"Estoy segura de que tenemos varias preguntas sobre Argentina". De esta manera habilitó irónicamente en su tradicional conferencia quincenal la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, una catarata de preguntas acerca del futuro del acuerdo con el Fondo en el marco del recambio presidencial de Argentina.

"¿Han hablado con las autoridades argentinas sobre cambiar algunos objetivos del acuerdo? ¿Cuáles podrían ser las nuevas metas de déficit fiscal, tasas de cambio, régimen monetario?", comenzaron los periodistas. "¿Hay detalles sobre la revisión de noviembre? ¿Va a ocurrir en diciembre? Porque hay pagos pendientes a fin de mes, ¿o los están dejando para el próximo año?". Continuaban las preguntas: "¿Hubo alguna señal sobre si el equipo de Javier Milei mantendrá el programa actual o comenzará desde cero con uno nuevo, diferente al que el gobierno de Alberto Fernández firmó con el FMI? ¿Nos puede contar con un poco más de detalles  lo que surgió de la reunión con la nueva administración?"

La deuda de 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri tomó en 2018 posicionó al FMI como un actor político protagonista, presente en cada medida de política económica que decida tomar el gobierno de turno: subir la tasa de interés, devaluar, aplicar un dólar diferencial a algún sector, eliminar subsidios a los servicios,  planes sociales y hasta modificar la edad jubilatoria. No sorprende que el recambio de gobierno ponga especial ojo sobre la relación con el organismo.

Formalidad

En los hechos, desde que Javier Milei fue elegido por el 56 por ciento de los las argentinas como presidente de la Nación, las señales del Fondo han sido, hasta ahora, las habituales: comunicados (en on o en off) formales dando apoyo al nuevo gobierno y con consignas muy amplias sin mucho contenido. 

"No voy a especular", resumió Kozack intentando abordar todas las preguntas juntas, "excepto para decir que estamos comprometidos con las autoridades. Las interacciones virtuales han continuado y el  enfoque está puesto hoy en un plan de estabilización sólido, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera efectiva los desafíos del país".

Al otro día del triunfo electoral del 20 de noviembre, la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva saludó por Twitter al presidente electo, e informó que contactaron al equipo para comenzar a negociar. Una semana más tarde, Milei viajó a Estados Unidos junto con quien será su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y su jefe de gabinete Nicolas Posse. Los dos funcionarios se reunieron en Washington con la Directora Gerente, Gita Gopinath, para "comprender mejor los planes de las autoridades entrantes, para restaurar urgentemente la estabilidad macroeconómica, así como sus planes de reformas para impulsar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Argentina", explicaron desde el FMI. 

Todas las declaraciones hablan de apoyo a las autoridades y la necesidad de un plan de estabilización. Por más mensajes subliminales que los medios (y hasta los propios protagonistas) quieran encontrarle, lo cierto es que fueron mera formalidad. Incluso sobre el Fondo de Resiliencia, a los que la propia Georgieva había declarado ante la agencia Reuters que Argentina podría ser candidata.  Lo cierto es que el instrumento que pretende ayudar a los países de bajo ingreso y de ingreso mediano vulnerables a abordar problemas estructurales a más largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, como el cambio climático y las pandemias comenzó en mayo de este año, y Argentina ya sonaba como posible receptor. Fue Kozack quien volvió a bajar a la tierra y ponderó primero que Argentina muestre un plan de estabilización serio y, dato no menor, respaldado políticamente.

Tachando los días

Hay dos fechas que urgen en la negociación con el FMI: la primera es el próximo 21 de diciembre, que la Argentina debe pagar alrededor de 1000 millones de dólares (687.500.000 DEG) de acuerdo al calendario de pagos del crédito Stand By que pidió en 2018 Mauricio Macri. Los próximos pagos de ese mismo acuerdo son el 9 y 16 de enero, de 1900 millones de dólares en total. 

Para hacerles frente, la gestión de Alberto Fernández tenía pautado un desembolso de alrededor de 3300 millones de dólares en diciembre, sujeto a la aprobación de la séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas que aprobó el Congreso en marzo del 2021. La revisión de las metas del tercer trimestre del año, que debía ser al final de noviembre, no se llevó a cabo. Esto no significa, sin embargo, que el acuerdo no siga vigente.

"Es mentira que el acuerdo esta caído", asegura en diálogo con PáginaI12 la investigadora y autora del libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI Noemi Brenta en respuesta a lo que se dice en muchos medios de comunicación, "hay seis de diez revisiones aprobadas, y  tocaría la séptima. En efecto es uno de los acuerdos de mayor cumplimiento con respecto las metas y condiciones". 

En el caso de querer cancelar el acuerdo, el ministro de Economía debería enviar una carta de cancelación al FMI (tal como lo hizo Martín Guzmán al comienzo del gobierno de Alberto Fernández para evitar los últimos desembolsos que quedaban pendientes del Stand By). Hoy el acuerdo "está vigente, pero no están las condiciones dadas para hacer la séptima revisión", complementa en diálogo con este diario otra fuente cercana a la negociación. 

Dado el calendario, el nuevo gobierno deberá afrontar el pago de diciembre con el organismo paralelamente a la negociación del acuerdo. Lo cierto es que ni el equipo económico de Milei ni el FMI han dado precisiones acerca de una posible misión para llevar a cabo la revisión.

De acuerdo a las consultoras que monitorean mensualmente el cumplimiento de las tres metas comprometidas con el organismo (reservas internacionales, déficit fiscal y emisión monetaria), las primeras dos se encuentran incumplidas para el tercer trimestre (es decir, la próxima revisión). "Con respecto a la meta fiscal del 3T-23, el gobierno la excedió por 297.000 millones de pesos aproximadamente. Es decir, sobrepasó el target acordado con el FMI por 13 por ciento. De no ser por la sequía la meta habría sido alcanzada y se hubiese estado aproximadamente 1.072.000 millones de pesos por debajo de lo acordado", aseguraron en la consultora PxQ.

La meta de emisión monetaria (de no emitir más de 651.400 millones de pesos a septiembre de este año), en cambio, sí de cumplió para el tercer trimestre. Las reservas internacionales netas (de disponibilidad inmediata) debían alcanzar para fin del tercer trimestre los 7200 millones de dólares. Si bien no existe un número oficial de reservas netas (sí de brutas), la consultora LCG las ubica en 11.000 millones de dólares en negativo. 

Para el pago de enero, se podría usar la cláusula que permite agrupar todos los pagos al último día del mes, y ganar algo de tiempo para negociar.

No rompan todo

En el debate por la posible continuidad o renegociación de la deuda con el FMI es importante recuperar la Ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda publica en moneda extranjera que el entonces ministro de Economía Martin Guzmán envió al Congreso previo a la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas que sacó para pagar el Stand By. 

La iniciativa establece que los acuerdos con el FMI y organismos internacionales (ya sea nuevos acuerdos como refinanciamientos) deben ser aprobados por el Congreso. La ley prohíbe destinar esos préstamos a gastos primarios corrientes (es decir, aquellos que no tienen como contrapartida una creación de activos como los gastos de capital). "Hoy el marco legal para renegociar el acuerdo implicar ir al Congreso: ya sea para aprobar o suspender esa ley", asegura en diálogo con PáginaI12 una fuente cercana a las negociaciones de aquel entonces, "y vamos a estar todos mirando a ver qué hacen". 

“Yo esperaría, sin información pero conociendo el paño, que no firmen un nuevo acuerdo sino que mantengan el mismo programa. Que agrupen los pagos de enero hasta el último día del mes, y para el 31 de enero llegar a un acuerdo del revisión con aprobación del directorio para evitar la mora”, aseguró a este diario esta misma fuente.

La doctora en Economía Mercedes D'Alessandro, complementa: "El FMI tiene en Milei un aliado para llevar adelante un programa más ambicioso en términos de ajuste y restricción del Estado para invertir en gasto social, obra pública, y hasta un recorte mayor que el que pide el FMI. No deberíamos alertarnos por un default en este frente".