“Es necesario que el Estado nacional y los estados provinciales y municipales generen instancias de comercialización propias de los productores, y ahí es donde, por oferta y demanda, van a bajar los precios. Porque por el canal de comercialización establecido, que es concentrado, es muy difícil intervenir en la cadena”, explica Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Los índices del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) vienen demostrando una menor inflación y productos de mejor calidad y precio en las comercializadoras de la economía popular. Esta opción no es alcanzable para la mayor parte de la población, ante la falta de promoción de los llamados Mercados de Cercanía.

“Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina venimos fomentando circuitos cortos donde hay menos incidencia de los intermediarios. Hablamos de cooperativas u organizaciones donde se procura mejorar el precio del productor, pero también llegar al consumidor con alimentos sanos y a precios accesibles”, cuenta Luciana Soumoulou de Bases Federadas, dentro de la MAA.

“El sistema de la economía popular tiene la capacidad de llegar a distintos puntos del país. Pero para que esas capacidades se transformen en abastecimiento masivo, se requiere de una decisión política que implique generar espacios de acopio, fortalecer las herramientas financieras para la compra de alimentos y habilitar líneas de compra estatal, entre otras medidas. Sin eso es muy difícil (sino imposible) trascender los límites propios de la economía popular, en un mundo con niveles de concentración económica, financiera, productiva, comercial tan grandes”, aclara Pablo Blank, parte del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y su comercializadora, Monte Adentro.

“El proceso de concentración económica que estamos viviendo en el rubro alimentos no solo afecta a la tierra, sino también a la producción, el valor agregado y la cadena comercial. Y eso genera un efecto inflacionario. Tenemos camiones que van a buscar la producción de leche a Villaguay para envasarla en General Rodríguez para devolverla a los comercios de Villaguay. Eso es parte del aumento de precios, perjudicando al productor que promueve el desarrollo territorial y también al consumidor”, ejemplifica Ricardo García, de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe).

Nuevo esquema

Tras la sequía, sin capital para afrontar una nueva cosecha, con tasas de interés por las nubes y muchos insumos dolarizados, los pequeños y medianos productores ven en riesgo su superviviencia. Sobre todo porque las ganancias del dólar soja o la especulación con los precios a través de estructuras oligopólicas de producción y comercialización de alimento, han generado una mayor desigualdad entre estos productores y los grandes pooles de siembra o fondos de inversión, aumentando el precio de los arrendamientos y acelerando el procesos de concentración de la tierra.

Hasta 2018, según el INDEC, se perdían 5700 unidades productivas de alimentos por año. En las últimas semanas, la UTT ha denunciado desalojos ilegales en zonas productivas de alimento ligadas a comunidades originarias inscriptas en la Ley 26.160, que reconoce sus territorios ancestrales. Sucedió en Misiones con la comunidad Tacuapí Miní y en Santiago del Estero con la comunidad Tonokote de San Roque y Chañar Pozo. En ambos casos, detrás del desmonte hay empresas nacionales ligadas a intereses multinacionales.

“Ese es el debate: quién va a producir de aquí en adelante los alimentos en el país. Si un puñado de megaempresas que tienen de rehenes a los consumidores o los pequeños y medianos agricultores, que pueden garantizar una alimentación sana y el cuidado del ambiente”, plantea Omar Príncipe, referente de Bases Federadas.

* Coordinación Nacional UTT