Referentes de las comunidades de los pueblos Chorote, Toba (Qom) y Wichí de la ruta nacional 86, en el departamento San Martín, volvieron el jueves último a la sede del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) para reclamar por viviendas que se habían comprometido y aún no se realizan.

Se trata de viviendas comprendidas en un proyecto para edificar casillas de madera en pocos días y con un presupuesto menor al de una construcción de material. Estas casillas son las que se entregan a las comunidades indígenas en donde muchas familias se guarecen en refugios construidos con cuatro postes que sostienen plásticos a manera de paredes y con techos de chapa, en el mejor de los casos. Para darse una mejor idea de lo inconveniente de esos refugios hay que tener en cuenta que en la zona donde residen estas comunidades hay altas temperaturas, más ahora con la ola de calor que se soporta, y la falta de agua es una constante.

“La semana pasada estuvimos tres días pero no nos dieron respuesta y nos tuvimos que ir porque no nos asistieron con comida ni con agua mientras estuvimos”, dijo a Salta/12 el cacique Cornelio Soruco, de la Comunidad Kilómetro 6, ubicada en la ruta 86 precisamente a esta distancia de la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento San Martín.

El cacique afirmó que se generó una confusión en las reuniones que se hicieron en aquel momento entre funcionarios y manifestantes, y que esto se debió a que en días anteriores en el IPPIS se habían instalado referentes de otras comunidades originarias que llevaban sus propios reclamos, entre los que también estaba el pedido de viviendas, y de faciltadores interculturales.

Ese conflicto se destrabó y el gobierno envió móviles para llevar a los manifestantes al norte provincial, a sus comunidades. En esas condiciones, al verse sin asistencia alguna, ellos también decidieron volverse a su lugar de origen, dijo Soruco.

Pero el jueves último unos 18 referentes de las comunidades de la zona decidieron volver. Soruco explicó que hasta ahora se entregaron diez casas por cada uno de los tres pueblos. “Y los caciques decidimos repartirlas de a una en distintas comunidades”, afirmó. Esto implicó que queden a lo sumo dos casillas de madera en cada comunidad.

Ahora se espera que “cumplan con otras diez que comprometieron a cada uno de los pueblos de esa zona”, dijo, Pero añadó que los funcionarios solo dieron su palabra y no hay documentos firmados sobre este compromiso. Según los cálculos, 30 viviendas más se deberían ejecutar para ese sector.

“A mí lo que me molesta es que hoy me enteré que hay más de 700 viviendas ejecutadas y la mayoría fue al Pueblo Wichí. Quiero saber entonces cuánto nos toca a nosotros”, afirmó refiriéndose al Pueblo Chorote.

Soruco dijo que si bien el mismo jueves los recibió un funcionario de tercera línea de la Secretaría de Asuntos Indígenas, este comprometió que se harán las viviendas pero “en 2024, sin decirnos fecha”.

Como la vez anterior, sostuvo que no fueron asistidos y que preveían quedarse ante la falta también de pasajes para poder volver a sus lugares de origen.