ciudad manifestamos nuestra preocupación e indignación por las acciones que se nos ofrecen lavadas de ideología pero no son más que retrocesos en cuanto a derechos ganados y avances por parte de este sector antiderechos, que no hace más que desconocer las leyes conseguidas por las luchas feministas en nuestro país y en el mundo".