El juez Claudio Bonadio unificó las dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman por la supuesta protección a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Uno de esos expedientes es el que se originó con la denuncia que presentó Alberto Nisman cuatro días antes de morir y está centrado en la acusación de “encubrimiento”. El otro es el que se abrió a modo de causa melliza e imputa un delito más grave, traición a la patria. Surgió con apoyo del PRO y la DAIA cuando creían que la denuncia inicial terminaría cerrada y buscaban “clonarla”, algo que Bonadio admitió y de hecho la tramitó en forma paralela. Recién ahora que ambas causas quedaron radicadas en su juzgado –por decisión de la Cámara Federal–, admitió que en los dos casos se estaba investigando lo mismo. Hasta el momento lo había rechazado ante planteos de las defensas.
Todo parece indicar que quedará fuera de juego el fiscal Gerardo Pollicita, que tramita el expediente sobre “encubrimiento”, en el que pidió la indagatoria de la ex presidenta, de Timerman, de otros ex funcionarios, además un grupo de operadores pro iraníes que no tenían influencia real en decisiones. El que quedaría a cargo es Eduardo Taiano, que interviene en la causa por “traición a la patria”, delito que prevé entre 10 y 25 años de prisión. Podría apoyarse en la presentación que ya hizo Pollicita.
El abogado de Timerman, Alejandro Rúa, explicó que la medida de unificar “es acertada”, pero es una “manipulación”. “Nosotros siempre pedimos la unificación” pero “llega tardíamente”, cuando ya no intervienen los jueces que sostenían que el caso debía ser archivado. Juan Martín Mena, el ex secretario de Política criminal del Ministerio de Justicia imputado por Pollicita, dijo que la unificación “es una prueba de la ilegalidad con la que se maneja el juzgado, que admitió una causa paralela por si se cerraba la causa inicial”.
En cualquiera de los dos casos, es llamativo que la denuncia de Nisman siga siendo una investigación penal. Primero, porque se basa en la firma del Memorándum con Irán para decir que CFK lo usó para intentar ofrecer impunidad a los iraníes acusados y, sin embargo, el acuerdo una ley del Congreso. Aun así, nunca se aplicó, ya que Irán no le dio respaldo parlamentario. Tampoco se conformó una “comisión de la verdad” que integrarían juristas internacionales para evaluar la causa y facilitar la indagatoria de los sospechosos en un tercer país. Ni se levantaron las alertas rojas, como según Nisman pretendía el gobierno. Al contrario, el ex secretario de Interpol Ronald Noble informó tres veces que eso no sucedería. Tampoco existió intercambio de granos por petróleo, que era algo que el fiscal fallecido deducía de escuchas a Luis D’Elía y el operador Jorge Khalil, entre otros.
El primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas, ordenó dos veces su archivo, y dos veces fue respaldado por la Cámara Federal, cuando aún estaba en funciones Eduardo Freiler, ahora suspendido por el oficialismo. Rafecas no veía delito. Por eso, como una suerte de reaseguro, la DAIA y el PRO alentaron la apertura de otra causa “colectora” (la denuncia la hicieron dos abogados), que se basaba en una grabación de una conversación entre el ex titular de AMIA, Guillermo Borger, y Timerman, donde este le decía que dialogaba con Irán para que fueran indagados los sospechosos. Era la postura pública, del Gobierno y la justicia. Con Mauricio Macri en el poder, la Cámara de Casación Penal ordenó reabrir el expediente y sacárselo a Rafecas. Le tocó a Ariel Lijo, pero finalmente la Cámara lo dirigió al juzgado de Bonadio, como querían la dirigencia de la colectividad y parte del oficialismo político.
El pedido de indagatoria que presentó Pollicita sigue la misma lógica que la denuncia de Nisman. Por ejemplo, le atribuye a Timerman reuniones “secretas” para la firma del pacto con Irán, cuando todas las tratativas fueron públicas. Es la base que le deja al fiscal Taiano.
