Si nada raro se interpone, el Congreso iniciará los trámites para prorrogar el relevamiento de las tierras donde hoy viven comunidades indígenas. Entonces seguiría vigente la ley 26.160 promulgada en 2006 y prorrogada ya dos veces. El efecto inmediato consistiría en que, como hasta ahora, habrá menos desalojos, o sea menos violencia.
Es una cuestión relativa: menos desalojos no significa cero desalojos, y tampoco menos violencia significa cero violencia. Pero en democracia las cuestiones relativas importan. Una prórroga de la ley que obliga a relevar tierras comunitarias significa de por sí un triunfo de la sensatez sobre los cruzados de la santísima propiedad privada.
Tal como informó este diario el 27 de agosto, el abogado tucumano Javier Esteban López de Zavalía hizo una presentación en la plataforma www.change.org contra la prórroga que, según él, favorecería a falsos indígenas. Tenía el apoyo de 1233 personas. “La prensa va develando poco a poco, el gigantesco negociado que supuso el dictado de la ley 26.160, a favor de falsas comunidades y otros interesados”, se entusiasmó López de Zavalía en una nota publicada dentro de Change el 18 de septiembre. Pero ni el show burlesco que monta Canal 13 los domingos a la noche alcanzó para convencer a diputados y senadores de que, al margen de algunos pícaros, la mayoría de los reclamos es falsa. Un mes después las firmas en la petición mostraban un avance imperceptible: había 1286 combatientes. Solo 53 más.
El artículo 1 de la 26.160 declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Completa el artículo 2: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
Si el consenso existente en las dos cámaras se convierte en prórroga, la discusión probable es por cuántos años. La posición más dura es la del radicalismo jujeño del gobernador Gerardo Morales. La senadora de ese espacio Silvia Giacoppo escribió en una columna publicada por Télam que la prórroga “debería ser por un año” y no por cuatro, “y contemplar el cierre del Registro (de tierras comunitarias) al término de ese plazo, porque en los últimos tiempos se han producido ocupaciones motivadas por cuestiones políticas”. Según la legisladora hay que chequear las denuncias sobre tierras “porque hoy muchos se pusieron la vincha, se disfrazaron de originarios y alegan derechos y flamean banderas de estos pueblos”.
Según la Auditoría General de la Nación el Estado todavía debe relevar dos tercios de las tierras en cuestión. ¿Hubo ineficacia? Es posible. ¿Se resolverá todo simplemente con drones como si fuera un relevamiento de ARBA sobre barrios cerrados sin declarar? La virulencia de los cruzados del No y la sospecha sobre las vinchas de cotillón parecen indicar que el panorama es más complejo. Hay detrás una puja por tierras que se vienen valorizando gracias al uranio, al oro, al petróleo o al turismo seis estrellas.
Cualquier apuro que impida un relevamiento serio y una titularización definitiva de las comunidades será un paso hacia la escalada.
En Chile la aplicación de la Ley Antiterrorista para el conflicto de tierras generó una espiral donde se mezclan el despojo y la violencia. La presidenta Michelle Bachelet cedió a esa lógica donde la principal herramienta del Estado no son los organismos de desarrollo social sino el poder de Carabineros. Inútilmente. No solo agravó el problema sino que probablemente su gobierno sea sucedido por un turno de derecha a cargo, otra vez, de Sebastián Piñera.
También es conocido el resultado de la escalada en la Argentina: se llama Santiago Maldonado.
Y no es cuestión de votos. Gane quien gane el 22 de octubre, cuando las elecciones pasen seguirá sin solución un problema que se originó siglos atrás. El que sueñe con arreglarlo en días será uno de esos irresponsables que hablan del mundo pero no lo estudian. Según la ONU, a fines de 2016 el número de desplazados había llegado a los 65 millones, de los cuales 40 millones, como en Siria y Colombia, debieron moverse forzadamente dentro de sus propios países. Ésa sí que es una grieta.
