A dos semanas de la desaparición de Santiago Maldonado, el juzgado federal de Esquel intimó oficialmente a la Gendarmería para obtener el listado de los gendarmes que participaron del operativo represivo contra la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen, además del detalle del uso de handies y los GPS de los vehículos que usaron el 1º de agosto en ese procedimiento. Sin embargo, hasta ayer el juez federal Guido Otranto no había solicitado otro elemento esencial para la investigación: el listado de llamadas entrantes y salientes del celular del joven. “No tengo nada”, respondió el gendarme que estaba presente en la reunión que tuvo la familia con el magistrado el día 4, cuando Otranto le preguntó por esa información. Anteayer la situación no había cambiado, por lo cual la fiscalía federal requirió a la empresa de telefonía y a la Policía Federal que trabaje sobre el teléfono móvil de Maldonado. En este sentido, avanza la investigación delegada en la fiscalía por el delito de desaparición forzada de persona.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que encabeza Cristina Caamaño, sugirió a la fiscal federal Silvina Alejandra Avila la necesidad de obtener información específica sobre el día del operativo: cómo fueron los recorridos de los móviles, qué roles tuvieron los uniformados, que aún no han sido identificados, y cómo fueron operados los sistemas de comunicación tanto de la fuerza como privados. También propuso peritajes con Microscopio de Comparador Balístico sobre vainas servidas recolectadas en la zona para determinar el tipo de munición utilizada y ofreció a sus técnicos y un listado detallado de laboratorios de distintas especialidades para concretar esos estudios. 

Ayer la funcionaria del Ministerio Público chubutense pidió a esa oficina técnica de la Procuraduría que la auxilie en las pericias de “tres vainas servidas, de plástico, de 70 milímetros” del tipo antimotines y “una vaina no servida (no disparada)” recolectadas en la zona. Avila también reclamó que se hiciera el rastreo geográfico de la línea de telefonía celular que usaba Maldonado, así como el entrecruzamiento de las llamadas efectuadas y recibidas en las jornadas anteriores y posteriores al 1º de agosto, último día en que el joven fue visto con vida en Pu Lof.

Según fuentes judiciales, la Datip dio curso a una parte de las pericias sobre la línea telefónica y sugirió a la fiscal de Esquel que para el análisis de las vainas se dirigiera al laboratorio del Instituto Balseiro, en Bariloche, u otros dependientes del cuerpo forense en Neuquén, Comodoro Rivadavia, Rawson, y Río Gallegos.

En tanto, el hermano y la cuñada de Santiago Maldonado, que viven en Bariloche, dijeron a PáginaI12 que nunca fueron contactados por funcionario alguno del gobierno nacional ni provincial para recibir asistencia y contención especializada en casos de desaparición forzada de persona, que es lo que ellos insisten en repetir fue lo sucedido con el joven artista que estaba de paso por El Bolsón y que había acudido a la comunidad mapuche de Cushamen para solidarizarse con su reclamo por esas tierras. Por eso acudirían al apoyo proporcionado por una profesional a instancias de su abogada, Verónica Heredia, que cosechó experiencia directa por su intervención en la desaparición de Iván Torres y César Monsalves, ambos jóvenes cuyos casos fueron y están siendo tratados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La especialista que se haría cargo es una militante que fue ex detenida durante la dictadura.