El juez federal Claudio Bonadio avanza en la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner y el excanciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA a partir del Memorándum de entendimiento firmado durante el gobierno kirchnerista pero que no entró en vigencia porque fue declarado inconstitucional en la Argentina y el parlamento irani no lo ratificó. A menos de 20 días de las elecciones legislativas, Bonadio evitó pronunciarse sobre el pedido de citar a indagatoria a la exmandataria y eligió convocar a una larga lista de expresidentes de comisiones del Congreso y a exjefes de bloques de Diputados y del Senado, que debatieron y aprobaron el acuerdo con Irán. 

Bonadio los citó como testigos en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta y el excanciller y así hizo lugar a un pedido de la querella, conformada por familiares de víctimas del atentado. Las testimoniales comenzarán el martes próximo con los exdiputados Agustin Rossi (Frente para la Victoria), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO). 

Fuentes judiciales especificaron que aquellos dirigentes que sigan ocupando una banca --como el caso de Pinedo, que ahora es senador-- podrán brindar testimonio por escrito. Para el miércoles 10 fueron citados Guillermo Carmona, Diana Conti y Jorge Yoma, y para el día siguiente, Miguel Angel Pichetto, Ernesto Sanz y Rubén Giustiniani.

La ronda de testimoniales concluirá el viernes, día para el cual están citados Daniel Filmus, Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino. La causa se originó en la denuncia que Nisman que hacía eje en que detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán se escondía un acuerdo espurio que implicaba la reactivación de las relaciones comerciales entre ambos países y la caída de las alertas rojas de Interpol vinculadas al caso. 

Sin embargo, las relaciones comerciales entre ambos países no prosperaron y el supuesto pedido de la caída de las alertas rojas fue descartado por las máximas autoridades de Interpol. La apertura de la causa había sido descartada por el juez federal Daniel Rafecas por "inexistencia de delito" en diciembre de 2015 y volvió a rechazar un pedido de la DAIA en agosto de 2016. En dos instancias, la Cámara avaló el fallo de Rafecas. 

Tras ese segundo rechazo, en diciembre de 2016, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal apartó al juez Rafecas. Con Bonadio al frente, hace un mes, el fiscal federal Gerardo Pollicita volvió a pedir la declaración indagatoria de la expresidenta y del excanciller Hector Timerman, entre otros, y los acusó por "encubrimiento agravado" por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos.