El próximo martes los científicos que no ingresaron a la Carrera del investigador Científico (CIC) se reunirán con las autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica en una nueva sesión de la comisión mixta. Su lucha plantea el ejercicio del derecho al trabajo, pues, pese a ser recomendados y sortear todas las instancias de evaluación, aún no resolvieron su situación que acumula capítulos desde fines de 2016. Si bien el ajuste presupuestario y los recortes en el sector han sido denunciados por numerosos representantes de la comunidad científica, las autoridades plantean una realidad que poco condice con el pulso general y el clima que se respira por estas épocas. “En 2017 arrancamos con un crédito presupuestario de 14 mil millones de pesos, y hubo dos incrementos, uno de 950 millones y otro de 1660 millones. Esto demuestra la prioridad que le brinda el Gobierno a la generación del conocimiento”, señaló con –una dudosa– convicción el subsecretario de Políticas, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado. Y luego completó: “esperamos que para 2023 se supere el 1 por ciento del PBI destinado a ciencia y tecnología”, frase que encendió las alarmas de los presentes, ya que dicho porcentaje constituye la promesa de Mauricio Macri, que en el fragor de la campaña, se comprometía a cumplir antes de culminar el mandato en 2019.

El tono generalizado del discurso buscó quitarle responsabilidades al Conicet como único organismo de investigación, trasladar el peso a las universidades y recurrir a la vieja deuda de “federalizar el sistema” con el objetivo de justificar la propuesta de relocalización forzada de los investigadores. Desde aquí, “mientras que el Conicet ha incrementado sus recursos humanos, las universidades retrocedieron en la cantidad relativa de docentes-investigadores”, apuntó Agustín Campero, secretario de Articulación Científico-Tecnológica.

En mayo, en las universidades se crearon 410 cargos de Jefe de Trabajos Prácticos para alojar a los candidatos que aspiraban a ingresar a carrera y no pudieron. Aquí radica el conflicto: la política flexibiliza las condiciones de trabajo ya que los recursos humanos deben mudarse a los distintos destinos y cobrarán menos dinero por sus funciones; comenzarán a trabajar en instituciones que no han solicitado por sus servicios; y en tan solo dos años deberán concursar nuevamente por el puesto. No obstante, las autoridades construyen otra perspectiva. “Pensamos que es lo más similar al ingreso a la carrera de Conicet. Hay universidades que no querrán ningún investigador así como están aquellas dispuestas a tomar decenas. La relocalización de investigadores atiende al objetivo de federalización”, describió Campero. “El 60 por ciento de nuestros investigadores habita en Buenos Aires y en Capital Federal. En efecto, queremos que se radiquen en el interior y les brindaremos un apoyo extra. Hay ventajas concretas: quienes vayan a las provincias tendrán mejores posibilidades de crecimiento, a diferencia de la UBA donde tienen que competir con cinco generaciones para acceder a un cargo de profesor titular. No es una política forzada sino que atendemos a una demanda”, aseguró Barañao.

Desde este punto de vista, en relación a las nuevas condiciones de contratación, “más de la mitad de los sueldos de los investigadores estarán por encima o en el mismo nivel que el que tendrían si hubieran accedido a carrera, pero dependerá mucho de la universidad. Además, las condiciones de trabajo son muy buenas en todas las provincias”, planteó Campero. En esta línea, el Ministro concluyó: “entendemos el reclamo gremial pero cada becario posdoctoral nos salió un millón y medio de pesos. Es la sociedad la que tiene el derecho de utilizarlos en donde crea más conveniente. Los investigadores tienen una deuda y que comiencen a desarrollar sus tareas en universidades del interior nos asegura que cada peso que invertimos tenga un saldo positivo porque fomenta una mejor orientación del recurso humano”, concluyó Barañao.

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