La ley que prorroga la suspensión por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados. Sin embargo, los representantes aborígenes se retiraron molestos porque Cambiemos aseguró que el proyecto recién será llevado al recinto una vez que transcurran las elecciones legislativas. El problema es que la actual norma, la 26.160, tiene una fecha de vencimiento, el 23 de noviembre próximo, y las organizaciones de los pueblos originarios temen que no se llegue a tiempo.

Si bien la totalidad de los diputados que participaron del plenario de comisiones de Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda; y Población y Desarrollo Humano se expresaron a favor de la prórroga, lo cierto es que los macristas no se mostraron entusiasmados por llamar a una sesión antes de los comicios y los representantes indígenas allí presentes hicieron escuchar su desacuerdo. En rigor, Cambiemos tiene la presidencia de la Cámara baja y por ende controla la agenda parlamentaria. 

El proyecto ya cuenta con la aprobación del Senado y prevé la suspensión de desalojos por cuatro años hasta que se termine el relevamiento catastral que le corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La ley tiene ya una vigencia de 11 años pero se fue prorrogando ante la no finalización del relevamiento que debía hacer el INAI.

La problemática de la tenencia de las tierras de las comunidades originarias no es nueva pero se agudizó a partir de las protestas del pueblo mapuche en la Patagonia y, sobre todo, luego de la desaparición de Santiago Maldonado, quien acompañaba a los mapuches en el reclamo.

“La prórroga es importante en esta etapa donde vemos que hay una avanzada del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en beneficio de los terratenientes y en contra los pueblos originarios”, sostuvo Pablo López (Partido Obrero), y agregó que la sanción del proyecto “va a servir para ganar tiempo en la lucha y evitar los desalojos”. En tanto, Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, recordó que “hace más de un año” su bloque planteó la necesidad de la prórroga, y pidió que el oficialismo “defina rápidamente la fecha de la sesión” para votar la iniciativa, que en el Senado fue aprobada por unanimidad.

Mientras los diputados debatieron, delegaciones de las comunidades se manifestaban en la puerta del Congreso. Según consignó Télam, advirtieron que de no sancionarse en tiempo y forma la prórroga las autoridades de las distintas comunidades “tomarán medidas más drásticas de protesta en defensa de nuestro territorio”.

En paralelo, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) reclamaron la “imprescindible” sanción de la prórroga para evitar lo que definieron como “el porfiado despojo y expulsión de sus territorios” de los pueblos originarios.

En un comunicado, las dos instituciones se manifestaron también en contra de la demonización de los mapuches, al señalar que “nos lastima el recrudecimiento de la mentalidad colonial que estigmatiza al pueblo mapuche en particular, y en ellos, a todos los pueblos indígenas del país. Con dolor seguimos constatando los altos niveles de ignorancia, discriminación y xenofobia existentes en la sociedad en general, que reflejan una imagen cruda y negativa de los pueblos indígenas, sobre todo expresados en ciertos medios masivos de comunicación”.