Al ser consultada sobre el despido del periodista Roberto Navarro del canal C5N y de Radio 10, Cristina Kirchner fue categórica y resaltó que “el Gobierno tiene la necesidad de que no haya voces que denuncien”. En ese contexto también se refirió Página/12 y atribuyó las presiones de parte de la administración macrista a las numerosas denuncias que el diario presentó desde sus tapas sobre los familiares, amigos y asociados del presidente que ocuparon lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados.
"Lo de Navarro no puede entenderse como un hecho aislado", dijo la candidata a senadora por Unidad Ciudadana y planteó que es "parte del ahogo financiero y judicial sobre los medios que tienen una voz diferente, que son alternativos". En ese sentido explicó que para aplicar "un plan económico que todos los días despide gente y precariza el trabajo, que se abre a las importaciones, a la flexibilización laboral, a la estigmatización" se necesita "que no haya voces que ponen en evidencia por ejemplo, el blanqueo de millones de pesos por parte de familiares y amigos del presidente."
“Macri modificó por un decretazo la ley y luego apareció su hermano blanqueando 35 millones de dólares, su hermanono del alma, Nicolás Caputo, y su otro amigo, Marcelo Mindlin, Estamos hablando de concesionarios de obra pública porque son además los dueños de Edenor y de Edesur”, manifestó la ex presidenta, quien destacó que el problema para el oficialismo surge “cuando se ponen en evidencia cosas así”.
El 27 de agosto Horacio Verbitsky reveló en este diariio que una vez levantados los impedimentos remanentes para que los familiares se acogieran al beneficio, allegados del presidente blanquearon 132 millones de dólares. La cabeza de esa nómina de allegados figura Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macri: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macri, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares.
"Los medios que no son afines al Gobierno y tienen una postura crítica están sufriendo un acoso judicial, financiero, de características inéditas en democracia”, expresó en el mismo sentido, al enumerar una serie de violaciones “contra la libertad de expresión y la pluralidad de la diversidad” de este Gobierno. Entre ellas, citó la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, al principio de su mandato, la “precarización de los trabajadores de prensa” y “el ahogo financiero que hay sobre los medios con voces disidentes”.
"Hay un blindaje mediático brutal por parte de los medios hegemónicos. La mentira pública bajo la forma de propaganda sólo se puede mantener con este blindaje", agregó la ex presidenta
