Autoridades nacionales y provinciales anunciaron inversiones en el marco del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (AGRO XXI), en el ámbito de los ex lotes fiscales 55 y 14 de la provincia de Salta.
El anuncio se hizo en una sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este, realizada el pasado 15 de agosto en la localidad cabecera del departamento Rivadavia, casi en el límite tripartito que el país comparte con Paraguay y Bolivia.
Según se informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los recursos serán destinados a la relocalizacion de las familias campesinas, como marca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en febrero de 2020 ordenó al Estado nacional, y al provincial, entregar el título de propiedad comunitaria sobre 400 mil hectáreas a favor de las comunidades indígenas que integran la Asociación Lhaka Honhat.
El tribunal internacional también reconoció derechos de las familias criollas asentadas por generaciones en ese territorio, y les otorgó la posibilidad de reubicarse en 200 mil hectáreas.Con ese fin, las familias criollas "recibirán apoyo para la instalación de pasturas, cerramientos y represas de agua con fines productivos, de manera de incentivar su relocalizacion fuera del territorio indígena", detalló la Secretaría de DDHH de la Nación, cuyo jefe de gabinete, Nicolás Rapetti, preside la Unidad Ejecutora de la sentencia.
Esta es la primera vez en 30 años de conflicto territorial que el Estado Nacional realizará una inversión destinada a apoyar a la totalidad de las 250 familias campesinas que firmaron acuerdos con las comunidades indígenas para reubicarse fuera de su territorio. A su vez AGRO XXI también financiará la instalación de cercos agroforestales para la producción de alimentos entre las comunidades indígenas, con el fin de cumplir las órdenes impuestas en la sentencia en materia de soberanía alimentaria.
De la reunión extraordinaria de la Mesa de Gestión Territorial participaron, además de Nicolás Rapetti, Pablo Sívori, subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo del Ministerio de Economía, y autoridades del INTA, el INAFCI (Instituto Nacional de la Agrcultura Familiar Campesina e Indígena) y los ministerios de Desarrollo Social, Infraestructura y de la producción del gobierno de Salta.
La Secretaría de DDHH indicó que la formulación, diseño y ejecución en territorio de los proyectos estará a cargo del equipo local del INTA y el INAFCI y de la Unidad Ejecutora de la provincia.
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas sobre el territorio que ocupan ancestralmente llegó en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En estos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante negociaciones sobre el territorio de 643 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14. En ese largo proceso se destacó la participación del fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2020 ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.
