Los abogados de Nélida Rojas denuncian a la fiscalía de Mendoza por tareas de inteligencia ilegales
“Están haciendo espionaje sobre la Tupac”
La defensa de la dirigente social detenida advirtió que la fiscal Gabriela Chaves ordenó de forma irregular que se espiara a Rojas. También señaló que las acusaciones se basan en criminalizar prácticas habituales de la Tupac Amaru y de otras organizaciones.
Nélida Rojas está detenida y la fiscalía pidió revocar la domiciliaria.Nélida Rojas está detenida y la fiscalía pidió revocar la domiciliaria.Nélida Rojas está detenida y la fiscalía pidió revocar la domiciliaria.Nélida Rojas está detenida y la fiscalía pidió revocar la domiciliaria.Nélida Rojas está detenida y la fiscalía pidió revocar la domiciliaria.
Nélida Rojas está detenida y la fiscalía pidió revocar la domiciliaria. 

La fiscal mendocina Gabriela Chaves ordenó tareas de inteligencia ilegales sobre el domicilio de Nélida Rojas, a las que menciona en un escrito como “rastrillaje”. Los defensores de la dirigente de la Tupac Amaru de Mendoza sospechan, con fundamentos, que además infiltró a un espía en una asamblea realizada en casa de Rojas. Con los datos surgidos de estas tareas de inteligencia, la fiscal pide la revocatoria del beneficio de la prisión domiciliaria, un beneficio largamente buscado por sus problemas de salud. El informe que Chaves elevó al juzgado de garantías con el producto de esas tareas presenta como criminales a prácticas habituales de la organización, en una lógica calcada similar a la que los servicios de inteligencia de la dictadura usaban para justificar sus crímenes. La maniobra genera alarma por estas horas entre militantes y sus defensores porque el juzgado de garantías no desechó el escrito como hubiese correspondido, sino que lo validó al convocar a una audiencia para el viernes. 

Una clave para entender la persecución desatada contra la Tupac Amaru en todo el país es lo que sucede en Mendoza. Como se dijo en estas páginas tiempo atrás, el Ministerio Público y la Justicia de garantías encerraron a la responsable de la organización en una cárcel en el contexto de 30 causas, de las cuales 29 son por supuestas extorsiones y coacciones: lo que se juzga como delitos son prácticas habituales de la organización, como la participación de los militantes en marchas y asambleas, o las tareas que realizan en programas de autoconstrucción de viviendas. La Justicia detuvo a Nélida Rojas, a dos de sus hijas, una nuera y su esposo por esas dinámicas. Todos ahora están con detención domiciliaria.

En este nuevo capítulo, la fiscalía volvió a cargar contra la organización y sus prácticas. La presentación señala que Nélida Rojas realizó una asamblea en su casa el 5 de agosto “a través de la cual volvió a reclamar el pago de las cuotas sociales y a invocar el Programa Federal de Integración efectuando así un acto de poder orientado a, sin duda, intimidar a las víctimas de autos y a los testigos” (sic). Y agrega –sin ningún tipo de prueba– que “Nélida Montenegro de Rojas estaría entregando mercaderías en su domicilio con la finalidad de comprar voluntades (...) Se ordenó por parte de personal de la División de Delitos Económicos tareas de rastrillaje en el lugar detención para investigar actos de entorpecimiento a la investigación”. Esto es, tareas de inteligencia que una fiscal no puede ordenar por sí misma, sino que debe pedir autorización al juzgado de garantías y, al tratarse de una detenida, debe intervenir el Servicio Penitenciario. El escrito revela por qué la defensa sostiene que la fiscalía colocó un infiltrado en la casa de Rojas: Chaves dice acompañar el escrito con “audios, videos y fotografías” que “fueron aportados por un asistente que se retiró de la asamblea” y fue interceptado por personal policial.

“Nélida Rojas vive en su casa y su casa es la sede de la Tupac de Mendoza”, dice Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de la organización. “El escrito dice que una persona supuestamente pasó por afuera de la casa y vio que estaban bajando cosas –cuenta– y supuestamente se presentó de forma espontánea ante la fiscal y declaró que estaban bajando comida y que no era para gente necesitada, según su interpretación. En función de eso, la fiscal ordenó ‘el rastrillaje’, pero son tareas de inteligencia sobre las actividades que se llevan adelante en la casa de Rojas, tareas de inteligencia por la Policía. Todo ilegal. Y verificaron que el 5 de agosto se llevó adelante una asamblea en su casa, con grabaciones de audio. Por todo esto, estamos seguros de que se infiltró alguien en la casa de Nélida haciendo tareas de inteligencia que están prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia vinculadas a organizaciones sociales y políticas. Se sacan fragmentos de lo que dijo Nelly. Y se toma esta información para justificar que ella continuaba llevando adelante tareas de militancia. Todo una locura. Y por ende piden revocar la domiciliaria.”

Alfredo Guevara, abogado defensor de Mendoza, está preparando una denuncia penal contra la fiscal. Y una posible recusación a la jueza de garantías Cristina Pietrasanta. “Están haciendo tareas de inteligencia y espionaje sobre la organización Tupac Amaru, considerando como delitos todo lo que tiene que ver con sus actividades”. Para Guevara hay una situación de detención domiciliaria que se dispuso por razones de salud. “A partir de ahí no hay ninguna otra prohibición que no sea la de abandonar el domicilio. Ayer supimos que pidieron la revocatoria de la domiciliaria porque de todo esto no nos notificaron hasta ahora, aunque todo fue saliendo en los diarios locales, todo se inscribe en el fenómeno de la demonización. Venían anunciando que, como se hizo una asamblea el 5 de agosto, la fiscal iba a pedir la revocación de la domiciliaria. Y ayer supimos los fundamentos según los cuales la mera realización de una asamblea constituye un ‘acto de poder’.”

–¿Un acto de poder?

–Sí. Así dice el texto de la fiscal. Un acto de poder tendiente a intimidar a las posibles víctimas que son los mismos miembros de la organización, según la concepción de esta fiscal. Y señala que los repartos de alimentos tienen como objetivo comprar voluntades. Y que estos hechos constituyen una continuidad de los hechos delictivos que se están imputando. Esta perversidad es lo que caracteriza la acusación de la Tupac en Mendoza, hay una criminalización de las prácticas propias de la organización. El núcleo central de las imputaciones es considerar que las obligaciones de los afiliados de asistir a manifestaciones y asambleas, colaborar en la militancia es condición de extorsión.

–Así como vienen entendiendo la participación en las marchas, ahora entienden la lógica de las asambleas.

–Los socios tenían la obligación de ir a las asambleas bajo apercibimiento de dejar de pertenecer a la organización. Nosotros, como defensa, gestionamos la participación de peritos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que ya presentaron informes que muestran esto es parte de las características habituales de las organizaciones populares de América Latina y del país, también de la Tupac. Y también muestra cómo estas prácticas son generalizadas en ámbitos ajenos a los sectores populares. Un ejemplo son los ejecutivos de empresas que, si no van a congresos o encuentros sociales, no tienen expectativas de ascenso. Veintinueve de las treinta causas tienen que ver con estas obligaciones de los socios aprobadas en asambleas. Pero lo más importante ahora es que a partir de la recuperación de la democracia se organizó un sistema de seguridad y defensa que prohíbe tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales, políticas y demás. Está prohibido. Y lo que denunciamos es el espionaje llevado adelante por orden de la fiscal, y por parte de la Policía de Mendoza que viola los principios básicos de la democracia. Acá hay una actuación ilegal de la fiscalía que ordena tareas a la policía por fuera de todos los controles y garantías.