Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito formal. 

La fuga de capitales es, desde entonces, un atributo permanente de la economía argentina. Hubo fuga en períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con gobiernos neoliberales; en episodios de crisis internacional y en los momentos de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario o con un escenario de liberalización absoluta; con déficit fiscal o con programas de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con inestabilidad en el frente externo. Como explican los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976. […] La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los ‘créditos intrafirma’”. 

Existen distintas alternativas para estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada Posición de Inversión Internacional donde figuran los datos necesarios para realizar la versión más conservadora. A comienzos de 2017 existían 240.067 millones de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al 35% del PBI. Estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI. 

Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63% del total de flujos financieros ilícitos globales. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales. El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina, resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos, pero su difusión es inversamente proporcional. 

No es sorprendente, entonces, que quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los apellidos y sociedades identificadas por los autores entre los Panama Papers se repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. El recuento comienza con el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en el año 2001 pero existen, al menos, otros cinco registros que dan cuenta de la intensidad y relevancia que tiene la salida de capitales a través de distintos eslabones de la red global de servicios financieros. Ellos son: 

1) La denuncia del ex ejecutivo del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, presentada en 2008. 

2) La lista provista por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009. 

3) El listado publicado por el periodista Alfredo Zaiat de los principales 100 compradores de divisas en 2011, antes de la instalación de las medidas de control de cambio conocidas como “cepo cambiario”. 

4) La denuncia presentada por la AFIP en el marco de la filtración de las cuentas bancarias a nombre de argentinos abiertas en el HSBC Private Bank de Ginebra. 

5) Las evidencias ofrecidas en los Bahamas Leaks. 

Durante los meses que los autores dedicaron a revisar la base de datos de los Panama Papers fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó información entre los Panama Papers que permita sostener tal afirmación. Sin embargo, como analizaremos en los próximos capítulos, parece irrefutable que la presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar. La misma lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panama Papers o identificados en bases alternativas, como Opencorporates.com y el Registro Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista. La pasión por el mundo offshore no sólo es un atributo del Presidente y su Gabinete, sino que se conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.