Consumos problemáticos, situaciones de violencia que atraviesan las sociedades a partir del narcotráfico, regulaciones del consumo cannábico a través del modelo uruguayo y campañas de prevención, fueron los temas del ciclo de entrevistas para una nueva política de drogas, que organizó la Asociación Civil Miradas, con la participación de especialistas de países de la región, periodistas, activistas e integrantes de la sociedad civil en su conjunto. “En el continente tenemos un mismo patrón de problemas y dificultades y que necesitamos poner sobre la mesa la necesidad imperiosa de rediscutir una ley de drogas admitiendo el fracaso del actual paradigma que puede ser sintetizado como 'guerra a las drogas' que demostró ser, exclusivamente, una guerra a las personas como usuarias y usuarios”, consideró el presidente de la Asociación, Fabián Peralta, como enseñanza central de estas jornadas que se desarrollaron en cuatro encuentros virtuales.
“La persecución se implementa y aplica de una forma distinta en diferentes comunidades; no siempre es lo mismo, todos sentimos la persecución de una manera muy diferenciada dependiendo de la raza, del género, del estatus económico y/o el lugar de origen, y es ahí donde vemos daños y consecuencias negativas sustanciales”, reflexionó la activista mexicana Zara Snapp, en el primer capítulo de este ciclo, estructurado a través de entrevistas realizadas por periodistas de la ciudad.
"En Rosario tenemos un problema que está vinculado a la violencia que desata la venta de drogas ilegales y que de alguna manera nos estigmatiza; evidentemente las políticas abordadas hasta aquí no dieron resultado”, opinó la comunicadora Evelyn Arach, en diálogo con la cofundadora y asesora institucional de la Asociación Civil Intercambios Graciela Touzé, quien analizó: “Gran parte de esos efectos tan nocivos, como puede ser toda la violencia que se genera alrededor de un mercado que es ilegal y clandestino, termina estando en manos de organizaciones criminales, y eso en gran parte es producido por la condición de ilegalidad”.
Frente a la búsqueda de abordajes superadores, el modelo uruguayo de regulación de consumo cannábico, del cual se cumplirá una década en diciembre próximo, plantea desafíos interesantes. “En aquel momento recordemos que era el gobierno de José “Pepe” Mujica y se dio una especie de primavera, de nueva agenda política y de derechos donde en pocos meses se aprobó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana con una centralidad muy importante también desde el parlamento”, le contó el Senador suplente de Uruguay y ex Secretario General de la Junta Nacional de Drogas y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis Diego Olivera a la periodista Sabrina Ferrarese.
En tanto, el presidente de la Fundación Latinoamericana Reforma y perito de la Defensoría Penal Pública de Chile, Sergio Sánchez Bustos, consideró que los Estados se ocuparon de hacer campañas “totalmente absurdas” para lograr que se “modifique la conducta de la población en relación al consumo. Son campañas que están aprisionadas por la política y el sentido común, puesto que los políticos que manejan estos organismos en nuestros países confunden el tener un abordaje de reducción de daños con perder votos”.
