Luego de que se difundiera la noticia de que el fotoperiodista y militante Facundo Molares murió en medio de un operativo policial en el Obelisco, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, respaldaron el accionar de las fuerzas de seguridad porteñas.
Al respecto, la coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, calificó a la reacción de los funcionarios de la Ciudad como "preocupante".
"Esuchar a un ministro de Seguridad que, sin conocer las pruebas que existen sobre los hechos ocurridos, da un aval, felicita, agradece y hace una defensa corporativa de la intervención policial es realmente preocupante porque eso alimenta esta idea de policiamiento total de las políticas de seguridad", planteó en AM750.
Además, la entrevistada explicó que el ministro de Seguridad porteño "tiene la responsabilidad de realizar investigaciones administrativas" sobre prácticas y situaciones como las ocurridas este jueves por la tarde en el Obelisco.
"Sobre lo que tiene que rendir cuentas el Gobierno de la Ciudad es por qué la policía quiso detener a estas personas, mostrar la prueba que haya y evidenciar cómo fueron las maniobras de detención. En los videos que circularon en las últimas horas, vemos también una incapacidad por parte de los efectivos de atender a la persona", agregó Darraidou en Aquí, allá y en todas partes.
Sobre este punto, la integrante del CELS reveló que uno de los debates centrales sobre las policías tiene que ver con la "democratización de las fuerzas de seguridad, con impedir el autogobierno policial y que haya un gobierno político y civil de las fuerzas en nuestro país". En ese contexto, remarcó, la defensa corporativa de los efectivos es contraproducente.
Por último, Darraidou habló del prontuario de la Policía de la Ciudad y los "patrones" de inconducta de los efectivos, sobre todo en manifestaciones y protestas: "Por otros casos, en la policía porteña vemos patrones de obstaculización como detenciones arbitrarias, cacerías que se producen cuando van finalizando las protestas sociales, recuerdo la del 8M, efectivos sin uniforme, sin identificación y agentes infiltrados que golpean a personas que luego van a detener", concluyó.
Comunicado completo del CELS
El militante popular y fotorreportero Facundo Molares murió ayer como consecuencia de la represión de una protesta por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el Obelisco. Agentes policiales golpearon y patearon a manifestantes mientras hacían una asamblea en la Plaza de la República. A Facundo, según testimonios, lo aplastaron contra el piso durante varios minutos. Ninguno de los efectivos que lo rodeaban intentó reanimarlo de inmediato.
El gobierno de la Ciudad salió a instalar una versión de los hechos que pretende sostener que Facundo murió por causas que nada tienen que ver con el operativo policial, antes de que cualquier investigación judicial haga su trabajo. Ya hemos visto este tipo de respuestas en otras ocasiones equivalentes. Por eso es fundamental garantizar que se preserve toda la evidencia: cámaras de seguridad de la zona e información médica del SAME, del hospital y de la autopsia.
Participar de una protesta no puede ser una decisión que pone en riesgo la vida. La última vez que la represión había provocado muertes en Buenos Aires fue en diciembre de 2010, cuando Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro fueron asesinados en un operativo de fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Policía Federal Argentina en el parque Indoamericano.
Hoy estamos de nuevo ante una situación que nos conmueve y nos moviliza. Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática. Estas acciones policiales violentas no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen derechos democráticos fundamentales como manifestarse.
Conocimos a Facundo Molares y su trayectoria a partir de su detención ilegítima en Bolivia. En el contexto del golpe de Estado de ese país Facundo registró distintas situaciones y por eso fue privado de libertad durante más de 10 meses. Después de muchas gestiones recuperó su libertad y regresó a la Argentina. Meses después sobre la base de una acusación infundada, fue sometido a un proceso de extradición, reclamado por la justicia de Colombia y sin justificación alguna, fue detenido durante casi 11 meses. Finalmente la justicia de Colombia desistió el proceso de extradición, a partir de las gestiones realizadas en ese país por distintas organizaciones sociales que reclamaban por su liberación.
La muerte de Facundo tiene que esclarecerse. Las autoridades deben dar un mensaje claro y contundente de que esto no puede pasar en la Argentina.
