“Nos quedamos cortos en la caracterización del gobierno de Mauricio Macri cuando en diciembre de 2015 las compañeras y compañeros de la Correpi dijimos que se evidenciaba la profundización de la violencia policial e institucional. Nunca nos imaginamos algo tan grosero y evidente como lo que está sucediendo.” La abogada y titular de la organización, María del Carmen Verdú, dice esto mientras  aguarda que el juez federal a cargo de la instrucción, Marcelo de Giorgi, se digne a resolver el sobreseimiento o procesamiento de las treinta personas imputadas, entre las que se contabilizan diez mujeres, por “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” tras la represión de la nueva policía de la Ciudad sobre el final de la marcha por Santiago Maldonado. Para el sistema judicial “no es perentorio” que De Giorgi se pronuncie dentro de los diez días de plazo ni que garantice expedientes con perspectiva de género o inicie una investigación por la violencia física, psíquica y moral que sufrieron las mujeres detenidas e incomunicadas durante 48 horas. Tampoco es probable que ponga bajo lupa la Orden Interna reservada firmada por el Comisionado Mayor Oscar Masulli, de la Policía Metropolitana, quien impartió una serie de medidas ante una supuesta “amenaza o llamado a la agitación” entre las que se encuentra “prescindir del uniforme reglamentario y extremar el alerta”, según reveló el martes el legislador porteño Gabriel Fuks en una columna para este diario.  “Como en los viejos tiempos de vinculación con los aparatos represivos -dijo Fucks-, necesitan que las manifestaciones terminen de manera violenta para incrementar su preponderancia y capacidad de negociación.” 

La maquinaria represiva a mansalva, el ataque diseccionado a manifestantes, periodistas y militantes fue activada en un escenario donde la posverdad va construyendo delitos incomprobables en nombre de la preservación del orden público, como sucedió con las detenciones arbitrarias e ilegales de una veintena de mujeres durante la marcha del 8 de marzo, al término del Paro Internacional y como volvió a ocurrir el 1S: se veían los rostros de los que actuaron, hubo policías de civil y se desplegó una violencia inusitada. “Son operaciones destinadas a deslegitimar los reclamos masivos  y a disciplinar el conflicto social”, concluyó Verdú. 

Atormentada

Un labial rojo que posterga desde que su jefe quiere “cobrarle peaje” por “hacerse la viva” en las marchas. Un par de objetos personales y algo de dinero que todavía no fue a retirar de Comodoro Py. Los abrazos apasionados de sus hijos pequeños desde el día que la liberaron. Y los ojos brillantes de Santiago Maldonado que persigue con aflicción por toda la ciudad. Sofía Gamboa nunca imaginó que fuera a necesitar tanto su presencia. Lo dice con una intensidad recobrada para ayudar a las palabras que se le habían enquistado desde la cacería policial que sufrió el 1 de septiembre junto con otras treinta personas en la Plaza de Mayo. Ve repararse con lentitud el trauma que le causaron esas 48 horas detenida por primera vez en su vida e incomunicada bajo condiciones vejatorias de todo derecho humano. 

“Hablé un poco al principio, cuando me llamaron de algunos medios, pero hay cosas que recién puedo decir ahora, y creo que es por la emoción de saber que cientos de personas pelearon por nuestra libertad. Es todo muy complejo, como lo que me pasa con mis cosas, que no fui más a buscarlas a Comodoro Py. Lo estoy dejando pasar, qué sé yo.”

En ese edificio se cristalizó la metodología del horror durante todo un fin de semana hasta que Marcelo Martínez de Giorgi decidió presentarse a tomarles declaración treinta horas después de las detenciones, cuando en ninguno de los 31 casos se presentaron elementos probatorios que demuestren las imputaciones por  “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad”. Sí se comprobaron maltratos físicos y psicológicos, hostigamientos y encarcelaciones aberrantes en “buzones” de una alcaldía que mantiene intacto el salario del miedo. 

“Eramos diez mujeres muertas de dolor por las lesiones que sufrimos, de frío y de hambre, mientras los de uniforme tiraban a la basura lo que nos mandaban las familias o se lo quedaban ellos.  Empezamos a reclamar a los gritos y una celadora vino en secreto y nos dio la comida. Pero nos tenían amontonadas en una celda con el inodoro clausurado. La cosa empeoró cuando nos fueron metiendo de a tres en los buzones, dos sosteniéndonos en una especie de banquito de cemento y la tercera en el piso roñoso y lleno de cucarachas que crujían y caminaban sobre las piernas. Sólo nuestros gritos lograron que nos sacaran de ese agujero.”    

Todos los días se pregunta por qué una marcha en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado terminó con una de las persecuciones policiales más feroces de los últimos tiempos que sigue justificando el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, responsable de esas implicancias represivas. El contexto de la desaparición de Maldonado fue directamente proporcional al terror que diseminó una cacería humana extendida por cuadras sobre personas reducidas a objetos, con procedimientos similares a los aplicados durante el terrorismo de Estado. 

“Lo primero que se me cruzó fue ´no puede ser que estos tipos hagan que esto termine así´, pero sospeché que no podía concluir así nomás. Estaba indignada. Había ido a dar una vuelta por la Plaza cuando salí del trabajo, a eso de las 19.50. Quería hacer un acto de presencia por Santiago y estaba todo tranquilo. Cuando volví por 25 de Mayo me encontré con una pareja conocida y de repente oímos lo que después supe que eran disparos de balas de goma.”

Las que apuntaron sobre ella le dieron en su nalga derecha. Otras fueron sobre la nuca de una chica. Corrieron shockeadas a una cuadra y media de Plaza de Mayo y a Sofía los latigazos de dolor ya le recorrían la pierna derecha. Ni siquiera pudo retroceder frente a los piedrazos y las columnas de policías de a pie o en motos.

“Me paralicé, gritaba sin entender qué sucedía. No tenía sentido que todo terminara con represión y además no estaba en el bardo, pero alguien dio una orden y empezaron a rodearnos. Eramos un tumulto corriendo y yo estaba como ciega. Entonces sentí detrás una moto con policías y los impactos de las balas de goma. Habíamos llegado a la avenida 9 de Julio y todo fue una locura: tropezamos y caímos cuatro, una encima de la otra. Los que me dispararon desde la moto se bajaron, nos apuntaron y nos ordenaron mantenernos quietas. Estábamos  boca abajo, muy expuestas. Me pasaron imágenes horribles, que nos llevaban a un descampado y nos fusilaban. Pensé en mis hijos.”

A una de las mujeres le rociaron gas pimienta en la cara. No podía respirar y siempre le negaron el agua que imploró. Las sentaron contra una pared custodiada por uniformados y civiles con pecheras. Les inmovilizaron las muñecas con precintos que les cortó la circulación. 

“Dejamos de sentir las manos. Nos tiraron dentro de camionetas con un montón de gente adentro. Era de terror. Algunas vomitaron, un pibe se orinó. Y ellos se reían, no nos daban bola. Hasta que nos ordenaron que aportáramos nuestros datos y ya los habían pedido como cuatro veces.  Una policía con pechera nos dijo ´por favor escuchen. Después se quejan de que hay desaparecidos´. Eso lo repitieron muchas veces.”     

Sofía quedó detenida e incomunicada en una celda individual de la comisaría de la Comuna 12 las noches del viernes y el sábado. Se limpió la sangre de los balazos con un poco de papel y agua. Dos médicos se limitaron a observar las heridas y anotar.  En el ingreso las obligaron a desnudarse para observarlas y palparlas.

“Uno de los médicos nos hizo desvestir frente a una policía para mirarnos. Pero yo no me desnudaba del todo. Primero me sacaba la parte de arriba, volvía a ponérmela y después me sacaba la de abajo. Con otras compañeras se zarparon, las obligaban a quedarse en bombacha directamente y las observaban varones. A una de las chicas desnudadas un policía le filmó los tatuajes. Ella quedó muy mal.” 

Sofía fue excarcelada el lunes 4 de la Dirección de Investigaciones, en Villa Lugano, junto con otras 29 personas, después del traslado de Comodoro Py por orden de Martínez de Giorgi para ser liberadas. Volvió a casa y a los abrazos de sus hijos, de su madre y su hermana. Quiso bañarse y poder dormir por primera vez en tres días para volver el martes a la mueblería de Balvanera donde trabaja y donde esperaba ser comprendida. Se equivocó.

“Me discriminaron, me trataron de pelotuda quilombera y ningún compañero se solidarizó. Mi jefe me chantajeó diciendo que tenía que quedarme hasta más tarde, que iba a descontarme el presentismo, pero además es muy desubicado con las mujeres, las desprecia. Me recriminó que hubiera ido a la marcha por Santiago Maldonado ´que no es nadie´, protestaba, pero me obligó a hablar del tema porque de eso dependía mi permanencia en el trabajo. Ese día me había pintado los labios. Cuando quise ir al baño se puso entremedio y me dijo ´tenés que pagar peaje, dejarme los labios rojos´. Logré zafar. Son cosas que nos pasan a las mujeres que trabajamos y tenemos hijos a cargo. El padre de los chicos era violento y hoy es un padre ausente. En esta lucha no me caigo y sé lo que tengo que hacer.  A mi patrón me lo aguanto porque afuera está jodido. Pero en cuanto pueda me voy.” 

En el encierro

Paula Barriga Montero cree que eran cuatro, quizá más, las detenidas a las patadas o a los empujones en Avenida de Mayo hasta la camioneta policial que las trasladó a la comisaría 30ª . Esa noche todavía es un amasijo de olores y sonidos, pero el cuerpo tiene memoria y la quemazón de la piel arrastrada por el asfalto o las muñecas a punto de cortarse por los precintos son marcas indelebles. Le oprime el pecho algo que dijo uno de los oficiales durante su traslado: “Ojalá que volviera la época de los vuelos”.

“El hostigamiento psicológico, además del físico, estuvo desde un primer momento y nunca cesó. No daban información a nuestras familias, las primeras listas de detenidos estaban incompletas, vi a compañeros orinarse encima de tanto golpe, a compañeras vomitando por el gas pimienta que les arrojaron, gente que se ahogaba por el tiempo que la mantuvieron boca abajo en la calle.”

Fotógrafa del Centro Cultural Marcelina Meneses y de la Asociación Civil Yanapacuna, Paula es hija de Zulema Montero, abogada referente de la comunidad boliviana y defensora de los derechos de las mujeres migrantes. Zulema tardó mucho tiempo en saber dónde se encontraba su hija, detenida mientras realizaba una cobertura del final de la marcha por haber defendido a una manifestante de las patadas de un policía. La llevaron a rastras pese a no oponer resistencia y le lastimaron un brazo. La cámara se había estrellado contra el piso. 

“Eramos chicas arrestadas por policías varones, muchos subían a otras camionetas y bajaban vestidos de civil. Nos dijeron que si no habíamos hecho nada seguramente nos largaban.  Durante dos días y cinco horas no pudimos comunicarnos con abogados ni con familiares ni siquiera cuando declaramos. Nos salvó la sororidad y el sentirnos fuertes de vernos y estar juntas.”  

En la celda de la comisaría tomaron nota “en un papelito” del color de su piel, de su pelo y de sus ojos. Para el ingreso ya la habían interrogado sobre su orientación sexual. Un par de médicos apenas le revisaron el brazo. No limpiaron las heridas, no aplicaron hielo ni le dieron un calmante para el dolor. Paula no pudo mover el brazo durante esas 48 horas.

“Pero en las celdas de las mujeres hubo un desfile de oficiales. Entraban a observarnos. Filmaron, se ponían a centímetros de las que dormían, obligaban a desvestirse. Hasta que pudimos empoderarnos se rieron de la privación de libertad tratando de desmotivarnos y de intimidarnos. Creo que recién nos volvió un poco el alma al cuerpo cuando en Comodoro Py nos enteramos de la presencia de las organizaciones. “

La convocatoria de este lunes a Plaza de Mayo, cuando se cumplan dos meses de la desaparición de Santiago, involucra a todxs en un pedido urgente que, entiende Paula, debería extenderse en reclamos contra los atropellos sobre los derechos migrantes. 

“Lo que ocurrió el 1 de septiembre no fue un hecho menor ni casual. Desnuda la posición de este Gobierno de pantalla con cualquier tipo de manifestación: el avasallamiento brutal como principio de autoridad. Lo mismo sucede con los derechos humanos de lxs migrantes y la Ley de Migraciones. Tratan de separar a la sociedad, de provocar un retroceso desde los poderes del aparato estatal represor y de censurar y desinformar desde los medios hegemónicos. Pero tenemos que debatir qué solución social y antipatriarcal se les puede dar a estas cuestiones.”