Tras cumplirse ayer seis años de la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, el principal acusado y su esposa pedirán hoy prisión domiciliaria. Gabriel Strumia -quien era amante de la víctima- y Roxana Michl son dos de los nueve imputados en el caso, incluidos cinco policías. A ambos les fue achacado el delito de aborto seguido de muerte, que alcanzó también al chofer de Strumia -empresario transportista-, la sindicada abortera y el policía Adolfo Puyol; mientras que otros cuatro efectivos están acusados de encubrimiento. "Que se pudran en la cárcel", dijo ayer Alberto Perassi, en las cámaras de un canal sanlorencino. El juicio está cerca, pero los querellantes estiman que será a inicios del año que viene.
Tras entender la teoría del caso -que Paula, embarazada de seis semanas, fue forzada a practicarse un aborto en el que todo terminó mal-, Alberto reclama que aparezca el cuerpo de su hija. "Sus huesos", exige. Hace tiempo que se lo ve en Tribunales con su chaleco antibalas, poniendo el cuerpo a cada audiencia que él ve como intentos de lograr la impunidad. "Esa mujer es muy peligrosa, incluso en prisión domiciliaria, porque el delito del que está acusada lo cometió desde su hogar. Juntos son dinamita", aseguró Adrián Ruiz, abogado de la familia Perassi, que hoy pedirá que el matrimonio siga en prisión preventiva efectiva, hasta el juicio.
Ayer, al cumplirse seis años desde la noche que Paula salió de su casa con la excusa de buscar la tarea de uno de sus hijos, Perassi lamentó que después de tanto tiempo no sabe qué sucedió con su hija, ni qué responderles a sus nietos cuando le preguntan si su mamá va a volver.
La investigación empezó mal: quienes estaban a cargo de la búsqueda de paradero de la joven terminaron imputados por encubrimiento. En octubre de 2012, el entonces juez Eduardo Filocco procesó y detuvo a Gabriel Strumia y Antonio Díaz por el delito de "homicidio simple". Sin embargo, meses después la Cámara Penal dictó falta de mérito y recuperaron la libertad.
Los fiscales Donato Trotta y Roman Moscetta elaboraron una nueva teoría del caso y en 2015 pidieron al nuevo juez de la causa, Juan José Tutau, la detención de nueve personas: Strumia y Díaz, dos altos jefes de la Policía, Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Puyol. También las de Michl; Mirta Rusñisky, señalada como la persona que realizó el aborto; y la de otros cuatro agentes.
La figura que se les imputó a los civiles fue "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad agravada"; mientras que a los policías se les achacó la figura de "encubrimiento" del crimen e "incumplimiento de sus deberes". Sin embargo, durante la acusación, a fines del año pasado, la querella sindicó a Puyol como uno más del grupo del delito más grave, al hallar una llamada de éste con Strumia, a horas de la desaparición de la joven madre de 34 años. La Cámara confirmó esa imputación semanas atrás.
En el expediente hubo varias idas y vueltas. En agosto de 2015, todos los acusados quedaron en libertad por orden del camarista Adolfo Prunotto Laborde hasta que el fallo fue anulado por falta de fundamentación y el juez Carlos Carbone volvió a ordenar las detenciones.
En las puertas del juicio, que aún no tiene fecha pero se espera para los primeros meses del año que viene, los civiles están en prisión efectiva, pero hoy Strumia y Michl harán un nuevo intento por esperar el debate en su casa, con la excusa de que sus hijos están solos en la casa de San Lorenzo.
