René Machaca es antropólogo, becario del Conicet y miembro del pueblo kolla de Tilcara. Cualquiera de esas tres condiciones le dan autoridad suficiente para hablar sobre el conflicto en el cual las comunidades indígenas de Jujuy están tensando con el gobierno de Gerardo Morales por la polémica reforma constitucional que pone en riesgo la ancestral ocupación territorial en la provincia, así como los recursos naturales que existen en la misma. Sin embargo, Machaca -que también es docente- antepone a todo aquello otra cuestión: “Hablo en función de toda la memoria colectiva de mis antepasados y de la larga lucha que hemos llevado adelante desde hace tiempo los pueblos originarios, que somos naciones preexistentes al Estado y a los partidos políticos mayoritarios que tuvimos a partir del siglo XX en Argentina”.

Los reclamos contra la administración de Morales, que comenzaron el lunes 5 de junio y ya llevan más de dos meses, arrancaron inicialmente como una discusión docente por la mejoría de salarios de pobreza. Las huelgas y movilizaciones fueron escalando en volumen y también en adhesión, mientras el gobernador provocaba y amenazaba a la distancia, más preocupado por su -finalmente fracasada- campaña junto a Horacio Rodríguez Larreta que por el estallido en su propia provincia. Las comunidades indígenas añadieron su propia lucha contra una reforma constitucional para la cual no fueron consultadas. Según Machaca, no fue solo el espanto el que unió a docentes e indígenas en Jujuy. “Es que muchos de los líderes indígenas también son docentes”, apunta el antropólogo kolla. “Es decir: no se trata del indio solito perdido en el medio del cerro con una llamita, calladito por ahí. Por el contrario, es un indígena incorporado a la sociedad, que también es agente del Estado, como lo es un maestro. ¿Cómo no nos iba a preocupar ese reclamo si, además, la escuela es un instrumento clave para la liberación educativa e intelectual?”.

A pesar de que Morales y sus lugartenientes intentaron estigmatizar los cortes de rutas indígenas, acusándolos de estar financiados “por el kirchnerismo y la extrema izquierda” o “el turismo piquetero” (tal esbozó el constituyente radical Alejandro Nieva), René Machaca defiende el carácter genuino de una protesta que no necesita salir a buscar patrocinadores, pues tan solo en Jujuy conviven más de 400 comunidades. “En relación a la cantidad, a la cabeza está el pueblo kolla, aunque esto sea un apelativo genérico que engloba el Kollasuyu, una de las cuatro grandes divisiones territoriales del viejo Tawantinsuyu incaico”, reseña Machaca. “Luego, siempre hablando de números, nos siguen los guaraníes, con su lengua todavía vigente en la zona de tierras bajas. También los tilianes, los omaguacas, los toaras, los atacamas. Y, claro, el pueblo quechua, que es el único que ha mantenido su lengua originaria, a pesar del brutal despojo padecido hace más de cien años por el proyecto de “civilización o barbarie” de Sarmiento. A los españoles no les quedó otro remedio que decir que todos eran indios, aunque somos una diversidad sostenida por denominadores comunes”.

- ¿Cuál sería el denominador común más visible de la actualidad?

- La Wiphala es uno de ellos, sin dudas. Una bandera con los colores del arcoiris que ha estado antes de la declaración de Bolivia como Estado plurinacional, porque también representa la relación permanente entre distintos pueblos originarios del Abya Yala, el continente americano, en lengua kuna. Estamos muy cerca unos de otros y tenemos una conciencia indígena panandina, ya que además nos une una misma cosmovisión, valores que tienen que ver con la Pachamama, con concebir elementos que vienen de la espiritualidad prehispánica y que se han condensando con la espiritualidad del catolicismo. Un ejemplo de ese sincretismo es la Virgen de Copacabana, tan importante en la región andina, cuya imagen ha visitado los cortes de ruta como una muestra de nuestra vocación de paz y de búsqueda de canales de diálogo. Somos indígenas que estamos interconectados con el mundo y la aldea global; es decir: en un contexto de colonización y pluriculturalidad, esforzándonos por establecer lazos de interculturalidad permanentes, en el sentido de enriquecernos mutuamente, más allá de la simple tolerancia entre culturas.

- ¿Cuál es la línea histórica que se podría hacer entre el primer Malón de la Paz de 1946 y el actual?

- En el primero las comunidades fueron a pedirle a Perón la titularidad de tierras que ya ocupaban, y si bien finalmente fueron echados a patadas, tres años después las mismas se expropiaron a latifundistas y se entregaron a la provincia de Jujuy para que fueran regularizaradas. Pero eso no sucedió y el problema se pateó hasta la actualidad. Técnicamente, estamos sobre tierras fiscales, aunque nos avala la legislación internacional y el derecho consuetudinario: las ocupamos desde tiempos inmemoriales, con la curiosidad de que los sucesivos reyes españoles reconocieron la propiedad comunitaria. Recién nos fueron despojadas en la década de 1830, cuando se inicia el proceso de organización nacional y las autoridades indígenas son abolidas. Luego hubo batallas y masacres hasta que los malones de la paz buscan negociar con el Estado.

- ¿Cómo se puede entender que el gobierno de Gerardo Morales enfrente hoy este nivel de rechazo cuando sus legisladores y asambleístas constituyentes obtuvieron la mitad de los votos en las elecciones de mayo?

- La respuesta es sencilla: la mayoría de las comunidades pensamos que había posibilidades de discutir los puntos de la reforma constitucional que atañen específicamente a los pueblos originarios, pero con consulta real y efectiva a lo largo de, por lo menos, algunos meses. Sin embargo, todo se realizó en menos de veinte días. Nos dijeron incluso que el texto original de la reforma había sido escrito directamente en Buenos Aires por Ricardo Gil Lavedra y que llegó directamente a la asamblea sin discutirse ni una coma. A mí me parece un horror. Sin embargo, esto fue una olla en ebullición que venía desde hacía rato y nadie lo tomaba en cuenta.

- ¿En qué sentido?

- El asunto indígena en Argentina no ha sido considerado en su plenitud. Por ejemplo, durante la presidencia de Mauricio Macri se desmanteló la Oficina de Educación Intercultural Bilingüe en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Lo sé muy bien porque en ese entonces me desempañaba como consultor indígena. Era un espacio interesante, en el sentido de que permitía articular políticas de educación acordes con las identidades étnicas, culturales y lingüísticas de los pueblos originarios. El ministro Esteban Bullrich fue cómplice de ese desmantelamiento, pero durante el gobierno de Alberto Fernández tampoco se hizo mucho por rearticularlo. El resultado de todo eso es una falta de interés y conocimiento de parte de las autoridades respecto de los derechos y necesidades de los pueblos indígenas. Y no solamente del pueblo kolla, sino de otros lugares del país, tal como quedó claro, por ejemplo, con la muerte de Rafael Nahuel en el sur, cuando a Patricia Bullrich no le tembló la mano para autorizar a la Gendarmería a que metiera bala a los mapuches.

- ¿Coincide en que, más allá de la situación puntual de las comunidades del norte, la represión que padecieron es un ensayo de lo que podría pasar a partir de diciembre?

- Lo observo como una reacción que ya no es neoliberal, sino estrictamente conservadora, en el sentido de que vuelven a instalar en nuestro país esa antinomia de civilización o barbarie en la que los indios tienen que ser disciplinados a fuego y bala. Morales se ha ido encerrando en una tendencia nacional de la derecha a presentar un proyecto de país más duro, menos democrático. Y eso, para mí, tiene un costo muy grande: la reforma constitucional tal como se llevó adelante es el acabose del contrato social en Jujuy. Aunque en lo personal me reconozco pacifista y entiendo que la Justicia es el único camino para la paz. Si el gobierno jujeño hubiese iniciado un diálogo sincero, no hubiera habido cortes de rutas en la provincia.

- ¿Vislumbra alguna salida a este conflicto?

- Que las distintas agrupaciones políticas que van a regir los destinos de nuestro país dejen de ningunearnos y nos den voz para dialogar y construir un país que está sustentado en la pluriculturalidad. Y, en otro aspecto, que respeten el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que fue ratificado en Argentina por ley en 1992 y que nos garantiza a los pueblos indígenas nuestro derecho a opinar y participar en decisiones que nos afectan. Todo ello, considerando que la explotación de litio ya se inició aquí, en Jujuy, expoliando nuestros recursos, empezando por el agua misma.