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Para Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, el museo que funciona en lo que fue el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) es un “museo de la desmemoria o un museo donde la memoria perdió la memoria”. En el día en el que se cumplían 20 años desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), además, arremetió contra los juicios por crímenes de lesa humanidad al decir que se violan las garantías constitucionales de quienes están sometidos a proceso.
En una entrevista en el canal A24, Villarruel no escondió sus intenciones hacia emblemas de la política de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina: el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–, el Parque de la Memoria y los juicios contra los genocidas. Incluso cuando le preguntaron cómo seguiría la búsqueda de los nietos y de las nietas si llegaran a ser gobierno, respondió: “Yo he sido muy crítica de ambas organizaciones de derechos humanos parciales –en alusión a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo– porque, en ningún momento, tuvieron un repudio al terrorismo. Creo que en algún momento hay que pasar a vivir en el presente y en el futuro, pero eso implica hacerlo con verdad para todas aquellas víctimas que han sido ocultadas”.
Villarruel es una abogada de 48 años que saltó a la política libertaria desde las organizaciones que se proclaman como de “memoria completa” –es decir, las que surgieron a principios de milenio como una reacción a la presencia renovada en la agenda pública de la temática de derechos humanos. Desde 2006, preside el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una especie de calco del CELS de la derecha, que se formó justamente el año en el que comenzaban los procesos contra los genocidas. El principal objetivo de la organización de Villarruel es sentar en el banquillo de los acusados a los militantes de los años ‘70 –a quienes se refiere como “terroristas”.
Cuando le preguntaron qué tenía pensado hacer con el predio de la ESMA, dijo que debería volver a la familia Raggio, que lo había donado a la Armada para que funcionaran institutos de formación y no un espacio de memoria. La información sobre la pertenencia pasada del predio es incorrecta, contestan referentes de organismos de derechos humanos. Pero más allá de esa chicana, Villarruel se propone impugnar el tipo de memoria que se construye desde allí. “Es un lugar donde se cuenta la mitad de la historia”, se despachó al referirse al museo que funciona en el excasino de oficinales –que era usado como centro clandestino durante los años del terrorismo de Estado.
Los periodistas le consultaron si pensaba en cerrar el lugar. “Creo que hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino, no de gente que está con subsidios, que sus ONG son bancadas, que tienen cargos públicos y que han manejado la historia como si fuera propiedad de ellos”, espetó, aunque acabó reconociendo que no había pensado qué hacer con el espacio que es el emblema del terrorismo de Estado y que ya en la década de 1990 Carlos Menem había intentado demolerlo para edificar un “parque para la reconciliación nacional”, iniciativa que fracasó gracias al empeño de referentes de organismos de derechos humanos como Laura Bonaparte y Graciela Lois, que presentaron un amparo ante la justicia.
“Si ahí hubo abusos --agregó sembrando un manto de dudas--, están siendo juzgados hace cuántos años. Llevan más de 30 años con este tema, ¿y las víctimas del terrorismo cuándo?”, reclamó la diputada de LLA, que la semana pasada se congratuló en una entrevista con Alejandro Fantino por haber corrido los límites de lo decible al impulsar consignas como “no fueron 30.000”.
Villarruel terminó contando que en 2011 había pedido que el Celtyv tuviera un espacio dentro del predio de la avenida del Libertador, pero que ese planteo fue rechazado tanto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri en la Ciudad y el Instituto Espacio Memoria (IEM). La primera visita de Villarruel a la exESMA fue en enero de 2016 de la mano del entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
La candidata a vice de Milei dijo que durante la gestión Cambiemos hizo un planteo para que se saquen nombres de víctimas en el Parque de la Memoria. “Ahí debieran estar los nombres de las víctimas del terrorismo también”, demandó.
A diferencia de Milei que había descartado un indulto para los criminales de lesa humanidad, Villarruel no fue tan precisa. “No lo estamos analizando como indulto o amnistía. Sí creo que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente y esto ha pasado en estos juicios. Esto es algo que es grave porque afecta no solo las garantías constitucionales de aquel que está en estos juicios sino de todos nosotros”, dijo.
Después de que el líder de LLA desestimara un indulto para los genocidas, parte de la familia militar estalló de ira. Una de las más estridentes fue Cecilia Pando, que le recordó a Villarruel su cercanía con el represor de la ESMA Alberto González, condenado a prisión perpetua. El marido de Pando, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, le enrostró a la candidata a vice de Milei que se había olvidado de su pasado, cuando supuestamente organizaba visitas a Jorge Rafael Videla.
No son abusos, fue terrorismo de Estado
Villarruel rechaza ser negacionista. Sin embargo, cada vez que le preguntan si hubo terrorismo de Estado, rehuye a la pregunta y habla de abusos. “Más que abusos, lo que hubo fue un plan sistemático de tortura y muerte. No hay dos historias en la Argentina, hay una y está absolutamente probada”, responde Graciela Lois, la referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas que fue a la justicia para impedir la construcción de un parque en la ESMA. “Nosotros no preservamos este lugar para que ellos sigan con sus mentiras, lo hicimos para que las nuevas generaciones conozcan la impunidad con la que perpetraron sus crímenes. Yo sigo queriendo saber qué pasó con Ricardo, mi marido, y no lo sé porque los genocidas –a quien Villarruel dice que se le violaron las garantías en los juicios– siguen callando la verdad”.
La política de enjuiciamiento de la Argentina –reanudada en 2006– es un modelo en el mundo e involucra a los tres poderes del Estado, responden desde la Secretaría de Derechos Humanos. Desde la caída de las leyes de impunidad, se llevaron adelante más de 320 procesos en los que casi 1200 personas fueron condenadas y más de 170 absueltas. Toda decisión judicial es revisada por las instancias superiores, es decir, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte.
“Hay que ser enfáticos a la hora de alertar a la sociedad acerca de estos discursos negacionistas”, contesta el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. “Estos discursos solo quieren buscar impunidad y encubrimiento para quienes secuestraron, torturaron, violaron a hombres y mujeres sin importar la edad, mantuvieron a mujeres embarazadas en centros clandestinos –y a muchas incluso les practicaron cesáreas sin anestesia– para robarles a sus hijos e hijas. Después arrojaron a miles de detenidos vivos desde aviones y a otros los enterraron clandestinamente en fosas comunes”.
