Del sumario de objetivos que Javier Milei anotó en su plataforma de gobierno, la que refiere a la salud pública hizo levantar la guardia en diversos agentes del Estado, y también espacios de la sociedad civil, que defienden el acceso gratuito a la atención médica y a medicamentos como un derecho adquirido hace décadas. Arancelar las prestaciones de salud y suprimir el financiamiento para la producción pública de medicamentos hizo poner el grito en el cielo a varios. Entre estos, el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM), y la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, que ayer salieron con un comunicado oficial para expresar preocupación institucional ante los postulados de algunos de los discursos de campaña, y a partir de lo visto y oído en el primer debate de candidatos, del domingo pasado.

“En vista de las próximas elecciones presidenciales, debemos expresar con preocupación nuestra opinión frente a políticas que piensan a la salud como un hecho individual, dependiente de la capacidad de pago de cada persona, y desligada de su entorno. Queremos, entonces, reafirmar que para nosotros la salud es un derecho humano fundamental, de abordaje individual y colectivo, y garantizar este derecho es obligación del Estado”, apunta esta carta abierta que empezó a circular en redes sociales.

La alusión refiere al lugar que ocupa el LEM y el apoyo de la planta piloto de la facultad de la UNR en la provisión de medicamentos de calidad a efectores de atención primaria de la salud, primero de Rosario y ya desde hace más de 10 años a diversos puntos del país como proveedor oficial del Plan Remediar, del Ministerio de Salud de la Nación.

“Para nosotros –continúa el planteo–, el medicamento es un bien social y no una mercancía. A través de sus propias historias, nuestros laboratorios vienen llevando adelante un proceso de inversión y modernización continuo que nos fortalece hacia el futuro. Allí se mejora día a día el ámbito laboral y la eficiencia en la producción, se amplía la capacidad productiva, aumentando así el número de especialidades medicinales, con certificados de alcance nacional. Además desarrollamos nuevos medicamentos, para satisfacer desde la producción pública, la demanda de la salud pública, y garantizar la accesibilidad a medicamentos seguros y de calidad”.

La carta concluye con un exhorto a defender “lo que se ha logrado construir con muchos años de esfuerzo, de nuestros trabajadores y profesionales”.

Este laboratorio, como sociedad del Estado municipal hace 25 años, provee de fármacos a hospitales y centros de salud de Rosario, y también a efectores provinciales a través de un convenio con el LIF provincial (Laboratorio Industrial Farmacéutico). Y además, es el primer laboratorio público del país en ganar una licitación de orden nacional, y desde entonces provee sueros de internación a diversos hospitales del país a través del Plan Remediar.

En promedio, produce unos 3 millones anuales de unidades de sueros en siete variedades, que en su mayoría abastecen el programa nacional de medicamentos. En otra planta, fabrica hasta 25 millones de comprimidos, 1 millón de cremas, 1 millón de soluciones líquidas sobre un menú de diversos fármacos de la atención primaria de la salud.

Por estos días, incluso, el plan de producción del LEM se aboca a producir 2 millones de comprimidos de ácido fólico, 500 mil pomos de corticoide betametasona y de antimicótico miconazol, y 500.000 goteros de salbutamol, fármaco para problemas respiratorios.

Un hito más reciente que puso de relieve al LEM fue su producción de repelente durante el último brote de dengue, para garantizar el abastecimiento en la red de salud pública cuando ese producto faltaba el mercado.

Desde el directorio puntualizaron la diferencia de precios que ofrece el LEM respecto de la industria farmacéutica privada. En promedio, los productos del laboratorio municipal cuestan el 10 o 20 por ciento del precio final que las compañías colocan sus productos en la farmacia.

En diálogo con Rosario/12, el presidente del directorio del LEM, Juan José Dalloisio, resumió todo en que "el 70 por ciento de la población de América Latina tiene acceso a medicamentos de calidad gracias al Estado, y es esto lo que es imprescindible defender y sostener. Es una cuestión ideológica: concebir el acceso a la salud como un derecho humano", recalcó.