La Cámara Penal les dio un respiro a Alberto y Alicia, en medio de la angustia por el sexto aniversario de la desaparición de su hija Paula Perassi. El juez Carlos Carbone denegó la prisión domiciliaria de Roxana Michl, esposa de Gabriel Strumia, quien era amante de la joven cuando desapareció, en San Lorenzo, embarazada de seis semanas. El magistrado vio como un "desgaste innecesario" el hecho de que la defensa insistiera con el pedido del beneficio para la mujer, acusada de producir pruebas falsas durante la búsqueda de la víctima. Sus hijos adolescentes están con una amiga de la familia que llegó desde Salta para ayudarlos. "Significa que la situación ha mejorado", remarcó, ante el planteo de "vulnerabilidad" de los jóvenes que están sin su madre y su padre, ambos presos a la espera del juicio oral y público, acusados de aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada. "Queremos llegar al juicio lo antes posible", dijo el fiscal Donato Trotta. Alberto todavía se estremece: "Siempre dije que estábamos frente a una banda que es capaz de hacer desaparecer a una persona en democracia y sin dejar rastros. Eso no es fácil si no están las tres patas: policía, justicia y política".

"Con mirar los rostros de la familia Perassi se puede ver cuál es la verdadera tragedia", dijo José Ferrara, abogado de los padres de Paula. Es que durante los últimos días, Alberto y Alicia cargaron también con la incertidumbre sobre qué sucedería con el pedido de una de las imputadas en la causa para ir a su casa, con sus hijos.

La defensa de la imputada desistió de apelar por la negativa de una prisión domiciliaria para Strumia, que fue rechazada en primera instancia; pero insistió en cuanto a Michl con la presentación de una resolución de la Justicia de Familia de San Lorenzo en la que el juez habló de un "estado de vulnerabilidad y desprotección" de los hijos adolescentes del matrimonio, que analizaron como un mensaje directo hacia el beneficio para que la mujer volviera a su casa. Incluso, el abogado llegó a plantear cuestiones de género.

El fiscal Trotta respondió que "a seis años y un día de la desaparición de Paula, acá estamos escuchando planteos reiterativos, que ya fueron rechazados". En ese sentido, consideró que la presentación se trató de un intento más por dilatar el juicio oral contra los cuatro civiles y cinco policías que estarán sentados en el banquillo de acusados. Además, remarcó que la resolución de primera instancia hacía hincapié en que los hijos del matrimonio no estaban solos, sino con una amiga de la familia que llegó de Salta para asistirlos. "Si hay una injusticia manifiesta en esta causa, es la que sufre la familia de Paula, sus hijos, que la habrán recordado ayer (por el lunes) y cada día de su vida", destacó el fiscal sobre los hijos pequeños de la víctima, que están al cuidado de sus abuelos.

En tanto, los querellantes plantearon que "en esta causa hay un pacto de silencio" y que se trata de un delito continuado y un plan sistemático  en el que "se desapareció a una persona y se sembraron pistas falsas".

Sobre el final, Alberto se manifestó aliviado. "Fueron dos días tremendos porque se cumplieron seis años de todo esto y encima teníamos esta audiencia. Estuve nervioso, mal, pero siempre tratando de mantener la línea. Siempre dije que yo no trabajo para meter preso a alguien, sino para encontrar los huesos de Paula, pero llegado el caso de que termine el juicio y nadie diga qué pasó con Paula, sí voy a cambiar y voy a reclamar que les den perpetua y se mueran en la cárcel", señaló. Al mismo tiempo sostuvo sus dichos sobre la existencia de un "pacto de silencio": "Esta señora se podría ir a su casa si alguien asumiera su responsabilidad".