Las medidas paliativas de la devaluación post-PASO que implementó el Gobierno para recomponer los ingresos de los sectores populares y renovar el ánimo social de cara a lo que resta de la campaña electoral despertó reacciones encontradas. En un contexto de altísima politización, la apuesta oficial no pasó de largo.
Las pymes, por caso, salieron a apoyar los anuncios porque entienden que permiten recomponer la dinámica del mercado interno, mientras que la CAME y la CAC, más ligadas políticamente al gran empresariado, advirtieron que las medidas impactan sobre los costos de las compañías y criticaron al Gobierno.
Referentes gremiales avalaron los anuncios, que tienen un corte fiscal expansivo, aunque algunos advirtieron que "se quedan cortos" ante la situación del salario, que viene sufriendo frente a la marcha de la inflación. En el oficialismo, la iniciativa es vista como un relanzamiento de la campaña presidencial.
Las pymes
"Apyme considera muy positivas las medidas anunciadas. Es imperioso recuperar y proteger el poder adquisitivo de la población, fortaleciendo la demanda en el mercado interno, y por lo tanto las ventas de las Mipymes", señaló Apyme, una entidad afín al panperonismo, cuyas empresas asociadas dependen estrechamente de la marcha del mercado interno. La entidad celebró que "se contemple la situación diferencial de las empresas a la hora de abonar las sumas fijas dispuestas tanto para los empleados y empleadas privados como del Estado, financiando el 50 por ciento para Pymes y el 100 por ciento para Mipymes, mediante el descuento de contribuciones patronales".
Nuevamente, por el lado de las pequeñas empresas, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dijo que se trata de "anuncios importantes en un momento complicado, donde la gente necesita mejorar sus salarios. Esto viene a ser una recomposición a cuenta que había que hacerla ahora y es clave el acuerdo de precios que está haciendo el gobierno con los combustibles hasta noviembre".
Críticas
En cambio, Jorge Pazos, de la CAME, planteó que "el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance. CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesa diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50 por ciento del incremento dispuesto".
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su "profunda preocupación" por el compromiso que se deberá asumir y remarcó que "son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector".
"La entidad es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación, pero buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación", agregó.
Paliativo
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, dijo que “60 mil pesos era lo que solicitábamos como suma fija en marzo y la realidad es que la inflación ahora está mucho más disparada de lo que estaba en ese momento. Los trabajadores municipales y provinciales son los más afectados hoy en el universo de trabajadores estatales”.
“El plan del FMI es inflacionario y el Gobierno debería haberse animado un poco más en este tire y afloje”, agregó Godoy. Pidió que se adelante la convocatoria al Consejo del Salario y consideró que "el hecho de que esos sectores neoliberales que reivindican a Cavallo, a Macri, a Menem, puedan volver al Gobierno es la demostración muy cabal de que este Gobierno viene muy retrasado a nivel nacional a dar las respuestas que el pueblo”.
En tanto, Omar Plaini, titular del gremio de Canillitas y senador provincial bonaerense del Frente de Todos (FdT), dijo que "son paliativos frente a una situación compleja". "Si esto hubiera quedado al libre albedrío del mercado, ni siquiera tendríamos estos paliativos. La raíz del problema que tiene la Argentina hoy es que se cogobierna con el FMI".
Energía para la campaña
Walter Correa, proveniente del gremio de curtidores y actual ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, consideró "que las medidas anunciadas eran necesarias y positivas para fortalecer la campaña". "Estas medidas inyectan recursos y esperanza para activar la campaña, son positivas, y también nos energizan a nosotros, los militantes, para apuntar a ganar en octubre".
Para Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, "las medidas son de tres tipos: buscan tener más plata en los bolsillos, como el bono a los jubilados y la suma fija; por otro lado está la cuestión de los precios de los alimentos, porque el precio se ha ido muy arriba, y después las medidas para los monotributistas, la posibilidad de acceso a crédito en un contexto complejo".
