El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que en los próximos días pedirá "licencia" a la Asamblea Legislativa para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en febrero, facilitada por un polémico fallo judicial cuestionado por la oposición.

"En aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente", dijo Bukele anoche a sus ministros en una reunión transmitida en cadena de radio y televisión.

Mensaje a los ministros

Ante su licencia, instó a sus ministros a que "se pongan las pilas" y trabajen, tras advertir que habrá una evaluación para que puedan continuar en un eventual segundo mandato. "Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel", se jactó.

Bukele le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado, presente en la reunión, que investigue a todos los ministros. "Yo le quiero pedir al fiscal en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso", enfatizó.

La cuestionada reelección de Bukele

La Sala Constitucional, mediante una interpretación de la Constitución, habilitó a Bukele en septiembre de 2021 para buscar la reelección, lo que generó una fuerte polémica porque juristas y opositores consideran que es "inconstitucional".

El poder de Bukele se consolidó ese año, cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo mayoría en el Congreso que le allanó el camino para destituir y reemplazar a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

La guerra a las pandillas

Tras romper el bipartidismo de izquierda y derecha en 2019, este empresario ultraliberal de la generación millennial cuenta con el respaldo de 90% de la ciudadanía, según varias encuestas, en gran parte por su controvertido accionar contra las pandillas.

Bukele, de 42 años, le declaró desde marzo de 2022 una guerra a las pandillas, con lo cual el país recuperó la tranquilidad, pero a costa de haber recibido duras críticas de parte de la oposición y de organismos de derechos humanos por abusos carcelarios.

Amparado en un régimen de excepción que es criticado por grupos humanitarios, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.