Dos asesores tutelares llevaron a la Justicia las órdenes de denunciar las tomas
El instructivo que terminó denunciado
Como anticipó este diario, el pedido de amparo solicitó “el cese de la aplicación del instructivo” enviado desde el Ministerio de Educación porteño, pero cuya existencia niega la ministra Soledad Acuña, aunque no de manera formal.
Dos de las tres denuncias penales radicadas por tomas mencionan el instructivo.Dos de las tres denuncias penales radicadas por tomas mencionan el instructivo.Dos de las tres denuncias penales radicadas por tomas mencionan el instructivo.Dos de las tres denuncias penales radicadas por tomas mencionan el instructivo.Dos de las tres denuncias penales radicadas por tomas mencionan el instructivo.
Dos de las tres denuncias penales radicadas por tomas mencionan el instructivo. 
Imagen: Pablo Piovano

El asesor tutelar Gustavo Moreno, defensor de los derechos de niños/as y adolescentes de la Ciudad, y la asesora tutelar Mabel López Oliva presentaron ayer un amparo “a fin de que se ordene el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”, tal como había adelantado PáginaI12. El lunes, el Ministerio de Educación de la Ciudad negó la autenticidad del instructivo a pesar de que fue distribuido a las escuelas por medio de la casilla de mails oficial del Ministerio. “La ministra Soledad Acuña dice que el instructivo no es real, pero lo que sí es real es que las autoridades de tres escuelas –la Mariano Acosta, la Julio Cortázar y el Manuel Belgrano– presentaron denuncias penales contra los estudiantes por las tomas, y en dos de las denuncias se cita el instructivo”, dijo Moreno a este diario. 

El 8 de septiembre, Moreno había intimado judicialmente a la ministra para que ratificara o desautorizara el instructivo enviado a todos los establecimientos de educación media de la Ciudad a través de una casilla oficial, [email protected], y firmado por el Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. Acuña contestó la intimación y negó la “existencia de cualquier tipo de protocolo y/o instructivo de toma de establecimientos educativos”. Además, descartó que el documento haya sido “emitido por ninguna autoridad del Ministerio” y desconoció que el instructivo hubiera comenzado a aplicarse: “Ningún responsable de un establecimiento educativo ha denunciado penalmente a un/a alumno/a en una comisaría”. 

“Si el instructivo es falso, como dice Acuña, lo primero que tendrían que haber hecho desde el Ministerio es mandar una circular a todas las escuelas para notificar a los directivos de que no apliquen el protocolo. Eso no lo hicieron”, aseguró Moreno. Por otro lado, el asesor tutelar indicó que “la ministra tendría que llamar a los directivos de las escuelas que presentaron las denuncias para preguntarles por qué tomaron el instructivo, y averiguar de dónde lo sacaron, pero eso tampoco se realizó”. En este sentido agregó que “en caso de que hayan hackeado la cuenta oficial del Ministerio para mandar un instructivo falso, correspondería que la ministra presente una denuncia penal para que se inicie una investigación al respecto. Pero tampoco presentó ninguna denuncia”. “Llama la atención, hasta ahora, como procedió el Ministerio”, opinó Moreno. En tanto, López Oliva señaló a PáginaI12 que “nadie tiene más poder que la ministra para terminar con la confusión e investigar de dónde salieron esos mails. No hay que criminalizar la protesta de los estudiantes”.

El amparo recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 3 de la Ciudad, a cargo de Aurelio Ammirato. En el documento presentado por López Oliva y Moreno se solicita al juez ordenar una medida cautelar para “cesar en la vía de hecho por la que el Ministerio de Educación aplica el “Instructivo sobre Forma de Porceder en Casos de Toma de Establecimientos Educativos” que fuera dejado sin efecto por la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nro 4 de fecha 27 de septiembre de 2012, que se encuentra firme”. Luego agrega que “se ordene al Ministerio de Educación elaborar un protocolo de actuación especial para las situaciones de protesta estudiantil, conforme a los principios del Sistema Escolar de Convivencia (ley 223)” y a “los principios del funcionamiento de los Centros de Estudiantes (ley 137)”. “Dicho protocolo deberá garantizar la participación de la comunidad educativa, y de aquellos actores institucionales especializados en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia”, añade.