En los centros clandestinos de detención de la dictadura hubo niños y niñas. Sometidos a las mismas condiciones de infrahumanas de vida que sus padres o madres, son, en la mayoría de los casos, víctimas del terrorismo de Estado que siguen sin obtener justicia. Muchos de ellos acaban de sufrir una nueva decepción: el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó incorporar sus casos al quinto juicio que se está llevando a cabo por crímenes cometidos en los campos de concentración conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

El 21 de junio pasado, el fiscal Alejandro Alagia junto con los auxiliares Agustín Vanella y Berenice Timpanaro les solicitaron a los jueces que dirigen el proceso incorporar los casos de cerca de 200 víctimas que habían pasado por esos centros clandestinos. Eran personas que fueron nombradas pero que no habían sido contempladas en la acusación inicial o situaciones de ataques sexuales o niños y niñas que pasaron por el circuito concentracionario.

La mayoría de los casos que mencionó la fiscalía y que involucraron a niños y niñas sucedieron en el centro clandestino conocido como Olimpo, que estuvo operativo en Floresta entre 1978 y 1979. Sin embargo, también hay casos de chicos que fueron llevados a Club Atlético –que funcionó en Avenida San Juan y Paseo Colón– para después mudar sus instalaciones a lo que fue el Banco, en provincia de Buenos Aires.

Uno de los casos que la fiscalía había pedido contemplar es el del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que estuvo presente el 11 de octubre de 1978 en la casa de la calle Belén cuando una patota irrumpió tirando una granada. El compañero de su mamá, Carlos Fassano, fue asesinado en el acto. Una vecina alcanzó a ver que se llevaban a la mamá de "Wado", Lucila Révora, herida y con los ojos cerrados. Lucila cursaba un embarazo avanzado. Los cuerpos de Lucila y de Carlos fueron vistos en el Olimpo.

Hasta este juicio, había una percepción de que “Wado” podría haber estado en el Olimpo porque una sobreviviente había visto el gatito de peluche con el que él solía jugar. Pero la confirmación llegó de la boca del exgendarme Omar Torres, que ya venía declarando sobre el operativo de la calle Belén y dijo que habían llevado al chiquito al centro clandestino. “Wado” estuvo apropiado hasta mediados de enero de 1979. La familia logró recuperarlo después de que uno de sus tíos consiguiera entrevistarse con Carlos Guillermo Suárez Mason, a través de un conocido de la Curia de Mercedes.

Los integrantes del TOF –Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Nicolás Toselli– le concedieron a la fiscalía que era una novedad la presencia de “Wado” en el Olimpo, pero aún así le cerraron la puerta. “A nuestro criterio esos nuevos datos aportados no alcanzan la entidad suficiente como para estimar que ha surgido un elemento fáctico novedoso que legitime la ampliación de la acusación en esta instancia”, escribieron en un voto conjunto Gorini y Giménez Uriburu –dos de los jueces que en diciembre pasado condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad–.

El pedido de ampliación del Ministerio Público había sido apoyado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por la querella unificada que encabeza la abogada Sol Hourcade, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La decisión del TOF es recurrible en Casación, pero no habrá novedades hasta la finalización del juicio. El TOF, por su parte, ordenó enviar la información al juez Daniel Rafecas, que es quien investiga lo sucedido en el Primer Cuerpo de Ejército –incluidos los crímenes cometidos en ABO.

Según una reconstrucción hecha por el Observatorio de Crímenes de Estado (OCE) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en los tribunales se mencionaron los casos de 111 niños o niñas que pasaron por ABO o que estuvieron presentes en los secuestros de sus padres o madres. Una investigación que se lleva adelante desde los espacios de memoria que funcionan en Olimpo y Atlético extiende el número hasta 300 víctimas infantiles, si se considera, por ejemplo, a aquellos niños que nacieron mientras sus padres o madres estaban en libertad vigilada.

La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), que dirige la fiscal Ángeles Ramos, ya le había anticipado a Página/12 que está estudiando esta situación para hacer una presentación ante los tribunales con el objetivo de que finalmente se contemplen las violencias que sufrieron los chicos y las chicas en los campos de concentración de la dictadura.