El colectivo la Garganta Poderosa presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra diez casos de violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes en las villas de todo el país, relevados a partir del registro de Control Popular de las Fuerzas de Seguridad, que realizan las asambleas de la organización. La convocatoria de la ONU sirvió para amplificar el grito del colectivo que exige convertir en ley el control popular de las fuerzas y denuncia desde hace años que la violencia policial en los barrios "no se trata de casos aislados —subrayó Nacho Levy, referente de La Poderosa— sino de una dinámica de amedrentamiento sobre los niños y sus familias". Solo en el último mes, la organización villera recolectó otras mil denuncias de atropellos por parte de las fuerzas en los barrios.
La presentación de la organización villera, representada en 50 asambleas en todo el país, fue acompañado por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos y otras organizaciones sociales que llevaron los informes alternativos de los que surgirán las consultas que el Estado argentino deberá responder en las audiencias de mayo de 2018. Los diez casos llevados por La Poderosa ante la ONU fueron recogidos en todo el país desde diciembre 2015 e "intentaban ser una muestra, casos testigos del accionar de las fuerzas que venimos denunciando desde hace mucho años, pero que en este último tiempo se ha intensificado", denunció Levy.
"Si antes las fuerzas tenían carta blanca para actuar, ahora tienen una bajada de línea para aplicar la mano dura que no pueden conseguir en el Congreso para poder avanzar sobre el control social a sangre y fuego", advirtió el referente de La Poderosa y lamentó que en Ginebra no pudiesen estar las voces de Luciano, Kiki, María, Pascual, Kevin, Gastón, "El Paragüita", Ismael, Facundo, todos niños, niñas y adolescentes muertos a manos de las fuerzas de seguridad.
Por eso, La Garganta insistió con el debate e implementación de una ley de Control Popular de las Fuerzas de Seguridad, que crea un organismo de Estado independiente que permita "regular el accionar de las comisarias y destacamentos policiales que en los barrios son quienes administran el delito".
En la previa de la presentación del informe alternativo a la ONU, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reiteró en medio de la campaña electoral, el envío al Congreso de una ley para bajar la edad de imputabilidad, que de acuerdo a las organizaciones presentes en Ginebra iría en contra del artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño. "El anuncio no tiene más fundamento que distraer de la marquesina politiquera la discusión de fondo, que es que nuestros pibes están en peligro. Lo están y lo reconoce la ONU. No son casos aislados sino una práctica sistemática que garantiza la impunidad", sentenció Levy.
Para el referente de La Garganta, la posibilidad de vomitar la realidad que se vive en los barrios frente a los integrantes del Comité significó una instancia importante para poder enmarcar los casos de violencia institucional un escenario de emergencia de vivienda, salud, educación, violencia de género y alimentaria que se vive en los barrios. "Las torturas y las detenciones arbitrarias conviven con la muerte, la represión y el abandono en un mismo paquete propuesto por el Estado", sintetizó.
"El lobby no es un deporte al que las organizaciones barriales sepamos jugar, vinimos a Ginebra no a cumplir un protocolo diplomático que garantiza el silencio sino para responder al mandato de nuestras asambleas", explicó el referente de La Poderosa, que se esperanzó con que a partir del informe los integrantes del Comité puedan "leer la realidad de nuestros barrios" y los invitó a que visiten las villas para "deconstruir la realidad que muestran los medios y para buscar nuestros derechos y policías con identificación: no los van a encontrar".
