Desde Roma
El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Roma Tre de la capital italiana, realizó este lunes una conferencia sobre “Procesos penales y Derechos Humanos entre Italia y Argentina” haciendo un balance de los juicios realizados en Roma contra militares responsables del asesinato de ciudadanos italianos y de otros países durante la dictadura comenzada en 1976 y concluida en 1983.
El encuentro contó con la participación del embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, que esta semana está regresando a Buenos Aires para dejar su cargo, ante la asunción de Javier Milei como nuevo presidente. También participaron la directora del Departamento de Ciencias Políticas, la profesora Emilia Fiandra, la profesora de Historia de América latina y organizadora del evento, Laura Fotia, los abogados de familiares de desparecidos Arturo Salerni y Marta Lucisano, y Jorge Iturburu, presidente de la organización “24marzo Onlus”, que ha luchado durante años para la realización de todos estos procesos y cuyo trabajo destacó el embajador Carlés durante la conferencia.
“Es un gran placer para mí estar presente en este seminario, que es mi último acto como embajador argentino en Italia porque dentro de algunas horas ya no lo seré -dijo Carlés-. Me da gusto que este último acto de mi gestión como embajador sea de defensa, de defensa de la memoria, de los procesos por la memoria, verdad y justicia que se han desarrollado en Argentina”.
Argentina está viviendo un momento “muy particular y aunque no sabemos exactamente lo que sucederá, se está abriendo un nuevo periodo histórico”, añadió, destacando que, ante los discursos negacionistas durante la campaña electoral y las personas que formarán parte del nuevo gobierno, hay motivos “para tener un poco de miedo por lo que pueda pasar tanto al movimiento de Memoria, Verdad y Justicia como al futuro de las personas que ya han sido juzgadas y hoy están cumpliendo penas”, ya que podría promoverse la impunidad.
Sobre los juicios por delitos de la dictadura, Carlés dijo a Página/12: “Estamos satisfechos con la marcha de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Italia -comentó-. En estos años hemos tenido avances importantes, en parte por cambios en la legislación italiana, como la tipificación en 2017 del delito de tortura, pero sobre todo por las acciones que hemos impulsado desde la embajada”.
El embajador se refirió en particular al caso del cura Franco Reverberi Boschi, capellán militar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en Mendoza, durante la dictadura. Reverberi está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Casa Departamental de San Rafael y será extraditado a Argentina para ser juzgado, después de haber escapado a Italia en 2011 dado que tenía doble nacionalidad. “Hemos logrado que los más altos tribunales italianos reconozcan la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad en un proceso de extradición como el de Reverberi, lo cual no solo es relevante para el caso sino que sienta un precedente importantísimo”, destacó. Y sobre el fin de su misión como embajador, dijo que tanto él como la embajada están conformes con los “resultados obtenidos” pese a que “las condiciones no fueron las mejores”. “Dejamos una red de vínculos muy consolidados, con todos los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil. En el campo empresarial y de las finanzas y en el mundo de la cultura”.
La incertidumbre
La incertidumbre sobre qué pasará en el país con el gobierno de Milei estuvo presente en el seminario. “Seguramente hay que esperar que el nuevo presidente asuma el poder para entender cómo se moverá -dijo a este diario la profesora Laura Fotia-. El nuevo presidente ha hecho declaraciones muy preocupantes sobre los crímenes de lesa humanidad, casi al límite del negacionismo. No tiene la mayoría en el Congreso por lo cual hay que ver cómo se moverá con sus aliados”.
En cuanto a la influencia que puedan tener en el futuro los procesos contra militares latinoamericanos en Italia, Fotia destacó que seguirán teniendo un peso “porque lo han tenido no sólo para la Argentina sino para otros países del mundo que los toman como modelo, precisamente porque se han procesado crímenes internacionales a nivel extraterritorial, es decir fuera del Estado donde fueron cometidos. Es un ejemplo importante que no se puede ignorar”, concluyó.
Para Jorge Iturburu, presidente de “24marzo Onlus”, Argentina “es un país democrático, es un país complejo pero hay distintas instituciones que van a seguir trabajando” sobre derechos humanos y contra los crímenes de la dictadura. “Tal vez no se pueda trabajar en este sentido a nivel nacional pero sí en las provincias. Milei no tiene ningún gobernador. Los organismos no gubernamentales, además, no dependen del gobierno y van a seguir trabajando”, dijo a Página/12.
Y en cuanto a la extradición de Reverberi Boschi que algunos se preguntan si se concretará, Iturburu destacó que “se cumplirá, porque es una decisión del gobierno italiano. Si lo juzgan o no en Argentina se verá. De todas maneras hay que destacar que la magistratura es independiente del gobierno. Podrían cambiar todo elaborando una ley, pero hacer una ley no es algo rápido”. “Algunas cosas cambiarán -añadió- pero lo que es no gubernamental seguirá igual, lo que es federal dependerá de las distintas gobernaciones. Las universidades, por ejemplo, son autónomas, por lo cual se podrá trabajar con las universidades, con las organizaciones no gubernametales y con algunos gobiernos provinciales y algunas municipalidades”.
Plan Cóndor
En una síntesis de los juicios hechos en Italia por delitos de lesa humanidad cometidos en América Latina contra ciudadanos italianos y otros, el abogado Arturo Salerni, defensor de numerosos familiares de desaparecidos, subrayó en particular el “importante proceso contra los creadores del Plan Cóndor y los ejecutores de delitos cometidos en distintos países con la colaboración de los aparatos represivos”. El proceso comenzó en 2015 por 43 víctimas, 23 de origen italiano (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos), y 20 uruguayos, y concluyó en julio de 2021, emitiendo 14 condenas a prisión perpetua. El Plan Cóndor fue elaborado por los servicios secretos del dictador chileno Auguto Pinochet en torno al 1975. Y luego extendido a otros países como Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, entre otros. Entre ellos colaboraban para secuestrar a los llamados “subversivos” porque se oponían a las dictaduras, y trasladarlos y hacerlos desaparecer secretamente en otros países asociados en el plan.
Salerni precisó además que el proceso contra el oficial uruguayo Nestor Troccoli, actualmente detenido en Italia, está en marcha. La primera audiencia se hizo en febrero de 2023. A Troccoli se le atribuye la muerte de tres personas, un argentino, una uruguaya y una italiana. Por otra parte, está por comenzar otro juicio contra el militar argentino Juan Carlos Malatto, al que se acusa de al menos ocho homicidios además de secuestros y torturas. Malatto, teniendo ciudadanía argentina e italiana, también escapó a Italia en 2011. Era miembro de la Gendarmería, en el RIM22 de San Juan.
