La Procuraduría de Investigaciones Administrativas volverá a intentar, esta vez directo ante la Corte Suprema, que no se cierre la causa contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la que era investigado a raíz de una denuncia por cinco transferencias que llegaron a una cuenta suya del banco Credit Suisse en Zurich, y que según declaró Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos del caso brasileño conocido como Lava jato que era un operador de Odebrecht, en realidad eran diez por un total de 850 mil dólares. Los fiscales sospechaban que podían ser sobornos vinculados al soterramiento del tren Sarmiento. Este expediente es el paradigma de cómo se hace para cerrar un caso de alto voltaje político en tiempo récord: basta con pedir informes a órganos que pertenecen a la órbita del Poder Ejecutivo, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, y evitar el envío de los exhortos internacionales necesarios para verificar si, efectivamente, los movimientos de dinero existieron.   

El increíble recorrido de esta causa fue así: la denuncia fue presentada por Elisa Carrió a fines de enero en base a una publicación del diario La Nación que revelaba la existencia de al menos cinco transferencias a una cuenta de Arribas por un monto cercano a los 600 mil dólares; el fiscal Federico Delgado impulsó diversas medidas, entre ellas, declaraciones testimoniales, pedidos de informes, bienes del funcionario antes también empresario del fútbol, y exhortos a Suiza; en dos meses, el 31 de marzo, el juez Rodolfo Canicoba Corral dictó el sobreseimiento del actual jefe de los espías tomando como respaldo un informe de la UIF –organismo del Ministerio de Economía– que decía que no podía identificar con los elementos entregados más que una transferencia de 70 mil dólares, que es “justo” la única que Arribas admitió públicamente; algo similar dijo el Banco Central; y los exhortos nunca fueron enviados. El juez, además, sostuvo que al momento de las operaciones en cuestión el hoy titular de la AFI no era funcionario, pero no le importó si era, por caso, lobista. Cuando el expediente llegó a la Cámara Federal, el fiscal Germán Moldes desistió de impulsar la acusación. Fue entonces que la PIA, a cargo de Sergio Rodríguez, reclamó. La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento y negó recurso para que la PIA llegue a la Corte.

Casación, a través de la Sala III, utilizó argumentos formales para impedir la continuidad de la investigación de un presunto caso de corrupción. Dijo que la PIA no está “legitimada” para intervenir, porque no hay funcionarios públicos involucrados a la fecha de los hechos, en septiembre de 2013.    En los recursos presentados ayer, el organismo insistió en que los jueces están haciendo una interpretación equivocada de las leyes que regulan la actividad del Ministerio Público Fiscal, que obliga a la Procuraduría a tener un papel activo así sea que los imputados resulten ser públicos o privados, a lo que suma que no avanzar implica incumplir obligaciones en materia de lucha contra la corrupción. “Si la conducta de Arribas fuera verificada y las circunstancias comprobadas dieran cuenta de hechos ocurridos en Argentina estaríamos sobre un escenario de cohecho activo y de codelincuencia necesaria que necesariamente debería involucrar a funcionarios públicos argentinos. Un caso de corrupción que define nuestra necesaria intervención”, señala uno de los escritos presentados.

El arrepentido Meirelles llegó a declarar por videoconferencia ante los fiscales Delgado y Rodríguez y dijo que recordaba perfectamente que había hecho diez transferencias a favor de Arribas en Suiza y que lo hacía desde otra cuenta suya desde Hong Kong. Contó que él había entregado la documentación de sus transferencias a los fiscales brasileños, que estaba todo acreditado en la causa donde se investigan sobornos de Odebrecht en Brasil. Su abogada se comprometió a tramitar esa documentación. Por esos días abundaban los anuncios acerca de la colaboración que darían los fiscales del país vecino, lo mismo que los de Estados Unidos, donde Odebrecht reconoció sobornos por 35 millones por obras en la Argentina. Se empezó a inmiscuir el gobierno, con alta preocupación ante la posibilidad de quedar envuelto en algunos de los escándalos por su estrecha vinculación con el sector empresario. El resultado al día de hoy es que Brasil no prestó ninguna colaboración concreta porque no quiere que sus “delatores” –el sistema de ese país a quienes confiesan les ofrece dejar de ser perseguidos penalmente– sean perseguidos en Argentina. Estados Unidos recibió a los investigadores pero no les dio demasiado, y Suiza no contestó los pedidos de cooperación.

Todas las sospechas vinculan las transferencias a Arribas con las obras del soterramiento del Tren Sarmiento, que fue concedida en la licitación en 2007 a un consorcio integrado también por Iecsa (que fue del grupo Macri y luego del primo Angelo Calcaterra) en sociedad con Odebrecht, Comsa y Ghella. La obra pública más cara de las que están en curso. El fiscal Fanco Picardi investiga este caso puntual, y está a la espera de un informe sobre cómo se hizo la licitación. En la investigación sobre sobornos de Odebrecht en la construcción de plantas potabilizadoras, el análisis de la licitación fue lo que permitió llamados a indagatoria. Pero será difícil que se vuelva a poner el foco sobre Arribas si no se dilucida la causa sobre las transferencias, de las que el periodista Hugo Alconada Mon reveló detalles y montos específicos.

Es ostensible el contraste en el modo en que se llevan adelante las investigaciones que implican a funcionarios del gobierno de turno y los de administraciones pasadas. Ejemplos: la causa originada en Panamá Papers sobre el patrimonio de Mauricio Macri se diluyó en pocos meses cuando el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente; la causa contra la vicepresidenta Gabriela Michetti por el origen de los 200 mil pesos y 50 mil dólares que le habían robado de su casa a la que se agregó el funcionamiento de fundaciones ligadas a funcionarios, también fue cerrada sin más por Ariel Lijo; también se diluyó la pesquisa contra funcionarios que compraron dólar futuro. En cuanto a Arribas, ahora estará la decisión en manos de la Corte Suprema.