El diagnóstico de la Confederación General Económica, entidad creada en 1953 para representar a la burguesía nacional, es concluyente. Se experimenta una “recesión que provoca reducción del mercado interno y mayor desocupación”. Se critica “la salida de divisas con la consiguiente descapitalización del país, la inserción subordinada de Argentina al sistema financiero internacional”, y no se atiende “con carácter primordial, la distribución equitativa del bienestar general que consagra nuestra constitución”. Además plantea que el flamante plan económico, tiene como una de sus aristas “evitar que se estimule la demanda interna” y no logra “avizorar una inversión en las tendencias recesivas”. 

Sostiene también que “autoridades y funcionarios centran sus objetivos en inversiones externas y repatriación de capitales, pero los mismos solo serían especulativos sino se apunta al desarrollo económico”, mientras concluyen que “la opinión publica observa el debate con funcionarios internacionales y acreedores, pero las entidades representativas de las Pymes están reducidas a ‘meros espectadores’, pues aun no se conocen las intenciones oficiales sobre el papel que se les reservara a estas empresas. ¿Será un papel protagónico o quedaran subordinadas a algunas inversiones del exterior?”.

Finalizaba 1985 y la CGE incluía estas declaraciones en su primera Memoria y Balance tras la intervención sufrida durante la dictadura cívica militar en 1976. Así criticaba el desarrollo del programa económico de estabilización (Plan Austral) diseñado por el ministro Juan Sourrille en conjunto con el FMI, que invertía el modelo de protección empresaria y fomento del mercado interno diseñado por el anterior ministro Bernardo Grinspun durante la primera etapa del gobierno alfonsinista.

Por aquel entonces, el empresario textil Raúl Hutín era vicepresidente de la CGE. Hoy, como Secretario General de la Central de Empresarios Nacionales (CEN), sostiene las mismas banderas que en su momento postuló la CGE. Sin embargo, ni esta ni otras entidades representativas del pequeño y mediano empresario –que conduce más del 90 por ciento de las empresas argentinas y da empleo al 75 por ciento de los trabajadores privados–, logran que su voz tenga un rol decisivo frente a un diseño económico que las perjudica. 

Ante la consulta de las razones de este presente, Hutín señala a Cash que “Junto con el regreso del peronismo en los años setenta, existía una valorización del empresariado nacional y una mística que impulsaba a la pequeña burguesía, con un Estado que apoyó la unidad y la presencia de entidades fuertes y representativas. Eso incluso se extendió hasta los primeros años del gobierno de Alfonsín, pero hoy estamos en la situación opuesta, con un modelo económico que nos asfixia y un gobierno decidido a descabezar a las entidades representativas del empresariado nacional”. 

El gobierno ha avanzado en la cooptación de las dirigencias sindicales para que dejen de responder a las demandas de sus representados y sobre la dirigencia de los pequeños y medianos empresarios. Logró desplazar a Osvaldo Cornide luego de casi dos décadas de dirigir a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa con el objetivo de colocar un empresario afín, y logró que la mítica CGE haya designado una dirección radical-PRO que avala sus políticas neoliberales, a contramano de su historia.