"Este es un conflicto político que va más allá de lo jurídico, y si ustedes, sus jefes y el Estado opresor con sus mafias corruptas, el capitalismo, la burguería, el grupo Clarín y los terratenientes pretenden doblegarme nunca lo van a lograr". Así se expresó Facundo Jones Huala en el juicio de extradición solicitado por Chile por una causa pendiente. "Estamos muy conformes, llegamos sin pruebas, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, algunos sectores antepusieron nuestro pasado montonero a nuestras habilidades como abogados, pero hicimos la mejor defensa en estas circunstancias", dijo a Página/12 Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas, quien representa a Jones Huala junto a Gustavo Franquet. El juez federal Gustavo Villanueva resolverá el martes 1° de agosto si concede la extradición del líder espiritual y político de la comunidad mapuche de Cushamen. Este jueves se rechazó un planteo de nulidad de la defensa en la audiencia que se realizó en el Escuadrón 36 de Gendarmería, de Esquel. "No les tengo miedo, no tengo miedo de ir preso ni de morir", gritó Jones Huala.

La jornada se inició con el ingreso de unas 20 personas, en su mayoría integrantes del pueblo mapuche-tehuelche y de organismos de derechos humanos. "Viva la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que existe y resiste", gritó en mapuzungun, la lengua mapuche, Jones Huala. "Justicia por Rafa Nahuel y Santiago Maldonado", respondió el público en la sede de uno de los escuadrones que, paradójicamente el 1 de agosto de 2017, participaron de la represión a la comunidad que lidera Jones Huala, donde ocurrió la desaparición seguida de muerte del tatuador anarquista. Cada une levantó una foto de Maldonado, y exhibieron banderas mapuches y tehuelches.

"Planteamos al juez que debía suspender el juicio por la extradición, en virtud del artículo 11 inciso E de la Ley de Extradición, que establece que no será concedida si el Estado requirente no presenta las garantías necesarias respecto a descontar el tiempo que la persona a ser extraditada ya pasó privada de su libertad", explicó Soares. El letrado indicó que pidieron "la nulidad de todo lo actuado porque no nos permitieron presentar nuestras pruebas, esto fue rechazado pero el juez abrió una puerta inesperada, la posibilidad de que la Cámara de Casación anule el juicio porque nos preguntó si hacíamos reserva de Casación, y le dijimos que sí". 

En las audiencias preliminares, el juez había justificado su decisión de no avalar las pruebas de la defensa por considerarlas una reiteración del juicio de extradición previo, realizado en 2018. Franquet, por su parte, sostuvo que con las pruebas rechazadas por el Juzgado se pretendían demostrar violaciones a los derechos humanos, étnicos y políticos sufridos por el lonko en la prisión chilena de Temuco, entre 2018 y 2022. 

Jones Huala, de 37 años, es requerido por el Estado chileno para que complete la pena de 9 años de prisión a la que fue sentenciado en 2018 por la Sala de Juicio Oral de Valdivia, que lo condenó por los delitos de incendio de un fundo en 2013 y tenencia ilegal de arma. Le resta cumplir un año y cuatro meses de pena. En febrero de 2022, el dirigente mapuche se fugó de Chile durante la prisión domiciliaria que le había otorgado un Tribunal intermedio del país trasandino -aunque esa medida fue revocada luego por la Corte Suprema de Justicia chilena- y permaneció casi un año prófugo. El 30 de enero pasado fue detenido en El Bolsón, en estado de ebriedad, y unos días más tarde lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.

Rafael Nahuel

"Cierto es que esta vez fui detenido de una manera un poco vergonzoza, pero soy una persona, un hombre mapuche de las clases populares, mi familia ha sido marginada", dijo Jones Huala tras los alegatos, y durante casi una hora defendió las acciones más radicales llevadas a cabo en Argentina y Chile, atribuidas a la lucha por la tierra del pueblo mapuche. El detenido dijo ser un "combatiente y revolucionario" y anticipó nuevos y mayores conflictos hasta tanto "el Estado no dé una solución política" a los reclamos. Jones Huala acusó a los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de "perseguir y asesinar" a los miembros de ese pueblo originario. Además, lamentó no tener armas para ejercer las "acciones de autodefensa" y acusó al juez Villanueva de ser "un corrupto" y de "tener en sus manos la sangre de Rafael Nahuel", ya que fue ese magistrado quien ordenó el operativo policial para el desalojo de la comunidad de Villa Mascardi en el que fue asesinado Nahuel por parte de un escuadrón del Grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017. "No les tengo miedo, no tengo miedo de ir preso ni de morir", desafió el lonko de Cushamen.