En lo que va de este año, en el norte del país se deforestaron 90.755 hectáreas, un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022, año en que se detectó la deforestación de 74.698 hectáreas. La situación más grave se da en el Chaco y en Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales. Si bien Salta tuvo la menor cantidad de hectáreas deforestadas, en total se registraron más de 5 mil en lo que va del año, los desmontes se realizaron pese a la desactualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Frente a la situación, la organización ambientalista Greenpeace volvió a convocar a la ciudadanía a votar sobre la posibilidad de que el desmonte sea considerado un delito penal. La intención es presentar un pedido ante el Congreso Nacional a través de una consulta popular que precisa de la juntada de firmas en todo el país.

“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, calcula que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en el Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero fue de 30.828 hectáreas; en Formosa, de 12.498 hectáreas; y en Salta, 5.582 hectáreas; totalizando 90.755 hectáreas, el equivalente al tamaño de 4,5 ciudades de Buenos Aires.

En Salta todavía está pendiente además la actualización del mapa de OTBN, que debía haberse hecho en 2014. Esta cartografía esteblece con claridad donde se puede desmontar, y donde no. Este año hubo convocatorias a audiencias públicas para desmontar. Pero desde la Secretaría de Ambiente de la provincia se aseguró que no se llevarían adelante.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

Sobre la propuesta de penalizar la deforestación, Giardini dijo: “Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la consulta popular para decidir si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló.

En www.votaporlosbosques.org se puede participar de la consulta popular promovida por Greenpeace. Estará habilitada hasta el 10 de octubre y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.