La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó al Estado peruano que adopte “medidas urgentes” para garantizar el acceso a la Justicia y la reparación de las personas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La CIDH “toma nota de la decisión de sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el Auto de Apertura de Instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en contexto de graves violaciones de derechos humanos”, avisó la organización.
Y advirtió que “preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas”.
“La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la Justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”, concluyó, según mensaje publicado en la cuenta de la red X (antes Twitter) de la Comisión.}
Unas 8.000 mujeres formaron parte del maratónico proceso judicial que se seguía contra Fujimori, iniciado en 2021, apenas un año después de la salida del poder del dictador.
Las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 30.000 personas fueron sometidas a esta práctica de control de la natalidad, sin previa consulta, pero el Ministerio de Salud ubica esa cifra entre 270.000 y 300.000.La política de esterilización masiva fue aplicada en la última parte del gobierno de Fujimori para reducir el número de nacimientos en las clases pobres, en especial entre campesinos quechuahablantes de provincias andinas, aunque también hubo casos en Lima y otras zonas.
Teóricamente siempre se debía tener autorización, pero los testimonios y las investigaciones dan cuenta de que, en un porcentaje imposible de precisar, el personal médico recurrió a engaños, presiones o simplemente a la fuerza.
