Vecinas y vecinos de La Caldera atraviesan un momento histórico. Tras haber ganado un amparo ambiental que presentaron en 2019 contra el Ministerio de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta (su denominación de ese año) y la comuna caldereña, el martes pasado participaron en un taller destinado a delinear el futuro Plan de Manejo Integral de la microcuenta del río que lleva el mismo nombre de la localidad, tal cual ordenó el Juzgado de Minas de la provincia.
Por medio de esa acción colectiva, vecinas y vecinos ejercieron su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión y protección del ambiente. Los argumentos utilizados en el amparo ambiental se hicieron eco de leyes nacionales de protección como las 25.675, de presupuestos mínimos para la gestión ambiental, y provinciales como la 7.070, de protección del medio ambiente, sancionada en 1999, publicada en enero de 2000, y modificada en 2015.
En esta última norma, el Estado provincial se comprometió a garantizar "la participación ciudadana en los proyectos, actividades o acciones que involucren al medio ambiente y los recursos naturales". También, a garantizar toda acción de "defensa, protección y restauración". Completa el sustento legal del amparo el hecho de que estas instancias participativas están garantizadas en Argentina desde 2020 por instrumentos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, ratificado por la ley 27.566. También garantiza la participación ciudadana en este tipo de instancias de planificación.
Mediante el amparo ambiental vecinas y vecinos reclamaron que la Provincia y el municipio coordinen la reparación económica por los efectos generados por el manejo irregular en la extracción de áridos en barrios de esa localidad. Fueron los aludes e inundaciones ocurridos en 2018 y 2019 las gotas que colmaron la pasividad de la población caldereña ante el deterioro progresivo y notorio de su ambiente de cercanía.
El recurso colectivo, con el patrocinio del abogado José Lazarte Vigabriel, obtuvo una sentencia favorable que quedó firme en 2021 y el 7 de julio de este año el Juzgado de Minas dio por concluida la primera parte del cumplimiento de este fallo y ordenó realizar una línea de base socioambiental y un diagnóstico participativo orientado al manejo integral de la microcuenca a futuro, y también la reparación de los daños generados debido a la ausencia de mecanismos efectivos de regulación en la actividad de extracción de áridos.
El martes último abrió la jornada la jueza de Minas María Victoria Mossman. "Este taller busca la más genuina participación de todos, para que la planificación sea válida, útil y fundamentalmente realizable", dijo. "Por duras que sean las realidades que tengan que contar y los pedidos que tengan que realizar, les solicito que la participación sea colaborativa, porque nos encontramos en una situación excepcional", agregó. Para Mossman, la excepcionalidad radicaba en que "tanto la parte actora como las demandadas se encuentran presentes. Es una oportunidad", aseguró.
El actual jefe comunal de La Caldera, Diego Zumbay, comentó a vecinos y vecinas presentes que durante su gestión (que se inició el año pasado) vienen "realizando actas de infracción y clausura", a las empresas privadas y particulares que ingresan a la playa del río para extraer áridos. "Esta instancia es importante porque nos va a traer la posibilidad de poder gestionar las obras y delimitar dónde se debe urbanizar y dónde no", añadió en alusión a la demanda habitacional que enfrenta el municipio y debe gestionar durante su administración. "Es
verdad que se hicieron grandes obras en algún momento, pero nunca se consultó a
la comunidad", agregó. Del taller participaron las comunidades originarias que se encuentran relevadas en el área comprendida en el amparo, a quienes previamente se había informado en los términos del Convenio 169 de la OIT.
Puntualmente, el Plan de Manejo Integral a delinear de manera colaborativa y participativa, establece que todas las partes interesadas deberán consensuarlo en un plazo no mayor a seis meses. Por otro lado, el Juzgado interviniente ordenó que su contenido comprenda las actividades, medidas, y acciones a implementar en el área para cumplir con los objetivos propuestos en los aspectos sociales, legales, económicos y ambientales. Además, deberá incluir una descripción de la situación deseada y las medidas necesarias para concretarlas. Finalmente, deberá definir etapas y plazos para concretar su ejecución, y también medidas de prevención y de emergencia frente a riesgos ambientales. Estas últimas requerirán precisar mecanismos, roles, organismos a cargo de las tareas de fiscalización y control de las infracciones.
Por su parte, vecinas y vecinos plantearon algunos puntos básicos para comenzar a concretar sus demandas. Primero, solicitaron identificar y diseñar obras prioritarias de drenaje, debido a la contaminación del río debido a la falta de tratamiento de contaminantes y otros líquidos. En segundo lugar, invitaron a que funcionarios provinciales y municipales con todos los participantes piensen cómo adaptar el crecimiento urbano de la localidad a eventos hidrometeorológicos, geológicos y geotectónicos. La Caldera se encuentra muy cerca de la divisoria de aguas entre el río que le da nombre a la localidad y el San Antonio, que baja hacia Jujuy. La divisoria establece el nacimiento del Valle de Lerma que a esa altura se encuentra en un sector de selva montana, muy cerca de las cadenas montañosas de Los Andes. Finalmente, solicitaron que toda la planificación se oriente a reducir al máximo posible el daño sobre bienes y personas.
Las demandas son dos
Dos fueron lo amparos presentados por asociaciones, fundaciones y vecinas y vecinos de ese municipio, que le reclaman al Estado provincial y al gobierno comunal que se ocupen de coordinar acciones para el manejo sustentable del territorio que habitan. Una de esas demandas ambientales ya las ganaron. Tramita reparaciones y planificación en lo zona alta de las micro-cuencas de San Alejo y Las Nieves que tributan finalmente a la Cuenca Mojotoro-San Francisco. Todas ellas integran la Cuenca Hidrológica del Plata.
"Lo que acaba de ocurrir es un fallo histórico, que se originó por el desmanejo del río La Caldera y terminó inundando a todos los vecinos", recordó Verónica Ardanaz, de la Funcación Cebil. "El segundo pedido de amparo y reparación abarca la cuenca baja, un espacio que es zona de protección", precisó aludiendo al tramo comprendido entre el puente sobre el río La Caldera (conocido por Puente Wierna) y el lugar donde ese cauce intersecta con las aguas del Mojotoro. Ese río colecta aguas de las micro-cuencas de los ríos Castellanos y Lesser.
"La contaminacion acústica es impresionante", mencionó sobre el ruido de los camiones y retroexcavadoras que extraen áridos del río. "La justicia está condenando a la Provincia y al municipio mediante el primer fallo por su accionar en la cuenca alta. Falta ganar el segundo amparo en la cuenca baja", repitió. Detalló que empresas y contratistas particulares extraen áridos del río y dejan montículos de arena y ripio por toda su playa. "Se extrae sin control alguno", reclamó. "Los vecinos no podemos disfrutar del río, los animales se van, los camiones de basura y los atmosféricos arrojan cualquier cosa a las playas, hay microbasurales por todos lados. La contaminación es feroz", aseguró tras describir la velocidad del deterioro ambiental en curso.
"Es importante defender ese curso de agua, porque de allí se sirve la ciudad de Salta, Vaqueros (municipio vecino a La Caldera) y barrios más nuevos como Valle Hermoso y La Misión", enumeró. "Queremos pelear por todas las microcuencas. En Vaqueros también están contaminadas y mal intervenidas", cerró en alusión a la extracción de áridos y el manejo de la basura que se deposita simplemente en las playas de los ríos ubicados en las micro-cuencas que integran el sector norte del Valle de Lerma.
"Tenemos que generar un movimiento de defensa de las cuencas de Salta, comenzando por las del norte de la ciudad. No solamente tenemos el peligro de contar con menos agua por el cambio climatico, sino por el consumo irresponsable y la contaminación desmedida amparada por gobiernos y municipios", advirtió Ardanaz.
