El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer que presten declaración indagatoria la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (26 de octubre), el ex canciller Héctor Timerman (17 de octubre), cuatro colaboradores estrechos de la ex mandataria, cuatro funcionarios de la Cancillería, un supuesto espía, un referente de Irán en la Argentina y dos dirigentes que estaban marginados del gobierno kirchnerista. Se ve había apuro por realizarla porque la convocatoria no fue acompañada por los fundamentos ni las acusaciones y las primeras indagatorias serán tomadas en plena campaña electoral. El punto clave de la imputación es el Memorándum de Entendimiento con Irán, pese a que nunca entró en vigencia y no se cumplió ninguna de las sospechas sobre las cuales el fallecido fiscal Alberto Nisman realizó la denuncia original: ni se levantaron las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes, ni se creó ninguna Comisión de la Verdad que mejorara la situación de los imputados, ni se alivianó su situación armando otra pista que culpabilizara por el atentado contra la AMIA a nazis locales, ni hubo intercambio de petróleo por granos, ni aumentaron los negocios con Irán. El Memorándum fue aprobado por las dos cámaras del Congreso y el texto del tratado no fue considerado un ilícito ni por los diputados y senadores que votaron en contra ni por el propio Nisman ni por los dirigentes de la AMIA y la DAIA ni los 13 jueces que evaluaron si era constitucional o inconstitucional. La actual ofensiva obedece a una persecución sobre el gobierno anterior, encabezada por la coalición política–mediática–judicial motorizada por la Casa Rosada y las derechas norteamericana e israelí. No se trata de un caso de corrupción sino de un ajuste de cuentas contra lo que llaman “el gobierno populista”.

Las tres breves fojas con las citaciones a indagatoria no indican si los imputados serán acusados por traición a la patria o encubrimiento del atentado contra la AMIA. Sucede que alrededor del Memorándum se armaron dos causas paralelas, una irregularidad que permitió el comité de fiscales y jueces alineados con Cambiemos que funciona en Comodoro Py. La justicia federal no sólo convalidó la existencia de los dos expedientes, sino que terminó dándole el manejo de ambos al juez Bonadio. 

Ayer mismo, los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Gracia Peñafort, presentaron una nueva recusación contra Bonadio, al que acusan de no permitir la realización de  alguna de las pruebas que solicitan. Por ejemplo, la clausura de las gestiones para llamar a declarar, aunque sea por escrito, al ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, quien aseguró por escrito y en sendas entrevistas a PáginaI12 y a The Wall Street Journal, que ni la Argentina ni el canciller Timerman intentaron levantar las alertas rojas. Todo lo contrario. Noble aseguró que la cancillería argentina insistió en que esas capturas no podían ser levantadas ni modificadas, a menos que hubiera una orden del juez. Tampoco se aceptó que se incorporaran como pruebas las aceptaciones de Nisman, por escrito, de las negociaciones con Irán, los discursos de la ex presidenta anuncinado públicamente conversaciones para avanzar en la causa judicial, las cartas dirigidas a Interpol advirtiendo que las alertas rojas no podían modificarse y una larga serie de otras evidencias presentadas por la defensa del ex canciller. Rúa y Peñafort señalaron que el tribunal carece de imparcialidad, lo que queda evidenciado en que le dio el visto bueno a las medidas de prueba pedidas por la AMIA y la DAIA y rechazó las reclamadas por las defensas. 

En el llamado a indagatoria resulta sorprendente la incorporación de Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y Angelina Abbona, integrantes del Ejecutivo durante la gestión de CFK. De esa manera queda expuesto que es una acusación política a un equipo de gobierno que buscó negociar con Irán alguna forma de avanzar en la causa AMIA. 

Las imputaciones contra los funcionarios iraníes llevaban una década e Irán no aceptaba extraditarlos, entre otras cosas porque la ley de ese país –como la de muchos otros– impide la extradición de sus nacionales. Tampoco la ley argentina permitía, ni permite todavía, el juicio en ausencia, algo que ni siquiera se intentó contra los represores de la última dictadura. Dado que Irán no extraditaba y la Argentina no podía juzgar sin los iraníes presentes, el gobierno de CFK buscó un acuerdo para hacer un juicio en un tercer país, como en el caso del atentado de Lockerbie, o, finalmente, para que se tome declaración a los iraníes en Teherán. La negociación fue casi pública, anunciada en las Naciones Unidas, pero para las derechas argentina, norteamericana e israelí negociar con Irán era mala palabra. Aún así, las principales potencias del mundo –Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido– firmaron también su memorándum con Teherán sobre una limitación del desarrollo nuclear iraní. Donald Trump está a punto de desconocer ese tratado y, en sintonía con esa jugada de la derecha internacional, en la Argentina intentan condenar a quienes trataron de lograr un acuerdo para avanzar en la causa del atentado. 

Los otros llamados a indagatoria de ayer fueron para cuatro personas que no tuvieron la menor incidencia en el Memorándum pero a los que se trata de presentar como los artífices. A Allan Bogado el fiscal Nisman lo presentó como un supuesto espía. En realidad no tenía ninguna relación con la ex SIDE y todo lo que aparece diciendo en las escuchas es trucho. Por ejemplo, menciona que estuvo en las negociaciones en Zurich y en Estados Unidos, pero Migraciones demostró que nunca salió del país. Fernando Esteche y Lus D’Elía fueron presentados como creadores de la idea del memorándum, pero la documentación demostró que la propuesta original vino de Interpol y que ellos no tuvieron la menor incidencia. Este diario ya publicó las evidencias de la propuesta inicial que se cursó a través de Interpol y que incluía desconocer las acusaciones contra Irán, algo que los gobiernos de Néstor y Cristina rechazaron. D’Elía y Esteche siempre hicieron públicas sus simpatías con la defensa de Irán y en algún momento de los diálogos telefónicos hicieron alarde de sus contactos en la administración Kirchner. Sin embargo, nunca se concretó absolutamente nada. Por último, también hubo llamado a indagatoria para el diputado Andrés Larroque, que dialogaba con D’Elía y Esteche, pero que tampoco tuvo incidencia en el Memorándum y Jorge Yussuf Khalil, referente de la comunidad chiita en la Argentina, sin la menor llegada ni influencia en el gobierno de Cristina.  

 Es llamativo no sólo quienes fueron citados, sino también quienes fueron omitidos:

  • Susana Ruiz Cerruti, imputada por el fiscal Gerardo Pollicita. La ex referente jurídica de la Cancillería participó de todas las reuniones con los funcionarios iraníes y fue a defender el Memorándum al Congreso. 
  • Holger Martinsen, también imputado por el fiscal, fue el número dos de la estructura legal de la Cancillería. También participó de todo el proceso y defendió el Memorándum en la justicia. 
  • El ex juez Héctor Yrimia. Nisman lo acusó de ser el vínculo con Khalil, el representante de la comunidad chiita en la Argentina. El fallecido fiscal sostuvo que Yrimia fue otro de los supuestos armadores de la estrategia del Memorándum. 

Todo indica que los tres podrían se usados en contra del gobierno anterior, como una especie de arrepentidos. Pero lo curioso es que si ellos no cometieron ningún delito, tampoco lo hicieron los demás imputados. 

El juez debe definir entre dos delitos. Por un lado, está la acusación por traición a la Patria, no basada en pactar con un país enemigo, sino en auto-adjudicarse la suma del poder. Esta es exactamente la misma acusación que se formuló contra Juan Domingo Perón en 1955 y por la cual se condenó a los peronistas durante la llamada Revolución Libertadora. La otra alternativa es el delito de encubrimiento del atentado contra la AMIA, aunque el Memorándum se firmó para avanzar en la causa y, para colmo, nunca entró en vigencia porque el supuesto beneficiario, Irán, no lo aprobó en su congreso ni manifestó disposición a entregar la carta de aceptación del tratado.  

 En rigor, el expediente busca castigar una política internacional no alineada con los poderosos del mundo. El precedente es peligroso: tal vez mañana estén en el banquillo de los acusados los que acordaron con los fondos buitre o los que, por hacer girar la política exterior alrededor de la Casa Blanca de Trump, mantuvieron en el freezer la causa AMIA por otra década más.

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